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jueves. 06.10.2022
12-03-2022 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de Chile, Gabriel Boric
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Foto: Ministerio de Trabajo

Estos días casi tod@s hablamos de Chile, o deberíamos. Porque su experiencia en el referéndum constitucional nos plantea problemas que también nos piden respuesta aquí. Y no sólo como espectadores.

Con una muy amplia participación, el 85,8% del censo, una clara mayoría de la ciudadanía chilena, el 62%, dijo NO a la propuesta de nueva Constitución del país para sustituir a la heredada de Pinochet con retoques.

¿“Revivió Pinochet”, como afirmó, irresponsablemente, un alto dignatario latinoamericano? ¿Ha resultado decisiva la evidente demagógica desinformación de las derechas chilenas sobre los contenidos de la propuesta constitucional?

Creo que no. El 80% de los chilenos habían ya dicho en octubre de 2020, en otro referéndum, que querían otra Constitución, y para ello eligieron una Convención Constituyente de 155 miembros.

¿Por qué entonces este claro rechazo a la labor de esta Convención? ¿Tan mal trabajaron? Pues no parece. Lo esencial de sus contenidos requería los 2/3 de los votos. El resultado final fue aprobado por 144 (92,9 %) de las personas constituyentes. ¿Entonces?

Una crisis de las formas de acción y organización políticas que ciertamente no es sólo un problema de la ciudadanía chilena. Lo es también, en uno u otro grado, en una u otra forma, en todo el mundo

No he estudiado en detalle los contenidos de la propuesta constitucional y menos la relación de sus contenidos con la realidad social y política del país y con su historia, de necesaria consideración todo ello para poder comprender lo que ha sucedido y para tomar las necesarias nuevas de decisiones (parece que Boric lo ha entendido, y ha asumido el reto).

Sólo quiero aportar en estas líneas una reflexión sobre una cuestión que no me parece secundaria y que, estoy seguro, algo tiene que ver con el resultado. Y, también, porque nos interesa, y nos afecta, a nosotros.

Un par de datos a no olvidar: 1) de l@s 155 constituyentes, de composición paritaria, 103 no habían participado hasta este momento en la acción política, y 2) de todos ell@s, la formación política mayoritaria era la de l@s “no organizados”.

Ambos datos apuntan a lo que ha sido indudablemente una de las dificultades, que sin duda constituye un elemento clave en la acción política siempre, y más cuando de lo que se trata es la elaboración de una nueva Constitución: la relación de sus directos responsables, “políticos”, con la ciudadanía.

Una relación en doble sentido. Uno, para transmitir no sólo el resultado del trabajo sino también sus porqués, sus dificultades, su significación en el contexto legislativo, social, histórico… , pasado, presente y previsible. Y otro, para recibir respuestas, sensaciones, preocupaciones, corresponsabilidades ciudadanas… Todo ello para generar la necesaria y mutua confianza, y el mutuo compromiso.

Algunas peripecias, performances según algunas informaciones, del trabajo constituyente, amplificadas por la propaganda opositora, parecen apuntar a evidentes dificultades en esta relación y en las apreciaciones de la opinión pública. Dificultando incluso lo que se estaba concretando en la propuesta legislativa constitucional. Como si en el referéndum final l@s ciudadan@s hubieran votado SI o NO en función de un artículo, una referencia, que les parecía que les afectaba (lo que es su derecho), y no sobre el conjunto de la propuesta final que había quedado diluida en el debate público.

Pero de la propia composición de la Convención Constituyente creo que deriva una carencia no secundaria, que luego no ha sido resuelta, y que debería resolverse para el futuro, tanto de la pendiente nueva Constitución como de la acción de gobierno día a día.

Es la ausencia de un órgano del cuerpo ciudadano, una organización política que trabaje en tal imprescindible interrelación entre ciudadanía y representantes políticos o institucionales. Una organización social imprescindible a partir de la evidente y positiva irrupción social que supuso la voluntad ciudadana constituyente, acompañada lamentable pero inevitablemente del descrédito de las organizaciones políticas, descrédito proyectado sobre las propias organizaciones políticas y sus dirigentes, lo que no parece que se hubiera sabido (no sé si entendido y querido) superar cuando quizás hubo quien prefirió alimentarlo en lugar de corregirlo con las necesarias alternativas más difíciles de explicar.

Mientras, Boric ha asumido el reto y ha tomado importantes y valientes decisiones reorganizando su gobierno, compartiendo responsabilidades no tanto con los precarios “movimientos sociales” no organizados, pero sí con los históricos “partidos políticos”, con los espacios de opinión política, para seguir gobernando el mandato que ha recibido.

Una crisis de las formas de acción y organización políticas que ciertamente no es sólo un problema de la ciudadanía chilena. Lo es también, en uno u otro grado, en una u otra forma, en todo el mundo. Y también aquí, en España. Un problema a resolver, no para recrearse en él desde supuestas ilusiones de futuro, sí para poder avanzar. Porque la organización política de la ciudadanía es imprescindible. Chile, creo, nos lo acaba de recordar de nuevo. Es en mi opinión uno de los mensajes del 4 de septiembre en este país hermano.

Entiendo el proyecto SUMAR como una propuesta para superarlo en nuestro ámbito.

Por ello, creo que sí, que la experiencia chilena nos importa. Y nos interesa. ¿Sabremos interpretarla y sacar conclusiones? ¡Eso espero! ¡Mucho está, aquí, en juego! ¡Y mucho por ganar!

Yolanda: Chile, ¿nos importa? ¡nos interesa!