jueves 09.04.2020
CRÓNICA DESDE BUENOS AIRES

A un año de la muerte del fiscal Nisman, sin resultados

Macri recibe a las hijas del fiscal, mientras la causa sigue clasificada como muerte dudosa.

A un año de la muerte del fiscal Nisman, sin resultados

@jgonzalezokEste domingo, 18 de enero, se cumple un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un hecho que conmovió a la Argentina y que fue noticia en todo el mundo. Cuatro días antes, había anunciado la presentación de una denuncia contra la presidente, Cristina Fernández, el ministro de Exteriores, Héctor Timerman y otros dirigentes oficialistas, por un presunto plan criminal para encubrir a los iraníes acusados por el atentado antijudío de la AMIA. Y un día después estaba previsto que explicase su denuncia ante una sesión especial del Congreso, invitado por la oposición.

Un año después la causa sigue en fase de instrucción y la clasificación de la misma es la de muerte dudosa. La única novedad importante en la justicia es que la jueza que lleva el caso, Fabiana Palmaghini, tomó las riendas de la investigación, después de meses en que la fiscal, Viviana Fein, mostrara una absoluta falta de pericia.

El presidente, Mauricio Macri, tomó algunas decisiones importantes estos últimos días. En primer lugar creó una Unidad de Investigación del atentado dentro del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, poniendo al frente de la misma al respetado ex senador Mario Cimadevilla (UCR). También decretó la apertura de los archivos y la desclasificación de documentos que tengan que ver con el caso en distintas dependencias oficiales: la Agencia Federal de Información (los servicios secretos), el Ministerio de Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. También relevó a agentes y ex agentes de inteligencia de la obligación de guardar secreto.

Macri ha decidido también tener un gesto con la familia de Nisman, al recibir en la residencia presidencial de Olivos a sus hijas, Iara y Kala, todavía adolescentes. Una iniciativa que marca un claro contraste con su predecesora, Cristina Fernández, que no solo no dio el pésame a la familia, sino que llevo a cabo una campaña de acoso y derribo contra el fiscal muerto. 

La voladura de la mutual judía se había producido el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos, siendo el atentado terrorista más grave que sufrió la Argentina. Y la acusación de Nisman estaba relacionada con el memorándum de entendimiento firmado con el gobierno iraní. Este acuerdo habría sido impulsado para intercambiar granos, armas y carne –quizá también conocimiento nuclear- a cambio de petróleo.

Este acercamiento comercial no tenía nada de ilegal, pero fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA. “Y he aquí lo delictivo, la Señora Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado, decidió fabricar la inocencia de Irán”, había escrito Nisman en su denuncia.

Desde el primer momento la muerte del fiscal estuvo bajo la sombra del magnicidio, con el gobierno o alguien dentro del Estado como principales sospechosos. Los sucesos que rodearon la muerte, la investigación policial y el transcurso que ha tenido el caso en la justicia, abonan esta hipótesis. Un año después, ni siquiera hay un pronunciamiento oficial sobre la causa de la muerte. Fue un tiro en la cabeza lo que acabó con la vida de Nisman, pero el gobierno kirchnerista mantuvo la teoría de que fue un suicidio o un suicidio asistido, frente a la incredulidad de la mayor parte de la sociedad.

Quién apretó el gatillo, seguramente nunca se sabrá. Posiblemente tampoco habrá nunca certeza de quién ordenó su muerte. Pero lo cierto es que las circunstancias del caso son claras. Los custodios encargados de su seguridad no cumplieron con su labor; el gobierno, responsable de garantizar su protección, lo abandonó a su suerte; la zona de la vivienda del fiscal estaba sospechosamente liberada; fuerzas de gendarmería espiaban a Nisman, según se supo días después de la muerte; y los primeros investigadores que llegaron a la escena del crimen cometieron todo tipo de malas prácticas, contaminando las pruebas.

La reacción del gobierno de entonces también fue significativa. La propia presidente, Cristina Fernández, manejó sucesivamente la hipótesis del suicidio y del asesinato, culpando en este caso a los servicios de inteligencia y a un asesor del fiscal, Diego Lagomarsino, confesó haberle facilitado el arma al fiscal. Después vino una labor de criminalización del propio Nisman, al que se acusó de gastarse el dinero de la fiscalía en mujeres –aunque antes había sugerido una relación homosexual con Lagomarsino-, de evasión de divisas, de agente de la CIA y el Mosad y de complicidad con los fondos buitre para desestabilizar al gobierno.

La hermana del fiscal, Sandra Nisman, declaró estos días: “Hablar así de una persona que no se puede defender, que está muerta, con el dolor de la familia a flor de piel fue muy difícil”. Tanto ella como la madre, Sara Garfunkel, dieron estos días una entrevista a la Agencia Judía de Noticias en la que se muestran de acuerdo en que Nisman fue asesinado.

Nueve días después de la muerte de Nisman, la presidente anunció la disolución de la Secretaría de Información (servicios secretos). Se conoció también por esos días que existía un borrador, desechado por el fiscal, en el que llegaba a pedir la detención de la propia presidente.

Un mes después de la noticia que conmovió al país, y a pesar de la fuerte lluvia que caía sobre Buenos Aires, unas 450.000 personas marcharon en silencio en homenaje a Nisman. Adelantándose a la convocatoria, la presidente decía por cadena nacional: “Nos quedamos con el canto, con la alegría, a ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. ¿Saben por qué? Digo que nos quedamos con la alegría, porque no tienen nada que decir o porque no pueden decir lo que piensan”. Después de la marcha, en la que no hubo ninguna consigna política, Cristina Fernández haría graves acusaciones contra la Justicia, hablando de un presunto partido judicial y de ser destituyente (golpista).

Cinco semanas después del crimen, el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra la presidente y otros funcionarios, a pesar del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. Lo hizo sin tiempo material para escuchar las miles de horas de grabaciones que el fallecido fiscal tenía sobre los acusados. Según el juez “no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa del Estado el canciller Timerman o los demás imputados”. También afirmó que no valía la pena investigar un hecho, el encubrimiento, que nunca llegó a realizarse, porque Irán no llegó a ratificar el Memorándum de Entendimiento.

Un año después la familia de Nisman muestra cierta esperanza de que la causa avance y no quede como un caso más de impunidad. Los nuevos vientos en la justicia argentina permiten pensar que haya avances. Un indicio sería la reciente conclusión del juicio por el accidente ferroviario de la estación de ONCE (febrero de 2012, 52 muertos), en el que fueron condenados varios ex funcionarios del gobierno kirchnerista, después de un juicio razonablemente rápido.

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