La andanada de descalificaciones de los editoriales de los medios de comunicación, de líderes de opinión y de expertos contra los partidos parlamentarios signatarios del acuerdo, acusándolos primero de intercambio de favores o más coloquialmente de intercambio de cromos y al día siguiente, una vez conocido el acuerdo y a sus candidatos, calificando a los grupos y a los diputados que finalmente lo han votado de ser autores de un escándalo, de una burla, infamia y de dar una puñalada al Tribunal Constitucional, cuestionando por extensión las propuestas de renovación del resto de los órganos constitucionales, todo ello por el perfil más que discutible de uno de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional, no solo es absolutamente desproporcionada e injusto, sino que demuestra que el malhadado populismo hoy trasciende con mucho a los nuevos partidos y a las redes sociales de sus inicios, afectando también a los medios de comunicación. Desproporcionada, porque ya antes los componentes de los órganos constitucionales no eran tan excelentes ni ahora son tan catastróficos como se dice, e injusta, porque la cuestión discutida afecta en especial al PP como uno de los partidos proponentes y a uno de los cuatro miembros elegidos para formar parte del Tribunal Constitucional, también a propuesta del PP.
Un acuerdo político para la renovación de los órganos constitucionales, que como todos los pactos es insatisfactorio para los firmantes y que lógicamente puede ser valorado críticamente, tanto por la forma de negociarlo como por el fondo acordado, en cuanto a los candidatos propuestos, pero que no parece materia suficiente para un escándalo de la magnitud del que estamos viviendo.
Sobre todo, cuando se trata de una renovación parcial que pretende hacer frente a una situación de un bloqueo de años, que todos coincidimos en que ha provocado un profundo deterioro y una crisis institucional, y que entre otros han sido denunciados reiteradamente por los medios de comunicación y por las propias instituciones afectadas. Todo ello ha significado un enorme deterioro del prestigio de las instituciones entre la ciudadanía así como de la democracia española en Europa, como consecuencia del traslado de la confrontación política, y que además ha polarizado su dinámica tradicional de funcionamiento interno, hasta el extremo de acabar en la práctica con la cultura de la transacción y el consenso en sus dictámenes y sentencias, adoptadas con cambios de ponentes y de ponencias y resueltas por mayorías pírricas, de las que las últimas sentencias de inconstitucionalidad sobre la pandemia son una muestra más que significativa.
Es el PP quien debe explicar por qué mantuvo a Enrique Arnaldo cuando las irregularidades, que no delitos, eran tan evidentes
En este sentido, unos y otros hemos sido conscientes de que levantar el veto era un imperativo democrático, ya que el funcionamiento regular de las instituciones era la base de cualquier programa de regeneración. Algo que no se hubiera podido lograr en base a sustituir el bloqueo protagonizado por el PP por los vetos cruzados a sus candidatos, por muchas razones que hoy se tengan para cuestionar a un candidato concreto como el señor Arnaldo, propuesto por el PP. En definitiva, las carencias de una propuesta recaen sobre todo en el empecinamiento en el mantenimiento de la propuesta por parte del partido proponente. Es el PP quien debe explicar por qué lo mantuvo cuando las irregularidades, que no delitos, eran tan evidentes. Sobre todo porque no son algo inédito en las propuestas institucionales del PP los casos de manifiestas incompatibilidades público privadas y éticas de todo tipo. Lo que llama la atención es que sean ahora para unos piedra de escándalo y para otros una oportunidad para un ejercicio de hipocresía.
Las críticas a la forma, en cuanto al llamado intercambio de cromos de candidatos afines entre fuerzas políticas tampoco tienen demasiado sentido, sobre todo en lo que se refiere a la renovación parcial acordada y en particular con respecto a un órgano con un carácter de legislador negativo como es el Tribunal Constitucional, en que sus miembros, además de su necesaria cualificación técnica, deben ser coherentes con el pluralismo político de la sociedad española expresado en las urnas. La cuestión adicional de si este acuerdo debería haber contado con un mayor protagonismo del parlamento y no tanto de los partidos mayoritarios, es algo sin duda a mejorar en el futuro, como se ha hecho en este caso con las comparecencias no solo formales en la comisión de nombramientos, pero que cabe la duda razonable de si hubiera facilitado el objetivo inmediato del desbloqueo y el acuerdo después de años de paralización.
En este sentido, poner como ejemplo a seguir los nombramientos de juristas de excelencia mediante el consenso en los primeros tribunales de la Transición, precisamente en estos tiempos de polarización populista y con el precedente de las recientes sentencias pírricas del Tribunal Constitucional, sin duda vale como una referencia a recuperar como objetivo, pero plantearlo como condición necesaria significaría ignorar la realidad del funcionamiento del órgano en estos últimos años y hubiera supuesto abocarnos a la parálisis y a un aún mayor deterioro institucional. Como tampoco se puede comparar la dialéctica política alemana con relación a la española, sobre todo en los últimos años. Los resultados con luces y sombras son los que se corresponden con el momento populista que vivimos y con el dogmatismo constitucional de los sectores conservadores. Alguno de los candidatos es sin duda manifiestamente mejorable, aunque la prioridad ha sido renovar las instituciones y para ello era imprescindible el pacto y también su cumplimiento. Sin embargo, parece que para algunos no valía entonces el bloqueo y ahora tampoco vale el acuerdo.
Otro de los argumentos con respecto a los candidatos rezuma un cierto corporativismo: Nada obligaba a que éstos fueran miembros del Tribunal Supremo o catedráticos de Derecho Constitucional. Como tampoco se podía pretender que una renovación parcial compensara de una vez el desequilibrio de género que es evidente que existe en la institución.
Me ha llamado la atención también que en ambientes tan proclives a la disciplina de todo tipo, se aplaudan las razones de conciencia, tan solo con el objetivo de debilitar a los grupos parlamentarios de la izquierda que han votado el acuerdo. Yo también lo hubiera votado, y no solo por responsabilidad, sino por convicción.
En definitiva, el acuerdo sobre el TC no me parece como dicen ninguna chapuza, parafraseando a El Halcón Maltés 'es de la materia imperfecta de nuestros sueños', a veces tan cerca de las pesadillas. El secreto de los pactos es que siempre son agridulces y a uno le gustaría votar solo lo dulce, lo malo es que ambas cosas van en el mismo paquete. Levantar un veto tiene sus servidumbres. Espero que cunda con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin más excusas.
El PP es en todo caso el responsable, primero de su negativa a la renovación y ahora de las carencias de sus propuestas y de su negativa a rectificarlas, aunque también parezca que de nuevo haya quienes pretendan que lo paguemos todos. Y luego hablarán del relativismo moral de la izquierda.
