Ninguna de las dos opciones, el SÍ o el NO, podrá salir ganadora, si no obtiene al menos el voto del 13% de electores censados
El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional Colombiana dio luz verde a la celebración de un referéndum para respaldar o rechazar las condiciones de la paz negociada en La Habana –y aún no firmada- entre el Gobierno y las FARC, y a las que a partir de la primavera pasada parece que se sumará también el ELN. Un referéndum para el que quienes apoyan el proceso y quienes lo rechazan se han lanzado ya a hacer campaña. Puede ser un proceso rápido (algunos datan la fecha para finales de septiembre o primera quincena de octubre), pero que depende de que las FARC obtengan el respaldo de sus organizaciones, y de que se firme el acuerdo. A partir de la firma del acuerdo, se iniciará el período de consulta.
Ninguna de las dos opciones, el SÍ o el NO, podrá salir ganadora, si no obtiene al menos el voto del 13% de electores censados: 4,5 millones de votos. Se ha bajado el listón de los requisitos, que normalmente se plantean sobre un porcentaje mínimo de participación. No se podrá hacer campaña por la abstención o por el voto en blanco: sólo por el Sí o por el NO.
Cuatro años de conversaciones y negociación dan mucho de sí, para conocer todos los pormenores y matices de un proceso de paz, para que todas las partes hayan ido haciendo madurar entre sus allegados la necesidad de que dejen de sonar las armas y de latir la violencia, para dar paso al difícil camino de construir una estructura social y política de convivencia.
Las FARC han tenido –suponemos- que debatir con sus dirigentes en los distintos niveles. Y en algunos casos, ese debate sabemos que incluso ha sido sangriento. Hay quien sospecha que determinadas escaramuzas y hasta detenciones practicadas por el gobierno han sido consecuencia de ese debate, o ese tira y afloja. Y a partir de la pasada primavera, el ELN, que estaba al margen del proceso, pidió sumarse al mismo, cuando vio que no podía quedarse fuera.
Semejante proceso ha tenido que desarrollar el gobierno, por supuesto dentro del escalafón de las Fuerzas Armadas. Y en muchos niveles de las estructuras del Estado. E incluso dentro de las filas de los tres partidos en los que se apoyó Juan Manuel Santos para lograr su elección como presidente, tras haber sacado en la primera vuelta de las elecciones pasadas menos del 25% de los votos.
Suponemos que la aceptación del proceso ha sufrido muchos avatares en el seno de esos partidos. De ellos (Partido Liberal, Partido Social de la Unidad Nacional y Cambio Radical), tanto el Partido de la U –Partido Social de la Unidad Nacional- como Cambio Radical han tenido en el pasado congresistas y dirigentes implicados en la llamada “parapolítica”. Es decir, connivencia o complicidad con las organizaciones y estructuras de paramilitares, constituidas por sectores de la extrema derecha, con el apoyo de terratenientes y empresarios (y apoyadas en actividades de narcotráfico), tanto para desarrollar lucha armada contra las organizaciones guerrilleras, como para comprar voluntades e influencia política entre representantes y dirigentes políticos. Y es de suponer que la negociación en ese sentido ha debido conllevar determinadas compensaciones y concesiones estratégicas.
Juan Manuel Santos fue ministro de defensa con Uribe, cuya presidencia se caracterizó por un acoso muy fuerte a las guerrillas, que tuvieron que retroceder de muchos de los espacios territoriales y sociales que habían ocupado. Cuando heredó la presidencia prometió avanzar en la política empezada. Y su interpretación acerca de ese avance pasó por la apuesta de entablar una negociación. Una apuesta tras muchas que nunca llegaron a puerto: la que más cerca estuvo fue la de El Caguán, entre 1997 y 2002, promovida por el presidente Pastrana.
Desde el momento en el que, en agosto de 2012, el expresidente Uribe denunció negociaciones secretas entre el gobierno y la guerrilla, y desde que Santos confirmó en octubre la existencia de las mismas, Uribe, desde su partido Centro Democrático, y el Partido Conservador, han mantenido una permanente hostilidad hacia ese proceso. Sin que Santos haya tendido públicamente la mano a un pacto que facilitara la aceptación social del proceso negociador. Hasta el punto de que en estos momentos ambos polos –Santos y Uribe- tienen difícil la defensa de sus posiciones.
Lo tiene difícil Santos, porque se halla ante una sociedad muy conservadora, especialmente en un tema tan sensible que durante 50 años ha generado cientos de miles de víctimas. Una sociedad que se puede resistir a asumir los requerimientos de la guerrilla sobre la integración de sus componentes en territorios campesinos, de permitir a sus miembros una participación política, con representación parlamentaria desde las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, o aparecer impunes ante la sociedad… El actual presidente está obligado a poner toda la carne en el asador para obtener el sí. Recientemente reconocía en una entrevista en la BBC que si ganaba el NO se iba a sentir entre la espada y la pared, con la conclusión de su entrevistador de que si era así, tendría que dimitir.
Perder y dimitir no tendría que ser la peor de las consecuencias para un presidente que ya lleva la mitad de su segundo mandato. A no ser que se guarde algún as en la manga, y pretenda –en caso de ganar- articular un proceso de una nueva Constitución que incorpore las nuevas modalidades de representación política, que ahora llaman transitorias, y que permitan una nueva etapa constitucional en la que quizá pudiera presentarse de nuevo a la presidencia. Hace tres años ésta se contemplaba como una posibilidad, que ahora se ve como remota.
Pero Uribe también lo tiene difícil. Aunque se lo ha trabajado con fuerza en los últimos cuatro años, y sus posiciones han calado en una parte muy amplia de esa sociedad conservadora (una reciente encuesta de IPSOS daba un 50% de apoyo al NO). Sin embargo, una defensa del NO le va a hacer aparecer ante la sociedad como alguien que quiere prolongar la guerra. Y la gente está harta de violencia e inseguridad. Por mucho que él repita constantemente que si gana el NO mantendrán la mesa de negociación de La Habana, nadie puede defender con un mínimo de lógica que el fracaso de un arduo proceso de cuatro años va a contar con la paciencia de los negociadores de comenzar de nuevo. Tanto más cuanto que Uribe no presenta ninguna alternativa, más que la negación a la Paz. Y la Paz supone, sí, tragarse algunos sapos, pero también supone la entrega de las armas y el posible inicio de un nuevo proceso –muy arduo, por supuesto- de integración y reconciliación.
Por eso el expresidente César Gaviria, cuya credibilidad social sigue siendo alta, está apoyando con argumentos razonables, el SÍ al Acuerdo de Paz.
