De todas las fuerzas políticas parlamentarias, solo el kirchnerismo amaga con mantenerse en la vieja dialéctica de confrontación
Las últimas elecciones presidenciales en Argentina supusieron un cambio de Gobierno, lo cual no es poco.
Los partidarios del Gobierno saliente, definidos específicamente como kirchneristas no han conseguido digerir el resultado. Siempre es difícil, después de un período tan prolongado de gobierno (13 años), aceptar que la mayoría de los ciudadanos han considerado oportuno echar mano a esa institución no escrita de la alternancia de poder. Pero en el caso del kirchnerismo esto adquiere perfiles dramáticos a partir de su concepción adanista de su papel en la historia argentina, su acendrado patrimonialismo del Estado y su práctica exuberante del clientelismo.
Así, el discurso que repiten urbi et orbe es el de que todos los logros de su gestión corren peligro, que el país caerá por el despeñadero del endeudamiento incontrolado y el desmantelamiento de todas las políticas sociales, por parte de un gobierno neoliberal entregado a las imposiciones del FMI y el capitalismo financiero internacional. Acusan al Presidente Macri de persecución y revanchismo por atreverse a hacer referencia, en su discurso ante la Cámara de Diputados de la Nación, a aspectos preocupantes de la herencia recibida, o de persecución a funcionarios y trabajadores públicos, y de práctica dictatorial por recurrir a los Decretos de Necesidad y Urgencia instituidos en el pasado y utilizados por los gobiernos anteriores, más un largo etc. La conclusión del kirchnerismo, obviamente, es la de intentar poner en práctica una estrategia de oposición sistemática y bloqueo parlamentario.
Creo que lo más importante de lo ocurrido en las últimas elecciones es que el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en las Cámaras. En Diputados la representación está distribuida entre kirchneristas, peronistas no kirchneristas, peronistas neutrales, oficialistas (macristas y radicales), socialistas y otros. En el Senado el peronismo cuenta con mayoría absoluta. Quiere esto decir que por vez primera en mucho tiempo el superpoder de la Presidencia estará condicionado, controlado y amortiguado por el Parlamento. Esta novedad ha sido bien leída por todas las fuerzas políticas parlamentarias, la Presidencia y parece que también por la mayoría de los Gobernadores provinciales peronistas, oficialistas y no oficialistas. Sólo el kirchnerismo amaga con mantenerse en la vieja dialéctica de confrontación.
Esta ha sido la mejor noticia para un país que se deslizaba peligrosamente hacia una quiebra social y un enfrentamiento político realmente preocupante. Ahora es el tiempo del diálogo, de la negociación, de lograr suficientes respaldos para sacar adelante iniciativas parlamentarias y/o gubernamentales.
Algunos ejemplos de estos últimos días pueden ilustrar lo antedicho.
Después del intento frustrado del kirchnerismo por impedir el quorum necesario en la Cámara de Diputados, esta dio su dictamen favorable al acuerdo del Gobierno con los holdouts (fondos buitre) que pondrá en la senda de normalización, a la Argentina, en el mercado financiero internacional. Ahora el Ejecutivo deberá negociar apoyos de los Gobernadores para asegurarse mayoría en el Senado. Por otra parte, Sergio Massa (líder no kirchnerista de Cambiemos) ha condicionado su apoyo al compromiso del Gobierno de no recurrir al endeudamiento para financiar gastos corrientes y concentrar el futuro endeudamiento a infraestructuras e inversiones productivas.
A renglón seguido, el Gobierno obtuvo un dictamen adverso, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo al Decreto de Necesidad y Urgencia para elevar el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias. Ello por la abstención del representante de Cambiemos que condiciona su apoyo parlamentario a un nuevo proyecto de ley que cuente con un amplio respaldo político y social, y sea aprobado en el presente año.
Dado que el Gobierno está en minoría en el Senado, necesita lograr apoyos para sus iniciativas, lo que ha provocado que en estos tres meses se hayan producido dos reuniones (sin precedentes) del Presidente con todos los Gobernadores con la intención de institucionalizar dichos encuentros y dar un mayor contenido práctico a la estructura federal de la República. En la última reunión el Gobierno se comprometió a regularizar la devolución gradual de los fondos coparticipables con el objetivo de que en menos de cuatro años se les destine el 15 por ciento que les corresponde por ley. Más pronto que tarde, las Provincias exigirán la tramitación de una verdadera ley de financiación federal sobre principios de equidad y solidaridad que normalice el cumplimiento del texto constitucional.
Que el presidente Macri y su partido PRO tienen una concepción neoliberal no autoriza a pensar que, dada la actual realidad política de Argentina, podrá repetir experiencias como las del ex Presidente Saúl Menem. Mientras las fuerzas políticas que proclaman su ideario social tienen una oportunidad para evitar marchas atrás y promover políticas de progreso.
