martes. 19.03.2024

El secuestro y tortura de una docente argentina que realizaba tareas sociales (ollas populares) en la ciudad de Morón, se enmarca dentro de la sistemática persecución que el gobierno de Mauricio Macri ha puesto en marcha contra cualquier oposición, desde el inicio de su gestión.

Al ataque de la maestra Corina De Bonis antecedieron una serie de amenazas de muerte. Estas acciones retrotraen a la etapa más oscura del país, cuando se inició el accionar de los “grupos de tareas” para detener el legítimo reclamo de de los sectores más desfavorecidos de la Argentina.

noA Corina de Bonis le colocaron una bolsa en la cabeza y se la llevaron en un automóvil, mientras participaba de una “olla popular” frente a la escuela 801 de Morón. Sus secuestradores escribieron con un punzón "No más ollas" sobre su abdomen.

La olla popular fue la respuesta de la comunidad educativa de la escuela 801 ante el cierre del comedor, tras la decisión oficial de clausurar todas las instituciones de Moreno luego de la explosión de la escuela 49, en la que fallecieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Suteba y Ctera, (gremios de trabajadores de la educación) habían denunciado la semana pasada las primeras amenazas contra las madres, los padres y los docentes que organizaron las ollas, y la aparición de folletos que advertían que "La próxima olla popular la vas a hacer en el cementerio".  

La práctica sistemática de persecución a cualquier oposición se inició a principios de la gestión Macri, con el encarcelamiento de ex funcionarios y líderes de la oposición, algunos sin previa condena y por los mismos delitos de los cuáles está sospechado el actual presidente argentino y varios miembros de su gabinete.



El gobierno de Mauricio Macries el heredero directo de aquellos que sembraron el terror desde 1976 a 1983. La intención de dejar en libertad a los genocidas de la dictadura con el beneficio de la Ley 2x1, habla a las claras de la procedencia de esta derecha que llegó al poder a través del voto popular

La estigmatización y demonización permanente de quienes no comparten las políticas del oficialismo, son estrategias que los medios de comunicación del poder insisten en repetir, naturalizando una violencia verbal que ha devuelto a la opinión pública términos como “subversión” y “terrorismo”, adjetivos con lo que se califica a quienes manifiestan legítimos reclamos.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo el desalojo de la Comunidad Mapuche que reclamaba, en el sur del país, las tierras cedidas al empresario italiano Luciano Benetton. Como consecuencia de la represión ejercida por la Gendarmería, falleció el joven Santiago Maldonado, quien fue encontrado meses más tarde de su desaparición. Fue allí cuando los medios de comunicación del oficialismo repitieron en grandes titulares las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “En el sur hay grupos terroristas”.

Poco tiempo después de este suceso, el joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, fue asesinado por la espalda durante un operativo represivo en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche. La estrategia de los medios del poder fue exactamente la misma. “Era un terrorista”.

Los reclamos de los trabajadores despedidos de fábricas o los miles de estatales que se han quedado en la calle,  también son tergiversados por la misma prensa oficialista, que pretende instalar la idea de “grupos violentos” con el fin de desestimar el legítimo reclamo.

Los saqueos que se produjeron la pasada semana en distintos supermercados a lo largo y a lo ancho del país, tuvieron como respuesta la voz oficial, que señaló al gobierno anterior como responsable de estos hechos, evitando de esta manera que el hambre que padecen millones de argentinos se convierta en otra cosa que no sea una simple “maniobra de desestabilización de la democracia”, tal como el oficialismo y los medios repitieron hasta el cansancio.

La estigmatización de la protesta social y del planteo opositor mediante los adjetivos “subversivo”, “desestabilizador”, “extremista” o “terrorista”, sirvieron durante los años de plomo para justificar la tortura y desaparición de personas. El “algo habrán hecho” circuló de boca en boca entre los seguidores de la historia oficial, que de esta manera  sumaban su aporte a la violencia ejercida desde el Estado.

El gobierno de Mauricio Macri es el heredero directo de aquellos que sembraron el terror desde 1976 a 1983. La intención de dejar en libertad a los genocidas de la dictadura con el beneficio de la Ley 2x1, habla a las claras de la procedencia de esta derecha que llegó al poder a través del voto popular.

El regreso a las prácticas más oscuras