@jgonzalezok / El parlamento argentino ha comenzado a discutir el proyecto de presupuesto presentado para el 2015, último año del gobierno actual. Las previsiones del Ejecutivo son de un optimismo difícilmente sostenible: crecimiento del 2,8%, inflación del 14,5% y tipo de cambio oficial del dólar de 9,45 pesos.
La realidad hoy es muy distinta: caída de la actividad económica, una inflación que llegará a cerca del 40% anual al acabar 2014 y un tipo de cambio imposible de prever, ya que cada día se alcanzan nuevos récords. Además, teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, el del 2015 es una nueva obra de ficción.
Ernesto Sanz, jefe del grupo parlamentario de la UCR (Unión Cívica Radical) en el senado, ya pidió que el ministro de Economía explique qué pasó con la inflación del 10%, con el crecimiento del 6% y con el dólar a 6,30 pesos en 2014.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), acaba de publicar un informe en el que afirma: “Desde hace algunos años, el presupuesto nacional perdió su rol de principal instrumento económico financiero de las finanzas públicas nacionales, como resultado de su formulación a partir de supuestos macroeconómicos irreales y del recurso a modificaciones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. En este sentido, el informe de CIPPEC considera que el proyecto del presupuesto 2015 es una versión extrema de esta tendencia general.
El CIPPEC señala que los desequilibrios fiscales se enfrentarán con la ayuda del Banco Central y la ANSES (Seguridad Social). Pronostica un déficit superior en tres veces a lo estimado por el gobierno. Y que, si no hay arreglo con los fondos buitre por el pago de la deuda, el gobierno sustituirá el financiamiento externo por la emisión monetaria, echando más leña a la inflación.
La llamada ley de leyes en Argentina está además desvirtuada por dos mecanismos: los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que hayan existido circunstancias excepcionales. Y los superpoderes, que otorga facultades permanentes al jefe de Gabinete para modificar el presupuesto sin el control del Congreso.
Según Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, Argentina es el país que registra una mayor distorsión entre el presupuesto que se aprueba y el que se ejecuta. En 2009 hubo un 30% de diferencia. En los ocho primeros meses de este año, el gobierno ya gastó un 26 % más de lo que figuraba en sus presupuestos. Básicamente, para seguir con los subsidios, que subieron un 87% respecto al mismo período del año anterior.
Los presupuestos del 2015 acentúan el centralismo como forma de gobierno, a pesar de que Argentina es una república federal y de que, ideológicamente, el kirchnerismo abomina de las figuras históricas que defendieron el centralismo en el pasado. El gobierno central va a hacerse con el 74% de los recursos que recaude, dejando el resto a las provincias, que recibirán su parte de forma arbitraria, dependiendo de su cercanía y obediencia. La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció en el 2013 cómo el gobierno nacional discriminaba en la entrega de los fondos no automáticos, beneficiando a las provincias aliadas políticamente al gobierno central. La caja permite disciplinar a gobernadores y alcaldes, y esto es especialmente importante en un año electoral, como va a ser el 2015.
En la constituyente que aprobó la Constitución de 1994, la ahora presidente Cristina Fernández habló de un “país macrocefálico, asimétrico e injusto en la distribución de su ingreso”, pidiendo modificar la relación de fuerzas entre las provincias y el gobierno central. “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”, señaló entonces la mandataria.
En todos estos años, además, el gobierno ha subestimado los ingresos, los gastos y la inflación, lo que le permitió después manejar de manera discrecional los ingresos extra, sin debate y sin justificación. “El presupuesto es un dibujo porque todos sabemos que en el transcurso del año las partidas irán y vendrán, de modo que lo que aquí se va a aprobar, no tiene significancia real”, dijo el diputado Alberto Asseff, del Frente Renovador, al presentar un proyecto para derogar los superpoderes.
La oposición se ha quejado, permanentemente, de que el gobierno no permite la menor modificación de sus presupuestos. En el 2011, incluso, no hubo presupuestos porque el oficialismo no tenía la amplia mayoría parlamentaria de años anteriores. Los opositores también se lamentan del poco tiempo con el que cuenta para estudiar el proyecto presentado cada año por el gobierno.
Numerosos diputados reconocen, además, que carecen de la capacidad técnica para presentar objeciones. Y las discusiones son expréss: tras siete horas de discusión este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados –en buena parte, con un repaso a lo hecho durante los gobiernos kirchneristas-, habrá una nueva reunión la próxima semana, para votarlo en el pleno el 8 de octubre.
El kirchnerismo impidió la formación de una Oficina de Presupuestos, como existe en otros países, como EEUU, Brasil Chile y México. Todos los proyectos presentados por la oposición coinciden en que un organismo de este tipo –que sería no vinculante- ayudaría a asesorar técnicamente al Congreso, en especial a la comisiones de Presupuesto y Hacienda. Además de contribuir a controlar en la ejecución de gastos del gobierno.
La Auditoría General de la Nación, el único de los organismos de control que funciona como tal y que depende del Congreso, denunció por su parte serias limitaciones para el acceso a la información, impuestas por la secretaría de Hacienda, para la estimación de los ingresos públicos.
