La situación social y económica no es comparable con la que el país vivía en 2001, cuando se produjo la anterior suspensión de pagos
@jgonzalezok | Doce años después del mayor default de la historia, Argentina ha vuelto a caer en suspensión de pagos. Técnicamente es así desde la medianoche del miércoles al jueves, cuando fracasaron las negociaciones en Nueva York con los fondos buitre. El gobierno de Cristina Fernández, sin embargo, se niega a admitir esta situación, fiel a su estilo de imponer su relato.
Los representantes de los fondos buitre no admitieron las dos posibilidades que le ofrecía Argentina: entrar en una nueva reestructuración –lo que suponía quitas y una menor tasa de ganancia para los tenedores de los títulos- o que pidieran al juez Griesa una medida cautelar hasta el próximo mes de enero. Esto último permitiría pagar a los fondos buitre sin activarse una cláusula llamado Rufo (Rights Upon Future Offers), que le obligaría a pagar en las mismas condiciones a los que se acogieron al canje de deuda, en 2005 y 2010. Una disposición que vence el próximo 31 de diciembre.
Daniel Pollak, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, autor del fallo que le dio la razón a los fondos buitre, hizo público un comunicado en el que recuerda que este 30 de julio era el último día de gracia para que Argentina pagara a los acreedores, tanto a los que entraron al canje –que debían cobrar intereses- como los que reclamaron el pago del 100% de la deuda nominal.
“La República Argentina no cumplió con estas condiciones y, por tanto, estará en suspensión de pagos”, afirmó. Pollak dijo también que esta situación tendrá consecuencias penosas sobre todo para el pueblo argentino. “No se pueden prever todos los efectos, pero ciertamente no serán positivos”.
En las horas previas a este fracaso, hubo una negociación paralela de bancos privados argentinos, que ofrecían depositar una garantía o comprarle la deuda a los fondos buitre, a cambio de que el gobierno la rescatase en enero. Insólitamente, esta negociación, fue desconocida por el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, que encabezó el equipo negociador, que dijo que se había enterado por los periódicos de esta oferta.
Esto estaría indicando diferencias internas, ya que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, habrían alentado esta salida. No se descarta, en cualquier caso, que las negociaciones de los bancos puedan continuar y dar fruto, tratando de que la situación de default sea efímera. .
Los tenedores de bonos que entraron en alguno de los dos canjes -2005 y 2010- podrían ahora pedir el pago inmediato de toda la deuda, principal e intereses. Estarían habilitados para hacer una demanda judicial si un inversor o un grupo, logran reunir un 25 % de los bonos. Esto supondría cerca de 30.000 millones de dólares, cifra superior a las reservas del Banco Central.
Las críticas sobre la estrategia negociadora del gobierno han sido numerosas y se han centrado, fundamentalmente, en el ministro Kicillof. El gobierno argentino eligió siempre la confrontación, con declaraciones especialmente desafortunadas, como decir que en ningún caso se pagaría a los buitres, desconociendo anticipadamente un posible fallo adverso. Y ataques al juez, cuando estaba pendiente una sentencia.
Las consecuencias para Argentina de negociar tarde y mal ya se vieron estos días en algunos de los otros frentes abiertos. Se acaba de conocer que en el acuerdo con el Club de París, con el que Argentina mantenía otro largo contencioso, prácticamente se duplicó la cifra que se pagará respecto a la deuda original. Argentina debía 4.955 millones de dólares, pero aceptó pagar además 1.102 millones de intereses y otros 3.633 de intereses punitorios.
Estos 4.735 millones que se suman al principal se acumularon fundamentalmente en la etapa del gobierno kirchnerista, cuando oficialmente se impulsó la política del desendeudamiento y, sobre todo, cuando había muchas más reservas en el Banco Central y la situación económica era mucho más holgada que la actual.
En su lucha contra los fondos buitre, Argentina tuvo el apoyo de aliados como los países de la Unasur o el MERCOSUR, pero que se quedaron en meras declaraciones formales sin ninguna incidencia real.
La estrategia confrontativa con los fondos buitre le ha dado algún rédito político interno al gobierno. Se habla de la malvinización del conflicto, en referencia a la movida de la última dictadura al invadir en 1982 las Malvinas, que le supuso al presidente de facto, general Galtieri, un momentáneo respiro y una borrachera de poder. Los índices de popularidad de la presidente, Cristina Fernández, han registrado un leve repunte y se da por seguro que se insistirá en un relato épico.
En las últimas horas aparecieron en las calles de Buenos Aires carteles firmados por una ignota agrupación kirchnerista, con la leyenda “Ayer fue Braden o Perón, hoy es Griesa o Cristina”. Hace referencia a Spruille Braden, que en la década del 40 fue embajador norteamericano en Buenos Aires y que alentaba una coalición contraria a Perón, entonces percibido como un militar nacionalista influido por el fascismo.
La guerra con los fondos buitre desviará la atención sobre otros temas incómodos para el gobierno. Sobre todo los casos de corrupción, especialmente la situación del vicepresidente, Amado Boudou, procesado en un caso e investigado por otras denuncias. También desviará momentáneamente la atención de la grave situación económica y social.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo en Nueva York: “que se queden tranquilos los argentinos, mañana será otro día, el mundo seguirá andando”. Pero las previsiones de los expertos van por otra senda. El gobierno tiene que olvidarse de que Argentina vuelva a los mercados internacionales para tomar deuda, como parecía ser su intención, después de arreglar con Repsol, el Club de París y los juicios en el Ciadi (tribunal de arbitraje del Banco Mundial).
El riesgo-país se deteriora. Las reservas internacionales están en baja y tiene por delante una cuenta energética que requiere dólares crecientes. La presión sobre el dólar se intensificará y puede haber una nueva devaluación, con las consecuencias conocidas, fundamentalmente mayor inflación. Y esto en una economía que está en recesión.
No obstante, la situación social y económica no es comparable con la que el país vivía en 2001, cuando se produjo la anterior suspensión de pagos. En aquél momento el desempleo era masivo y una parte importante de la clase media, afectada por el corralito, pasó a engrosar las filas de la pobreza.
