@jgonzalezok | El gobierno de Mauricio Macri consiguió su primera victoria importante en el Parlamento, al conseguir el apoyo de la Cámara Baja al proyecto para pagar a sus acreedores internacionales, conocidos como holdouts, o más popularmente como fondos buitre y permitir que el país salga de su aislamiento y pueda acceder de nuevo al mercado internacional de crédito. Lo que los diputados votaron fue la derogación de las leyes conocidas como Cerrojo y de Pago Soberano, y la autorización para emitir bonos por 12.000 millones de dólares con los que pagar a los acreedores. La cuestión pasará ahora al Senado.
La ley Cerrojo era de 2005 e impedía al país reabrir negociaciones con quienes no se acogieron en ese entonces al canje propuesto por el gobierno. La ley de Pago Soberano, de 2014, pretendió eludir un fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, que estableció que Argentina no podía pagar a los bonistas que se acogieron al canje, si no se pagaba también a los buitres. Por eso se cambió la sede del pago a los primeros, de Nueva York a Buenos Aires.
La sesión del Congreso duró más de 20 horas, y el gobierno tuvo el apoyo del massismo (por Sergio Massa, peronista disidente), de otros peronistas que rompieron con el kirchnerismo, de los socialistas, el GEN (centroizquierda) y algunos partidos provinciales. Al final fueron 165 votos a favor y 86 en contra.
En la discusión tuvieron una activa participación varios representantes del kirchnerismo que, siguiendo instrucciones de la ex presidente, Cristina Fernández, siguen levantando la bandera de no pagar, bajo la consigna de Patria o Buitres. Antes de la votación intentaron que no hubiera quórum para celebrar la sesión. Y perdieron una votación en la que planteaban que hubiera una consulta popular para decidir la cuestión.
El resultado demostró que los kirchneristas están cada vez más solos y van camino de convertirse en una fuerza residual, a poco más de tres meses de dejar el poder. En 2005 y 2010, el anterior gobierno logró que el 93 % de los acreedores de la Argentina aceptaran una renegociación y una quita importante del monto adeudado. Pero la posición posterior fue de absoluta negativa a pagar al 7 % restante, que pleiteó contra el país y ganó en todas las instancias. Tanto Néstor Kirchner como su viuda, Cristina Fernández, manejaron el tema de la deuda como una cuestión útil para reforzar su imagen pretendidamente antiimperialista.
La estrategia oficial incluyó desacreditar al juez Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos buitre. Lo hizo después de sucesivos ataques personales contra el juez, al que reiteradamente se le adjudicó la condición de “juez municipal”, a pesar de que Argentina había aceptado voluntariamente someterse a dicha jurisdicción.
En estos años hubo tremendas contradicciones en la política del anterior gobierno. Néstor Kirchner, por ejemplo, decidió pagar la deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional, deuda por la que se pagaba un 4 % de interés, para después endeudarse con Venezuela al 15 %. El argentino Claudio Loser, ex ejecutivo del FMI afirmó: “desde 2010 la gestión de la deuda se volvió totalmente política, agresiva y de quiebre con los principios legales y contractuales, aún cuando la situación argentina, por los términos de intercambio, había mejorada fuertemente”.
Se pagó también al Club de París, acordando pagar 9.690 millones de dólares, aunque la deuda era, originalmente de unos 5.200 millones. El ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, aceptó sumar 1.102 millones de intereses y otros 3.633 de intereses punitorios. Es decir, sumó más de 3.600 millones. Estos intereses se acumularon entre 2004 y mayo de 2014, cuando se firmó el acuerdo.
Cuando Kicillof fue cuestionado por el monto firmado, respondió: “no me pueden acusar de nada, la deuda es la que cada representante de los países llevó a la mesa”. Hizo, curiosamente, lo mismo que confesó que había hecho el ministro de Economía de Carlos Ménem, Domingo Cavallo, en 1994, que Argentina pagaba a los acreedores “ante simples notificaciones y avisos de vencimiento”. Es decir, sin verificación por parte del gobierno argentino.
Se pagó también a Repsol, cuando se expropió YPF, a pesar de que Kicillof había prometido que la empresa española tendría que pagar una indemnización por daño ambiental. La realidad, sin embargo, fue que el acuerdo fijó una indemnización de unos 5.000 millones de dólares en bonos. Pero al sumar los intereses –altísimos, entre 7 y 8,75 % anual- la suma final llegará a los 10.000 millones de dólares.
El actual problema de Argentina con la deuda externa parte de la decisión de entrar en default, en diciembre de 2001, situación en la que volvería a caer en julio de 2014. Durante todos estos años Argentina no pudo acceder a los mercados internacionales de crédito, a no ser a tasas de interés altísimas, mientras sus vecinos emitían deuda de largo plazo y con tasas inusualmente bajas. Como consecuencia, no se pudo afrontar ninguna obra importante de infraestructura. De hecho, un reciente estudio del Foro Económico Mundial estableció que países como Chile, Uruguay, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Jamaica, Colombia, Surinam y Perú están por delante de Argentina en cuanto a sus infraestructuras.
El ex secretario de Finanzas Guillermo Nilsen, calculó en septiembre de 2014 que la reconstrucción y ampliación de la infraestructura argentina requiere inversiones de unos 28.000 a 30.000 millones de dólares por año para la próxima década.
En estos años, como consecuencia del conflicto con los fondos buitre, Argentina tampoco recibió inversiones extranjeras, que se asustaron del historial de mal pagador del país y fueron ahuyentadas con las normas que impidieron repatriar capitales. Mientras en la década del 90 Argentina recibía el 10 % de la inversión extranjera directa en América Latina, entre 2010 y 2014 se redujo al 5 %. Y en muchos casos fue fruto de la decisión de las empresas que ya estaban en el país de reinvertir los beneficios, ante la imposibilidad de repatriarlos.
Si el gobierno logra que el Senado ratifique lo aprobado por la Cámara Baja, el acuerdo seguirá adelante. Implica una quita de entre el 25 y el 30 % respecto del monto establecido en su fallo por la justicia de Estados Unidos, a la que Argentina había aceptado someterse en caso de conflicto. El gobierno sostuvo que arreglar con los fondos buitre era la única alternativa al ajuste fiscal o al ajuste inflacionario.
