@jgonzalezok / Las numerosas causas judiciales por corrupción que se iniciaron en años pasados, y que se mantenían aletargadas por presiones sobre la justicia o por la decisión de jueces y fiscales declaradamente kirchneristas, empiezan a adquirir vida propia con la aparición de arrepentidos. La convicción de que no podían perder las pasadas elecciones sorprendió al gobierno de Cristina Fernández, que no soñaba que tendría que pasar por los tribunales como imputada. Y menos, tan pronto.
Su primera comparecencia ante el juez fue por una decisión relativa a la venta de dólar futuro, decidida por el Banco Central, que provocó pérdidas millonarias al Estado. Pero los casos más preocupantes para la ex presidente y su hijo son los relativos a sus negocios hoteleros –donde ya están imputados- y los sobornos recibidos por la obra pública.
Es, precisamente, en este último caso, donde empezaron a hablar algunos arrepentidos. El más conocido es Leonardo Fariña, un hombre joven –cumplirá 30 años en octubre-, que fue quien le armó a Lázaro Báez, el socio y/o testaferro de la familia Kirchner, el entramado para el lavado de dinero obtenido gracias al sobreprecio en la obra pública. Pasó dos años en la cárcel, acusado de lavado de dinero, convirtiéndose en el primer argentino en la historia que ingresó en prisión por ese delito.
Su declaración ante Sebastián Casanello, el juez que lleva la causa conocida popularmente como La Ruta del Dinero K, le abrió la puerta para aguardar en libertad el juicio, confiando en que la montaña de datos precisos que está aportando a la justicia servirán para aliviar la pena que eventualmente le caiga.
Este pasado fin de semana concedió tres entrevistas, las primeras en su calidad de arrepentido y testigo protegido. Habló con el diario Clarín, con el canal de televisión TN –del mismo grupo- y con The Wall Street Journal. E involucró de forma directa a la familia Kirchner. Habló de un plan sistemático de saqueo de las arcas públicas utilizando particularmente la obra pública. Para ello, la familia presidencial contó con la ayuda del ministro de Planificación, Julio De Vido, el funcionario más longevo de los Kirchner, que controlaba toda la obra pública. Y también de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos). Al mismo tiempo se desactivaron todos los organismos de control, poniendo al frente de los mismos a militantes cuya misión fue encubrir las maniobras delictivas.
Entre las afirmaciones más sorprendentes de Fariña está la de que en estos 12 años de gobiernos kirchneristas, cuatro de Néstor Kirchner, ocho de Cristina Fernández, se robaron el equivalente al PBI de un año, superior a los 100.000 millones de dólares. A esa cifra llegó sumando el valor de todas las obras públicas y calculando un sobreprecio del 20 %. “Néstor es el que armó esta logística, todo el plan”, aseguró el arrepentido.
Fariña le aconsejó a Lázaro Báez que siga el mismo camino que él, colabore con la justicia y cuente todo lo que sabe, ya que la mano que espera nunca le va a llegar: “Eso nunca va a pasar, hoy es un problema para ellos, es el gran eslabón que puede terminar con esto, espero que diga lo que realmente pasó para que no les cague la vida a los hijos”. No dudó que el empresario esté recibiendo una presión fuertísima para que no involucre al anterior gobierno. Y dejó un mensaje preocupante: “Al kirchnerismo le vendría perfecto que a Lázaro le dé un ataque al corazón”.
Desde el gobierno se mantiene oficialmente la posición de no inmiscuirse en el trabajo de la justicia. Pero el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, aprovechó para mandarle un mensaje al empresario, recordándole que tanto él como su hijo Martín –cuya situación procesal es seria-, podrían también acogerse a los beneficios de la ley del arrepentido. El punto débil de Lázaro es su hijo y se cree que si el juez llegase a detenerlo se produciría un quiebre y podría hablar para salvarlo.
Fariña contó que se decidió a hablar después de que detuvieran a Lázaro Báez, el pasado cinco de abril, y cuando se dio cuenta que no iba a recibir ayuda de nadie. “En un momento, cerca de la elección (de fines del año pasado), me mandaron un emisario para decirme que me iban a ayudar a salir, y en la desesperación creés cualquier cosa”.
Considera que el silencio de Lázaro Báez no se debe a que esté actuando por lealtad hacia Cristina Fernández, sino por miedo. Afirmó que el empresario era amigo personal de Néstor Kirchner, pero no de Cristina. Y añadió que cuando el ex presidente muere, su viuda pensó que Lázaro se quedaba con todo lo que era suyo.
Calcula que Lázaro Báez tiene escondido unos 5.000 millones de dólares, en billetes físicos, y que en bancos en el exterior tendría solamente 150 millones. Apunta que ese enorme botín puede estar en la provincia de Chaco, ya que siempre tuvo miedo de que allanasen sus propiedades en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Otro que ha roto el silencio es un empresario español, Manuel Vázquez, que fue asesor de la Secretaría de Transportes, y presunto testaferro de su ex titular, Ricardo Jaime. Vázquez fue el artífice de la compra de material ferroviario a España y Portugal, que nunca se llegó a usar y fue abandonado como chatarra. Se pagaron 200 millones de euros, con una comisión de dos millones. Vázquez responsabilizó directamente a los ex presidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por la operación. “Jaime no iba al baño sin pedirle permiso a Kirchner y De Vido”, dijo el empresario español, que fue el encargado de poner en contacto a los funcionarios españoles y argentinos.
