lunes 26.08.2019
CRóNICAS DE AMéRICA LATINA | JAVIER M. GONZáLEZ

A 40 años del golpe contra Allende, las heridas siguen abiertas

En Chile todavía falta un largo camino para la justicia y la verdad.

A 40 años del golpe contra Allende, las heridas siguen abiertas

@jgonzalezok | Han pasado 40 años del golpe -23 desde la recuperación de la democracia y 7 desde la muerte de Pinochet-, pero en la comuna de Providencia, uno de los barrios acomodados de Santiago, todavía hay una avenida que se llama 11 de Septiembre, en recuerdo de la fecha del golpe. Así se rebautizó en 1980 una de las calles más conocidas de la capital chilena. Providencia, que tiene su propio alcalde, fue gobernado durante muchos años por Cristán Labbé, coronel retirado y uno de los hombres más próximos a Pinochet: fue el encargado de su seguridad, agente de la DINA, y después ministro secretario general de gobierno. La nueva alcaldesa, la independiente Josefa Errázuriz, propuso recuperar el nombre original, Nueva Providencia, y se espera que sea efectivo cuando lo apruebe el Concejo Municipal, el próximo día 25.

Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), un 74% de los chilenos cree que no se han olvidado las divisiones y rencores creados por el régimen militar. “Es un tema que no se ha resuelto bien, porque hasta el día de hoy hay gente que justifica lo que se hizo”, señaló el director del CERC, Carlos Huneeus. La opinión sobre Pinochet es cada vez más negativa entre la población: un 76% lo ve como un dictador, pero todavía hay un 9% que lo considera como uno de los mejores gobernantes que ha tenido el país. Otro estudio del CERC, de enero del 2012, afirmaba que un 12% de los chilenos estaba de acuerdo con que “las muertes durante el régimen militar fueron un mal necesario para impedir el comunismo”.

Cuando el año pasado se hizo un controvertido homenaje al dictador, el sociólogo Manuel Antonio Garretón afirmó que había un núcleo duro de pinochetistas, que estimó entre el 10 y el 20% de la población. Y señaló que Chile era el único caso de dictadura que cometió crímenes atroces, donde hay un sector de la población, minoritario pero significativo, “que apoya y se siente interpretado por lo que fue eso”. Garretón señaló que este sector está enquistado en poderes económicos, políticos y mediáticos y que esto muestra que Chile es aún un país enfermo.

El último informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, correspondiente a 2012, señala que no hay aún un consenso social pleno sobre la inadmisibilidad de la tortura y el exterminio político como prácticas estatales. 

Este 40 aniversario se presenta en Chile en medio de la campaña para las elecciones generales del 17 de noviembre. La derecha, que había logrado su primera victoria en las elecciones de hace cuatro años, seguramente perderá frente a la centroizquierda que gobernó desde 1990, excepto el último período. Las dos candidatas principales, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, son un símbolo de las paradojas de la historia: la primera es hija de un general de la Fuerza Aérea que se opuso al golpe y murió en prisión; la segunda es hija de otro general de la misma fuerza, pero partidario del golpe y que llegó a integrar la Junta Militar.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, que se formó a la sombra del pinochetismo, pero que defendió el No en el plebiscito con el que el dictador pretendía alargar su permanencia en el poder, ensayó una crítica que ha sido excesiva para algunos sectores de su propio gobierno: “hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. También hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas. También periodistas, que titularon sabiendo que lo publicado no correspondía a la verdad”.

Después de estas palabras, la Asociación Nacional de Magistrados pidió perdón por sus “omisiones” durante la dictadura: “hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza, el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal”. Los magistrados reconocen que el Poder Judicial pudo haber hecho mucho más, sobre todo porque fue la única institución de la república que no fue intervenida por el gobierno de facto. 

En el seno de la derecha, en concreto de la actual coalición de gobierno (RN-UDI), la relación con la dictadura es un tema espinoso: muchos se formaron en esa época e integraron como jóvenes las filas del régimen. Todavía se recuerda el acto en el que 77 jóvenes participaron en un acto en Chacarillas, en 1977, de apoyo al dictador. Entre los jóvenes que subieron un cerro con antorchas, imagen que recuerda algunos de los actos de la Alemania hitleriana, estuvieron algunos integrantes del gobierno de Piñera, como Andrés Chadwick, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín.

Sin embargo, el senador Hernán Larraín, de la derechista UDI –el partido fundado por Jaime Guzmán, el ideólogo civil de la dictadura-, aprovechó el lanzamiento del libro Las voces de la reconciliación, para ensayar un pedido público de perdón, “por lo que haya hecho o por omitir lo que debía hacer”.

