viernes. 29.03.2024
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Foto: Europapress

@jgonzalezok / Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en la tarde-noche de este lunes, 19 de enero, en repudio por la muerte sospechosa del fiscal Alberto Nisman, que el pasado miércoles había hecho graves denuncias contra Cristina Fernández y otros miembros del gobierno, al considerar que se fraguó un plan para encubrir el atentado contra la AMIA (85 muertos, 1991). El fiscal habló de un “plan criminal” para sacar de la causa a los iraníes acusados por la justicia.

Nisman fue encontrado muerto en su apartamento, en el baño de su cuarto, con un disparo en la sien de un arma calibre 22. Fue la madre la que abrió la puerta del apartamento, después de que los custodios (tenía asignados diez efectivos de la policía federal) no recibieran respuesta cuando fueron a buscarlo el domingo, según las instrucciones que habían recibido del propio fiscal. Lo habían dejado en su casa el viernes y en todo el sábado no había salido. Sobre su escritorio estaba la documentación que iba a presentar este lunes en el Congreso, en una comparecencia que había levantado una gran expectativa, dada la gravedad de las acusaciones.

La fiscal Viviana Fein informó que la causa está caratulada como “muerte dudosa” y que se investigará si fue inducido a suicidarse. Aseguró que no habría habido intervención de terceras personas, lo que no descarta que esa resolución “podría haber sido tomada por otro tipo de circunstancias”. Confirmó que el cuerpo no presentaba signos de golpes, y que faltaría por hacer un examen toxicológico del cuerpo. El arma que se encontró no era propiedad del fiscal Nisman, pero según la fiscal se la podría haber prestado un amigo.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue uno de los primeros en instalar la idea del suicidio: “en criminalística, no estoy hablando de este caso en especial, pero cuando usted tiene un cuerpo, un arma y un casquillo, todos los caminos conducen al suicidio”. Pero las sospechas se disparan y los servicios de inteligencia están en la mira.

“Pocas cosas han golpeado con tanta dureza a la democracia argentina recuperada en 1983 como la muerte de Nisman, dijo el titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. La repercusión de la muerte va más allá de la Argentina. Israel y EEUU están especialmente interesados en el caso del atentado contra la AMIA. En Washington, la legisladora republicana Ileana Ros Lehtinen, dijo que, bajo estas misteriosas circunstancias, urjo que una entidad independiente, transparente y neutral, haga una investigación exhaustiva”. Y recordó que la presidente argentina, Cristina Fernández, negó que el fiscal Nisman viajara a EEUU a testificar frente al congreso sobre el caso AMIA.

El informe que se conoció el pasado miércoles identificaba a varias personas en el supuesto plan para encubrir a los iraníes, desde la presidente y el ministro de Exteriores, al diputado Larroque. Pero también hablaba de varios agentes de inteligencia cuyos nombres el fiscal no desveló, por impedimento legal. No obstante, el gobierno autorizó ahora a desclasificar los archivos de los servicios de inteligencia relativos al caso AMIA, y por tanto los nombres.

Sobre el posible suicido del fiscal, los expertos ya han adelantado sus dudas. Elsa Wolfberg, de la Asociación Psiquiátrica Argentina (APA), afirmó: “suena inverosímil que se haya suicidado después de haber tomado la decisión de enfrentar con información incendiaria a los factores de poder. Aparentemente, no hay relación de causa y consecuencia”. Y añadió que el fiscal no parece haber sido una persona depresiva, apática o desmotivada, tampoco un psicótico, algo improbable por la trayectoria profesional.

Desde que dio a conocer su acusación, causando un gran terremoto político, el fiscal apareció en numerosos medios de comunicación dando detalles de la misma. Se le vio en toda ocasión con fuerza y determinación de seguir adelante. Ante un comunicado del ministro de Exteriores, Héctor Timerman, había respondido que “el imputado Timerman podría exponer sus posiciones ante la justicia.

Un colega del fiscal muerto le había ofrecido una caja de seguridad para resguardar los 330 CD con escuchas telefónicas y otros documentos, fuera de la ofician de la Unidad AMIA. La oferta no carece de sentido. No hace mucho, el ministro de Justicia, Julio Alak, reconoció que “hay pruebas que se pierden”, en referencia a documentos importantes en una de las causas por corrupción que involucran al vicepresidente, Amado Boudou. Además, hay que tener en cuenta que en el caso están involucrados, con algunos de sus agentes imputados, los servicios de seguridad

El encuentro en la Comisión de Legislación Penal que iba a escuchar a Nisman en el Congreso de reunió igual, y empezó con un homenaje al fiscal. Luego se leyó un comunicado en el que se reclama que se preserven las pruebas. No acudieron, sin embargo, los diputados kirchneristas, aunque tampoco lo hicieron algunos otros bloques opositores. El FA-UNEN hizo una conferencia de prensa en la que se denunció el silencio de la presidente y se pidió que el gobierno se abstenga de cualquier ingerencia en el caso. Julio Cobos pidió un per saltum y que el caso sea asumido directamente por la Corte Suprema. El presidente de dicha Corte, Ricardo Lorenzetti se interesó personalmente por la investigación del hecho y por la autopsia.

El juez federal Ariel Lijo, que estaba de vacaciones, regresó anticipadamente para hacerse cargo de la causa. Y se habilitó la feria judicial para tratar las denuncias de Nisman. Hasta el 31 de enero, de forma provisional, será reemplazado por el fiscal Alberto Gentili. La Procuradora General, Gils Carbó, deberá nombrar antes al sucesor

En su primera aparición pública tras la muerte de Nisman, el canciller Timerman, que había hecho una declaración negando todas las acusaciones y en la que tachó de mentiroso al fiscal, guardó silencio sobre el tema. Solo dijo al pasar, al llegar a Nueva York: “lamento la muerte de este señor (sic)”. La presidenta no ha querido hacer de momento un pronunciamiento público pero a través de un comunicado asegura que la muerte del fiscal responde a una “trama sórdida”.

La gravedad política e institucional de este hecho está fuera de toda duda. La investigación del fiscal Nisman había apuntado a lo más alto del poder. Las características mafiosas de esta muerte apuntan también a los servicios secretos, cuya jefatura había sido recientemente reestructurada. El gobierno había descargado estos días toda su artillería contra Jaime Stiusso, su jefe de Operaciones, aunque llevaba en el cargo desde la llegada del kirchnerismo al poder.

Nisman llevaba trabajando desde 1997 en la investigación del mayor atentado que sufrió la Argentina. En el 2004 había quedado al frente de la fiscalía especial creada para investigar el atentado. El 25 de octubre de 2006 acusó formalmente a Irán de la preparación del mismo y al grupo libanés aliado, Hezbolláh, de su ejecución. En ese momento ya presentó una lista con acusados iraníes, que forman parte de los más altos niveles del gobierno. Las relaciones con el gobierno kirchnerista fluctuaron de acuerdo a los intereses políticos del gobierno. Cuando se firmó el memorando con Irán se opuso. Y el 14 de enero del 2015 acusó a la presidente, al ministro de RREE, Héctor Timerman, al diputado y dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque, a Luis D´Elía, y Fernando Esteche, personajes ligados al gobierno, además de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia. El gobierno había decidido encubrir a los iraníes a cambio de negocios: petróleo por granos, carne y armas.

Conmoción en Argentina por la muerte del fiscal que denunció a la presidenta