La tragedia desatada por la irrupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de la Palma no es responsabilidad de ningún ser humano, ni siquiera de Pablo Casado. La morfología del planeta se ha ido formando a lo largo del tiempo mediante terremotos, volcanes, sunamis y movimientos orogénicos de todo tipo que principalmente tuvieron lugar cuando el hombre todavía no había comenzado a llenarlo todo de mierda. Sin embargo, sí es achacable a cierto tipo de homínidos la forma sensacionalista, rastrera y peligrosa en que ciertas cadenas de televisión están cubriendo el dramático acontecimiento poniendo en riesgo la vida de los corresponsales, de quienes tendrían que intentar salvarlos o vendiendo la noticia como si fuese un espectáculo que además, cuando acabe, añadirá unos metros más de superficie a la isla y a la patria. Esta forma de hacer periodismo -recriminada por un guardia civil a Ana Rosa nosequé- es la misma con la que explican la realidad que nos rodea, los acontecimientos diarios, las noticias, la política, los problemas de la gente, quiénes son los buenos, los malos y los regulares, sin pararse a considerar el daño tremendo que están haciendo a la convivencia y al progreso del país.
Si la devastación provocada por el volcán es sólo achacable al funcionamiento normal de la Naturaleza, la subida escandalosa y también destructora del precio de la luz es sólo atribuible a las personas que obtienen beneficios descomunales de la explotación oligopolística de un servicio público esencial como es el suministro de energía eléctrica. Como bien ha explicado Juan Torres López en sus últimos artículos, desde que iniciaron su andadura ligadas a los gobiernos de la Restauración y la dictadura, ningún Gobierno ha sido capaz de poner a las eléctricas bajo el imperio de la ley. Muy relacionadas con el poder político y con el poder financiero desde su nacimiento, las grandes empresas eléctricas siempre tuvieron ministros, presidentes y vicepresidentes que luego de prestar los servicios debidos regresaron a casa para recibir los pagos merecidos. Durante décadas las compañías eléctricas colocaron postes y torres allá donde quisieron sin ni siquiera avisar al propietario, sin pagar un euro por utilizar tierras que no eran suyas; tuvieron a su merced arroyos, ríos y pozos, haciendo y deshaciendo según su interés particular, nunca el del país; llenaron los pueblos y ciudades más hermosas de enjambres de cables sin que nadie fuese capaz de decirles que eso no se podía hacer; cortaron el suministro cuando les vino en gana y devoraron a las pequeñas empresas suministradoras para evitar cualquier tipo de competencia. No sé en otros países con más tradición democrática que el nuestro, pero la realidad es que en España las compañías eléctricas no prestan un servicio público, sino que se apropiaron de él para crear una casta política y económica que parasita sobre el país, demostrando además su incapacidad e ineficacia para dar a los españoles un suministro de energía moderno y a precio razonable.
Estamos bajo un volcán creado por la insumisión de las grandes corporaciones a la Ley
El poder de las eléctricas llegó al paroxismo durante la dictadura franquista, cuando los dueños eran procuradores, consejeros del reino, ministros y visitaban al caudillo en El Pardo para darle instrucciones. Después la democracia hizo bien poco, apenas aquel intento por crear una Red Eléctrica pública que luego se privatizó parcialmente y poco más que privatizar Endesa para regalársela a la empresa pública de energía italiana. Siguiendo la costumbre heredada de la dictadura, los sucesivos gobiernos democráticos no pusieron el más mínimo problema para que el oligopolio lo siguiese siendo, continuando con sus prácticas salvajes contra los ciudadanos y la Naturaleza. Sin embargo hay dos hechos que marcan un antes y un después dentro de la política de servidumbre de los gobiernos a las eléctricas: Uno, el impuesto al sol que penalizaba el autoconsumo para dar tiempo al oligopolio a situarse en el sector de las renovables; otro, crear una tarifa eléctrica mediante la cual todos los kilovatios producidos se pagarían al precio que costase el más caro, es decir que si el coste de un kv de energía eléctrica hidráulica es, por ejemplo, un euro y el de la electricidad producida por gas natural de 50, pagaremos todos los kilowatios a cincuenta, lo que claramente es una incitación al robo, al agio, al abuso, al estraperlo energético. Por otra parte, y aunque el descabellado impuesto al sol fue suprimido, quedan secuelas que se derivan también de la situación de predominio hegemónico de las eléctricas: Mientras el precio del megavatio en el mercado mayorista está a punto de alcanzar los doscientos euros, el precio que paga el oligopolio a quienes tienen excedentes en sus casas, empresas o instalaciones particulares no alcanza los diez céntimos por kilovatio, dejando de pagar cuando el excedente vertido a la red sea superior a la factura. Venden la electricidad a precio de oro y la compran a particulares a precio de saldo, lo que continúa siendo una rémora enorme para el autoconsumo y, por tanto, para dejar de consumir energías fósiles.
Por otra parte, dentro de esta locura especulativa que estamos viviendo y de la que también es responsable la Unión Europea por el marco legal creado y por su inacción, es llamativo que la mayor organización empresarial del país, que se ha negado a que se suba el salario mínimo 15 €, no haya dicho ni media palabra sobre el oligopolio energético y el enorme aumento de costes que supone para las empresas españolas estas subidas sin fin. Parece ser que el Sr. Garamendi y su equipo directivo disfrutan de las ganancias de las eléctricas aunque sea a costa de la competitividad del resto de las empresas, al fin y al cabo, cuanto peor, mejor que ha sido siempre el lema de la reacción española de cara a que cualquier intento reformista no llegase a buen puerto. Antes muerta que de otros.
El oligopolio eléctrico está desafiando al poder democrático. Saben que el incremento insaciable del precio de la luz puede derribar gobiernos. Los empresarios callan porque la jugada les puede venir bien. De no actuar rápida y contundentemente en España y en Europa, volveremos a la oscuridad en la que tan bien se mueven quienes siente alergia y asco hacia los derechos de los ciudadanos y consideran que toda la riqueza del país está sometida a sus intereses personales y corporativos. Estamos bajo un volcán creado por la insumisión de las grandes corporaciones a la Ley.
