Diversas empresas constructoras españolas han intentado enjugar en Colombia –al calor de esa fiebre de las infraestructuras- sus pérdidas de ingresos por los recortes en la inversión pública española
Colombia afronta el debate de los presupuestos de 2017 con una incertidumbre importante: la de los ingresos. La Economía colombiana -aunque ha mantenido un nivel de crecimiento superior al de otros países de su entorno geopolítico- ha ido desacelerándose paulatinamente. De un crecimiento récord del 6,6% en 2011, hasta el 3,1% de 2015, o las previsiones del FMI y de la OCDE, que acaban de situarlo para 2016 entre el 2,4 y el 2,5%. Con todo, es de los países ascendentes de Latinoamérica uno de los que mejor mantiene el tipo.
En la última década a Colombia le ha ido bien su política de exportación de materias primas. Especialmente petróleo y carbón. Entre los años 2011 y 2014 su factura exportadora de crudo ha superado los 55.000 millones de dólares anuales, llegando incluso a los 60.000 millones en 2012, y quedándose muy cerca de esa cifra en 2013.
El gobierno de Santos ha sabido aprovechar esa bonanza para lanzar una potente política de construcción de infraestructuras y de viviendas, que han dinamizado la economía interior del país, e incluso el consumo. Las Regalías, o impuestos aplicados al sector minero (incluido el petróleo), han sido una importante fuente para las inversiones públicas en la modernización del país, tanto con las asignaciones de parte de esas regalías al Estado, como con las asignaciones a los Departamentos y Municipios. Hubo una cierta euforia en iniciativas para la puesta en marcha de planes de carreteras y de autopistas; también para planes de viviendas, y para el desarrollo de proyectos que permitirían la navegabilidad estable del río Magdalena, que dispone de 950 kilómetros navegables y que afecta a 17 de los 32 departamentos de Colombia.
De hecho, diversas empresas constructoras españolas han intentado enjugar en Colombia –al calor de esa fiebre de las infraestructuras- sus pérdidas de ingresos por los recortes en la inversión pública española.
La precampaña electoral de Juan Manuel Santos a las últimas elecciones presidenciales pivotaron en buena medida en un plan masivo de viviendas sociales, que aunque no lo cumplió en su totalidad, contribuyó a dinamizar el sector local de la construcción y -¿cómo no?- a incrementar los niveles de bienestar social.
Dentro de esos planes de infraestructuras tal vez no se dio suficiente peso al ferrocarril, abandonado en Colombia desde hace varias décadas. Y hubo otros dos capítulos en los que no se han seguido unas políticas certeras de dinamización y modernización económica y tecnológica. Se trata de la industria manufacturera, cuya balanza comercial exterior sigue siendo deficitaria, y del sector agroalimentario, que no ha logrado la autosuficiencia, y que también tiene una balanza deficitaria entre exportaciones e importaciones. Junto a esto, y en la línea de modernizar y tecnificar aspectos relevantes de una importante fuente de producción y de energía, hay dos apartados en el ámbito de los hidrocarburos en los que tampoco se avanzó: el refino del petróleo, y el aprovechamiento y explotación energética del gas, que mayoritariamente se sigue empleando para ayudar, por presión, a la extracción de petróleo.
Con la caída de la demanda de materias primas, y con la bajada del precio del petróleo, los ingresos por regalías lastraron los planes expansivos del gobierno. Para hacernos una idea, basta citar que en la exportación de crudo pasaron de 54.000 millones de dólares en 2014 (ya habían caído en 4.000 millones desde el año anterior) a 35.000 millones de dólares en 2015. Y para el bienio 2016-2017 las expectativas de ingresos por regalías prevén que éstos disminuyan en un 31%.
Ante la caída de las regalías, el gobierno trata de mantener su nivel de construcción de infraestructuras a base de fomentar la participación privada con el sistema de economía público-privada. Y de hecho elaboró una ley bastante avanzada a ese respecto. Una ley que –sin embargo- no ha dado los frutos deseados, porque la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), encargada de desarrollar los proyectos, no ha actuado hasta ahora con la agilidad necesaria.
Desde sectores del gobierno colombiano –y de cara a recomponer las expectativas- se habla de una “Nueva Economía”, considerando para ésta como sectores estratégicos la industria, la agricultura y el turismo. Aunque por ahora no se están adoptando planes que impulsen de manera dinámica estos sectores. Y no parece incluirse en esta estrategia la tecnología: de hecho, en el ámbito de las TIC, ha habido en los últimos años inversiones del Estado que no han revertido en fomentar tecnologías propias, ni en inducir a los operadores extranjeros a generar transferencias de tecnología hacia partners colombianos. Por ejemplo, en todo el despliegue y operación de la red de fibra óptica.
Ahora se afronta la elaboración de los presupuestos, para el mes de septiembre, contando prácticamente con los mismos ingresos que en 2016, y sin contemplar determinados incrementos obligados de gastos para el futuro, como pueden ser los derivados de los propios Acuerdos de Paz y de las obligaciones extraordinarias que conllevan.