Pero el jefe del partido, Patricio Melero –que también integró los 77 de Chacarillas-, dijo se debía presentar “una perspectiva razonable y no sesgada de lo ocurrido”, añadiendo que no estaba dispuesto a entregarle una superioridad moral a la izquierda. Ignacio Urrutia, también de la UDI, consideró que Hernán Larraín “la embarró medio a medio” con sus declaraciones. Y sobre las declaraciones del presidente Piñera sobre los cómplices pasivos, señaló que el mandatario “no tiene derecho en esta materia a hablar por todos los chilenos”.

Carlos Larraín, presidente del otro partido oficialista, RN –uno de cuyos fundadores fue Sergio Onofre Jarpa, el duro ministro del Interior de Pinochet- consideró que esta reflexión era “antipática” para muchos de los colaboradores del presidente, “para muchos de los nuestros”.

La candidata de la derecha en las próximas elecciones, Evelyn Matthei, señaló que tenía 20 años cuando se produjo el golpe, por lo que no tendría responsabilidades durante el gobierno militar. Matthei no solo es hija de uno de los generales que formó parte del gobierno de Pinochet, también es hermana de uno de los cuatro pilotos que bombardearon el Palacio de la Moneda aquél 11 de septiembre.

El presidente Piñera ha preparado un acto en el Palacio de la Moneda para el lunes, día 9, al que ha invitado a todo el arco político. Pero a la misma hora –en realidad media hora antes-, habrá otro por la opositora Nueva Mayoría, en la sede del Museo de la Memoria, encabezado por la expresidente y candidata presidencial Michelle Bachelet. Se cree que Piñera pondrá énfasis en la reconciliación y Bachelet en la memoria.

Las características de la transición en Chile, con un Pinochet que dejó el Palacio de la Moneda pero mantuvo la jefatura del ejército, tutelando los primeros años de este período, explican por qué la sociedad está todavía tan dividida y por qué no se puedo avanzar más en la búsqueda de la justicia y la verdad. Hubo que esperar hasta 1998, con una Corte Suprema renovada, para que se impulsara la persecución penal de crímenes cometidos durante la dictadura y se reabrieran causas que habían sido beneficiadas por la amnistía que el propio régimen militar había establecido en 1978. 

Sin contar con que el dictador murió en libertad. Haber juzgado a Pinochet “habría dividido terriblemente al país e, incluso, puesto en peligro la continuidad del gobierno”, dijo el primer presidente de la recuperada democracia, Patricio Aylwin. Solo los datos de que Pinochet y su familia cometieron ilícitos económicos, que aparecieron en los últimos años de vida del dictador, mermaron parte del apoyo que tenía entre la derecha.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile es el país de la región con más condenados por crímenes cometidos por la dictadura, pero las penas aplicadas han sido “notablemente bajas con comparación con la gravedad de los delitos, hasta el extremo que solo un tercio de ellas son penas efectivas de cárcel”. En comparación, en Argentina, un 46% de las penas impuestas en toda instancia son de prisión perpetua. De hecho en Chile no hay ninguna condena por crímenes de lesa humanidad, sino por homicidio, secuestro, asociación ilícita o apremios ilegales.

Patricio Aylwin formó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o Comisión Rettig, que hizo un primer informe sobre las violaciones a los derechos humanos. Estableció que hubo un total de 2.279 personas que murieron en Chile durante la dictadura: 164 por la violencia política y 2.115 por violaciones a los derechos humanos. Años más tarde, la Comisión Valech completó la información e hizo un balance global de afectados por desaparición, torturas y otros crímenes, que afectaron en total a más de 40.000 chilenos. De ellos, 3.065 serían asesinados o desaparecidos.

Nicolás del Valle, director del Centro de Análisis de Investigación Política (CAIP) considera que “detrás de los avances, quedan desafíos políticos por enfrentar que han sido repetidos hasta la saciedad: abolir la ley de amnistía, la justicia militar y los pactos de silencio en sectores civiles y militares”.

El presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), pidió estos días a las personas que tienen información respecto de los detenidos-desaparecidos, asesinatos o crímenes atroces, que entreguen la misma para hacer justicia. El magistrado Hugo Dolmestch, portavoz de la Corte Suprema, admitió que existe un pacto de silencio entre los autores y cómplices de la desaparición de personas durante la dictadura. Añadió que no sabe si las Fuerzas Armadas, como institución, tienen esa información, “pero las personas que participaron como grupo creo que sí la tienen, hay muchas cosas que se ocultan”.