viernes. 29.03.2024
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La operación es normal, el problema es el precio que se estipuló

@jgonzalezok | Los problemas de Cristina Fernández con la Justicia no son nuevos, pero se esperaba que tardaría más en ser convocada por alguna de las causas que acumuló en sus ocho años de presidencia. Solo han transcurrido dos meses y medio desde que dejó el poder y ya ha sido convocada para el próximo 13 de marzo para que declare en una causa abierta por una operación del Banco Central que ha provocado pérdidas millonarias a la entidad.

Se trata de la venta de dólares a futuro, llevada a cabo en los últimos meses de su mandato. La operación es normal, el problema es el precio que se estipuló. El Banco Central vendió dólares a futuro a 10,65 pesos, cuando en el mercado de Nueva York se pagaba 15 pesos. Esto permitió que los compradores ganaran de un día para otro, de forma especulativa, un 50 %.

Banco-Central-Argentino-suspende-transferencias-de-HSBC-al-exteriorLa operatoria del Banco Central se produjo cuando en el país regía un cepo al dólar, existiendo un mercado paralelo en el que la cotización llegó a ser hasta un 60 % superior al oficial. La firme postura del gobierno de oponerse a una devaluación, como aconsejaba el sentido común, está detrás de la controvertida medida.

Los parlamentarios Mario Negri y Federico Pinedo, del actual oficialismo, hicieron la pertinente denuncia judicial. “La maniobra tenía por objeto sostener, sin medir consecuencias, un relato preelectoral”, dijo Negri. El otro denunciante, Federico Pinedo, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que afirmó: “Por la operatoria de dólar futuro se podía comprar a 10 y vender a 15 al día siguiente. Costó a la Argentina 50.000 millones (de dólares)”.

A pesar de la supuesta independencia del Banco Central, el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, entendió que cabe una responsabilidad de la ex presidente. Y puso como ejemplo el cese fulminante de dos de los titulares –Martín Redrado y Juan Carlos Fábrega-, una decisión personal de Cristina Fernández. 

Al igual que la ex presidente, también deberán prestar declaración el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y otras antiguas autoridades del banco.

Cristina Fernández dejó Buenos Aires el mismo día que asumía su sucesor, Mauricio Macri. Y desde entonces reparte sus días entre Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, y la localidad turística de El Calafate, en la misma provincia. Desde allí sigue repartiendo órdenes a dirigentes políticos que responden a su liderazgo, aunque parte del peronismo decidió pasar la página y enterrar al kirchnerismo.

Su núcleo más fiel, sin embargo, reaccionó de inmediato ante la convocatoria judicial. Y han lanzado un llamamiento para movilizarse ante el Palacio de Tribunales el día que comparezca la ex presidente. Martín Sabatella, por ejemplo, escribió: “Si la citan a Ella, nos citan a todos. El 13/4 vamos a tribunales”.

El dirigente piquetero Luis D´Elía afirmó que si Cristina caía presa, “habrá un nuevo 17 de octubre”, en referencia a la movilización del 17 de octubre de 1945, que dio origen al peronismo. Y añadió: “haremos tronar el escarmiento”, una frase que hace décadas había pronunciado el propio Perón dirigida a sus opositores.

Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita consideró como un “disparate mayúsculo” la decisión del juez Claudio Bonadio de pedir la declaración de la ex presidente. “De Bonadio no me sorprende nada, es un juez previsible, que está enojado con el peronismo y el kirchnerismo y quiere congraciarse con Macri”, señaló.

Bonadio, que se declara “peronista desde los 15 años”, tuvo graves problemas con el gobierno de Cristina Fernández, siendo apartado de una de las causas que investigaban a la familia presidencial por sus negocios hoteleros. La presidente, no obstante, no logró echarle de la judicatura, como era su intención.

Pero la relación del magistrado con el anterior gobierno no fue siempre mala. En 2010, la diputada ultrakirchnerista Diana Conti dijo de él en declaraciones a La Nación: “Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente, resuelve de acuerdo con sus convicciones  siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo (de la Magistratura) él nunca tuvo que presentarse a declarar”.

Pero el kirchnerismo cambiaría de idea cuando llamó a indagatoria al entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por abuso de poder. Después procesó al vicepresidente, Amado Boudou, por los papeles falsos de su coche. Y citó al portavoz presidencial, Alfredo Scoccimarro y al entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, por un anuncio televisivo contra el ahora presidente Mauricio Macri.

Pero lo que no pudo soportar Cristina Fernández fue su actuación en la causa Hotesur, antes de ser apartado. Cuando en 2014 ordenó allanar la sociedad, el senador ultrakirchnerista Marcelo Fuentes le hizo una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y el Consejo de la Magistratura le recortó el 30 % de su sueldo por presunto mal desempeño en dos viejas causas.

Sufrió el embate personal de Cristina Fernández, que lo llamó “pistolero” y “extorsionador” y le reprochó públicamente que la empresa Mansue SA, en la que figuraba como dueño del 20 %, no hubiera presentado los balances de 2012 y 2013 ante la Inspección General de Justicia. El ex diputado Roberto Feletti, fue otro de los que se sumó al ataque: “Ordenar un allanamiento de una empresa en la cual la Presidenta es parte para crear sospechas sobre su buen nombre es una actitud absolutamente golpista”.

La ex presidente tiene al menos otras 50 causas abiertas ante la Justicia. Y algunas de ellas directamente, no como responsable política. Son las que tienen que ver con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, donde sus hijos también están siendo investigados. En los últimos días también le llegaron malas noticias en la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

A pesar de que había sido desechada la denuncia contra ella del fallecido fiscal –en tiempo récord-, otro fiscal acaba de darle curso, resucitando la causa. Nisman la acusaba, al igual que a otros funcionarios y personajes ligados al kirchnerismo, de pactar con Irán para anular las acusaciones contra funcionarios del régimen islámico acusados del atentado de la mutual judía AMIA (1994, 85 muertos), a cambio de beneficios comerciales. 

Comenzó el paseo por los tribunales de Cristina Fernández