@jgonzalezok | A pesar de que se había negado reiteradamente la posibilidad de reabrir las negociaciones con los fondos buitre para el canje de la deuda, Cristina Fernández anunció –en cadena nacional- que enviará un proyecto de ley al parlamento para permitir una nueva ronda de conversaciones. El anuncio se produjo después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificase un fallo anterior del juez Thomas Griesa, que avaló la postura de parte de los bonistas que no entraron en el canje –ni en 2005 ni en 2010- y pretenden cobrar la deuda al 100% de su valor nominal. Esto supondría 1.330 millones de dólares más intereses.
Para que el parlamento argentino apruebe un nuevo canje de deuda deberá suspender o derogar la Ley Cerrojo, aprobada en febrero de 2005 y suspendida temporalmente en 2010. La ley había sido pensada para convencer a los bonistas que debían entrar en el canje, ya que no habría más oportunidades en el futuro.
La última decisión sobre el pago que exigen los fondos especulativos está todavía en manos de la Corte Suprema de los EE.UU. que, en caso de fallar contra Argentina, llevaría al país a un nuevo default. La última sentencia en la Cámara de Apelaciones se produjo horas después de que la presidente, Cristina Fernández, asegurara que Argentina está en una posición mejor que Canadá y Australia, comparando el PBI y su nivel de reservas en el Banco Central. De alguna manera, estaba indicando que su situación financiera es mucho mejor que la que el mundo supone y, por tanto, con posibilidades de hacer frente a sus obligaciones.
Pero, en el mismo fallo de la corte norteamericana se recordó que los funcionarios argentinos “han anunciado en reiteradas y públicas ocasiones su intención de no obedecer los pronunciamientos de este tribunal”. El fallo anterior, del juez Griesa, también se produjo poco después de otras polémicas declaraciones, en las que altos funcionarios del gobierno adelantaban que no estaban dispuestos a pagar un solo peso a los fondos buitre. La incontinencia verbal, en ambos casos, parece haber jugado en contra de la Argentina. Quizá consciente de ello, el tono usado por Cristina Fernández en la intervención por cadena nacional estuvo muy lejos de su habitual tono áspero y confrontativo.
El peor escenario para Argentina es que la Corte Suprema de Estados Unidos falle en contra o decida no tomar el caso, con lo que quedaría firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones. Según algunos observadores, estadísticamente es difícil que la Corte acepte hacerse cargo del proceso, recordando que anualmente recibe unos 100.000 pedidos y solo acepta entre 75 y 80. Argentina tendría más posibilidades si consigue probar que la sentencia anterior viola la Ley Federal de Inmunidad Soberana.
En caso de que Argentina fuese obligada a pagar a los fondos buitre, tendría que hacer lo mismo con aquellos que aceptaron la renegociación rebajando sustancialmente sus demandas, y que lo hicieron con el compromiso de que no habría un canje posterior con mejores condiciones. Según calcula el gobierno argentino, en este caso estaríamos hablando de más de 43.000 millones de dólares.
En los dos canjes anteriores, Argentina logró reestructurar el 93% de su deuda. El fallo de la Corte de Apelaciones responde a parte de ese 7% restante, a fondos que representan solo el 0,45% del total de la deuda. Según la presidente compraron los bonos en 2008, cuando valían muy poco. Y si lograran cobrar por el valor nominal de los mismos, lograrían una ganancia del 1.300%.
El fallo califica a Argentina como un deudor reacio y empedernido. A lo que Cristina Fernández respondió que el default de la deuda soberana de Argentina, en 2001, batió un récord mundial, pero también se pagó: “digamos que, más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales, con un aditamento, esto lo hemos hecho con recursos genuinos”. Según la mandataria, desde 2003 hasta la fecha el país ha pagado más de 173.000 millones de dólares.
Para garantizar el pago a los bonistas que aceptaron los dos canjes anteriores y no exponerlos a posibles embargos –como sucedió con la fragata Libertad, el buque escuela que estuvo retenido en Ghana-, la presidente anunció una operación voluntaria de canje para que puedan cobrar en el país, en lugar de hacerlo a través del Banco de Nueva York, con la misma moneda y con los mismos plazos.
Los conflictos de Argentina con sus acreedores han impedido que el país tenga acceso a créditos internacionales a tasas razonables. A pesar de haber liquidado sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, durante el gobierno de Néstor Kirchner, está todavía pendiente la deuda con el Club de París, de unos 9.000 millones de dólares.
Por tanto, el gobierno ha acudido a mecanismos más heterodoxos para financiarse, a medida que aumentan de forma exponencial sus necesidades. Las reservas del Banco Central y los fondos de los jubilados son ahora las principales fuentes de financiación, con lo que hay una deuda interna que estaría ya en torno a los 200.000 millones de dólares. Eso sí, una deuda que está nominalmente en pesos.
Los principales perjudicados son los jubilados, que en la mayoría de los casos cobran pensiones miserables a pesar de las sentencias que ordenan al gobierno a calcular al alza las actualizaciones. Y es letal para el futuro del sistema: el gobierno obliga a la ANSES –Administración Nacional de la Seguridad Social- y al PAMI –la obra social de jubilados y pensionados- a suscribir bonos o letras con una rentabilidad negativa. El cálculo se hace teniendo en cuenta las tasas de inflación oficiales que, como se sabe, están manipuladas y se sitúan a menos de la mitad de la real.
La gravedad para Argentina de un fallo en contra de la Corte Suprema de Estados Unidos, la expresó perfectamente la presidente en su mensaje por cadena nacional: “la primera decisión que hemos tomado es pedirle a dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos”. La ventaja para Argentina es que un fallo en contra sentaría un precedente para posteriores reestructuraciones, en un momento en que hay países con graves problemas en Europa, como es el caso de Grecia, que pueden poner en jaque a la propia Unión Europea. Esta amenaza global, sin embargo, es desechada por la Corte de Apelaciones, que señaló en su falle que estas predicciones son “especulativas, hiperbólicas y enteramente producto de sus propias maquinaciones (de Argentina)”.
En la oposición, las opiniones sobre la reapertura de las negociaciones para el canje están divididas. El derechista PRO –del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri-, apoyó la iniciativa. Pero otros representantes del arco opositor, como Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay y Claudio Lozano, estuvieron en desacuerdo.
