lunes 23.09.2019
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Se confirmó el peor escenario para el vicepresidente argentino

La justicia decide procesarlo y le imputa graves casos de corrupción.

El vicepresidente argentino, Amado Boudou.
El vicepresidente argentino, Amado Boudou.

@jgonzalezok | Lo que hasta ahora eran denuncias, sobre todo periodísticas, se ha convertido en una acusación formal contra el vicepresidente argentino, Amado Boudou. El fallo de 333 páginas del juez Ariel Lijo, que ordena su procesamiento, es letal para el todavía vicepresidente. Con argumentos contundentes, lo acusa de cohecho, violación de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos.

El caso es conocido como el escándalo Ciccone, por el nombre de una imprenta de la que se habrían apoderado el vicepresidente y su socio, José María Núñez Carmona, después de una serie de maniobras. La imprenta, que imprime billetes de banco, entre otros documentos, fue nacionalizada después de que se desató el escándalo. Ciccone, además, había pasado a fabricar moneda después de que el gobierno dejara languidecer la Casa de la Moneda.

La compra de la empresa la hizo un desconocido fondo –The Old Fund-, al frente del cual estaba el presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, al que el vicepresidente asegura no conocer. Pero los indicios se acumulan –casualidades, dice Boudou- y el juez no parece tener dudas. El papel como testaferro de Vandenbroele estaría acreditado por su evolución patrimonial. Boudou y su socio y amigo de toda la vida, José María Núñez Carmona, multiplicaron su patrimonio de forma inexplicable, contrariamente a lo que sucedía con el testaferro.

En el caso de la familia Ciccone, se los procesa por haber cedido el 70 % de las acciones de la compañía a cambio de las gestiones oficiales para que se le levantara el quiebre de la empresa, la aprobación de un plan de pagos con Hacienda sumamente favorable y la futura contratación con el Estado para la fabricación de billetes de curso legal.

El seguimiento de las llamadas telefónicas entre los principales protagonistas del caso fue clave para atar cabos. En una de las secuencias, poco antes de completarse la compra de las acciones de Ciccone, se pudo establecer que, en menos de media hora, hubo llamadas entre los teléfonos de la novia de Boudou, de Núñez Carmona, de Vandenbroele y de los Ciccone.

El juez también considera probado que todo comenzó con una supuesta labor de asesoría de The Old Fund  a la provincia de Formosa, para reestructurar su deuda con el estado central. Cobraron más de 7 millones de pesos, siendo ese su primer trabajo, sin antecedentes en la materia, con solo una empleada y sin que estuviera acreditada la necesidad de recurrir a un tercero para este tipo de negociaciones.

En la documentación en manos del juez hay también viajes, facturas y otras pruebas que involucran al vicepresidente, aunque su defensa insiste en que el magistrado se ha basado más en dichos que en pruebas concretas.

Además del vicepresidente, el juez dictó el procesamiento de José María Núñez Carmona, el socio de Boudou, el testaferro Alejandro Vandenbroele, dos miembros de la familia propietaria de la empresa Ciccone y un ex jefe de asesores de la AFIP, la agencia tributaria argentina.

La contundencia de las acusaciones supone un importante golpe político al gobierno de Cristina Fernández, que durante meses trató de desacreditar las denuncias como una simple persecución mediática. Y se produce en un momento de suma debilidad, como consecuencia de los reveses judiciales por el caso de los fondos buitre y la amenaza del default o suspensión de pagos.

La oposición ya ha pedido que Boudou se aleje del cargo, bien mediante su renuncia o pidiendo una licencia temporal. Al ser también presidente del Senado, hay legisladores que dijeron que no es posible que vuelva a presidir una sesión de la cámara alta. También que no puede seguir representando a la Argentina en viajes al exterior, como hace con frecuencia, sobre todo en los últimos tiempos. Y, mucho menos, asumir la primera magistratura cuando la que viaja es la presidente.

De hecho, Boudou está ahora mismo en una gira por Cuba y Panamá y no se espera su regreso sino hasta el 4 de julio. Además retrasó hasta el día 16 de julio la anunciada comparecencia del jefe de Gabinete en el Senado, Jorge Capitanich, para dar su informe de gestión.  

El abogado del vicepresidente anunció que apelará ante la Cámara Federal. Acusó al juez de animosidad y añadió: “lo jurídico aquí no le interesa a nadie”. Según la defensa de Boudou, el juez no fundó su decisión en pruebas de la causa, “sino que solo ha tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos”.

La defensa del vicepresidente argentino también dijo que el juez ya tenía tomada su decisión antes de escuchar la declaración de Boudou. Cuestiona que el anuncio fuera hecho “entre gallos y medianoche” –a las 22.50 horas del viernes- y asegura que se tergiversaron pruebas y testimonios a lo largo de la investigación.

Horas antes de conocerse la decisión del juez, el propio vicepresidente había pedido ampliar su primera declaración –del pasado 9 de junio- para “relatar algunas cuestiones que resultarán de interés para las investigaciones”. Ya había adelantado algo al salir del Palacio de Tribunales, tras aquella declaración. En ese momento dijo que había podido exponer sobre todos y cada uno de los puntos del expediente, pero que reservaba las cuestiones políticas para una ampliación indagatoria que pronto solicitaría a la justicia.

El fiscal del caso, Jorge Di Lello, manifestó su satisfacción por el dictamen del juez y estimó que dentro de varios meses, posiblemente en octubre, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral.

La situación política del vicepresidente parece insostenible y coloca al propio gobierno en una situación institucional sumamente grave cuando encara su tramo final. Y en un momento en que se acumulan los problemas: grave crisis de la deuda e indicadores económicos sumamente preocupantes. Hasta el momento Cristina Fernández ha decidido no soltar la mano de su vicepresidente, al que eligió en su momento en una decisión personal. Si bien no hubo en los últimos meses ninguna palabra pública de apoyo expreso de la mandataria, sí mandó a otros peones del gobierno a sostenerlo. Y sigue apareciendo en muchos de los actos públicos de Cristina Fernández, como el del pasado viernes, 20 de junio, en la ciudad de Rosario.

Pero después del procesamiento, en el entorno del gobierno hubo silencios significativos y algunas declaraciones no menos sugestivas. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, uno de los precandidatos presidenciales del kirchnerismo, afirmó: “lo mejor que puede pasar en la Argentina es que la Justicia actúe con claridad y resuelva con independencia lo que crea que es mejor”. 

Se confirmó el peor escenario para el vicepresidente argentino