viernes. 29.03.2024
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@jgonzalezok | Cada vez que el Observatorio de la Deuda Social Argentina saca uno de sus informes, que invariablemente ponen en entredicho el relato oficial, saltan chispas en el debate político. El hecho de que el observatorio dependa de la UCA (Universidad Católica Argentina) y que la relación del gobierno con el papa Francisco se cultiva con esmero desde la Casa Rosada, no impide las descalificaciones en las que caen también los medios –por publicar o hacerse eco de los informes- y la oposición, por aprovechar los argumentos.

El último informe corresponde al período 2013 y se centra en la infancia. El 42, 6 % de los niños y adolescentes del conurbano bonaerense, el núcleo más poblado del país, están en la pobreza. Y de ellos, el 9,4 % no tienen siquiera para comer, lo que los coloca en la indigencia. En términos nacionales, la pobreza entre los menores de 18 años que viven en zonas urbanas alcanza al 38,8 %, de ellos un 9 % son indigentes. A nivel general, niños y adultos, la pobreza se estima en un 27,5 %.

Los índices muestran un aumento de pobreza e indigencia en los dos últimos años. En el 2011 se había logrado una mejora significativa, después de que el gobierno aprobara la Asignación Universal por Hijo, un subsidio por cada hijo de familias con padres desempleados o con trabajo precario. Sin embargo los investigadores consideran que el efecto de esta ayuda es insuficiente para salir de la pobreza.

La canasta básica de bienes y servicios, usada para medir la pobreza, fue estimada por este informe en 4.142 pesos, para una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños. Poco menos del salario mínimo, que gana el 46 % de los jefes de hogar, que equivale a 314 dólares o 242 euros. En el caso de la indigencia, la canasta para su cálculo fue de 1.982 pesos.

Una de las explicaciones de estos niveles de penuria social es el elevado nivel de pobreza estructural, que tiene en cuenta los ingresos y otras condiciones de vida y vivienda: cuántas personas comparten un cuarto, viviendas precarias, menores sin escolarizar, etc. La inflación y la recesión, con el inevitable descenso en el nivel de actividad, explican también la tendencia de los últimos años.

La reacción oficial a estos datos ha sido inmediata. “Medir la pobreza todos los días, un pobre más, un pobre menos, no es metodológicamente muy serio”, dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, que acabó desacreditando cualquier método estadístico, aunque es la fórmula usada en todo el mundo: “tomar una canasta de bienes de cosas, que incluye elementos de alimentación, vestimenta, y el que no accede a esta canasta es pobre… es una cosa bastante arbitraria”.

El gobierno ha dejado de medir en sus estadísticas el número de pobres e indigentes. El cuestionado INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), que desde enero del 2007 comenzó a fantasear y a dibujar sus índices, fundamentalmente la inflación, asegura que está tratando de encontrar un método más científico para contar a los pobres.

El informe de la UCA se conoció horas después de nuevos datos sobre el extraordinario crecimiento que han experimentado en los últimos años las llamadas villas miseria, villas de emergencia, chabolas o favelas que existen dentro de los límites de la capital federal. Desde 2001, el número de sus habitantes creció un 156 %, y solo en los últimos cuatro años, un 70 %. A pesar de estas cifras, la población total de la capital se mantuvo estable.

Dentro de los límites de la capital argentina están contabilizadas 14 de estas villas, 24 asentamientos y dos núcleos habitacionales, calificaciones estas últimas que indican un mayor grado de precariedad. En total, en la capital argentina hay unas 275.000 personas en estos núcleos informales. El panorama en la provincia, una vez que se traspasa la avenida de circunvalación General Paz, es igual de dramático. Hace un año, la ONG Techo contabilizó 624 villas en el conurbano de Buenos Aires, donde malviven 1,2 millones de personas.

Con diferentes niveles de precariedad, las villas tienen características comunes: asentadas en tierras fiscales, no están urbanizadas, no cuentan con servicios básicos –o tienen conexiones clandestinas de agua y luz-, y no tienen ninguna presencia del Estado, por lo que es campo fértil para el narco y los punteros políticos, que manejan clientelísticamente la ayuda social.

Cada tanto hay movimientos organizados que toman nuevos terrenos, en operaciones relámpago que suelen estar organizadas por narcos o por personajes que después les cobran el terreno a los ocupantes. A la mayoría de estos asentamientos no entran siquiera las ambulancias, por motivos de seguridad. Los propios habitantes de las villas son rehenes y principales víctimas de la criminalidad.

En el caso de las villas de la ciudad, el gobierno que encabeza Mauricio Macri (PRO, derecha), no ha hecho prácticamente nada por mejorar la situación, a pesar de que en la legislatura de la ciudad hay varias leyes que ordenan la urbanización de estos asentamientos. Un informe de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que las partidas presupuestarias para vivienda vienen disminuyendo en los últimos años y que los recursos destinados específicamente a las villas pasaron del  2,5 % en 2005, al 0,7 % el presente año.

En este caso también se desató una polémica que ha llegado al ridículo con la intervención de uno de los arietes mediáticos del kirchnerismo, el conocido relator deportivo Víctor Hugo Morales. A pesar de todas las carencias en las villas, dijo que eran lugares dignos y que él podría vivir allí, aunque la realidad es que tiene un enorme piso en la Avenida Libertador, valorado en varios millones, y otro en Nueva York: “tenés tu trabajo a veinte minutos de micro y te podés escapar al Gaumont”, afirmó, en referencia a un conocido cine de la ciudad donde proyectan películas argentinas por el simbólico precio de 8 pesos, menos de medio euro. Morales, que pasó a la historia como relator del gol de Maradona contra los ingleses, el “de la mano de dios”, hace años que pasó de ser un feroz crítico del kirchnerismo a un incondicional del gobierno.

En Argentina se disputan los números de la pobreza