“Rondan promesas de cambios legislativos que aguardamos entre la esperanza y el susto de que vuelvan a dejar a tantas fuera. ¿Abrimos esa puerta, para hacerla más inclusiva, para que abarque más realidades?”
El 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. Este día se instauró tras el asesinato en República Dominicana de las tres hermanas Mirabal, activistas en contra de la dictadura de Trujillo. Con él se pretende ampliar la perspectiva y tomar conciencia de la profundidad de las violencias que sufrimos las mujeres, considerada a menudo una violencia de “segunda”. Como dice la antropóloga y feminista Rita Segato “los crímenes contra las mujeres son vistos en general como un crimen menor". En un día como hoy, necesitamos ampliar esta mirada angosta y reducida. La que fue una ley pionera y modélica en 2004, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se ha quedado estrecha. Esta ley trata de proteger las violencias dentro de la pareja o ex pareja, sin cubrir las que vivimos fuera de las relaciones sexo-afectivas. La ley supuso un cambio de mentalidad, sacando de lo privado a lo público este tipo de violencias. Y lo hizo con una mirada integral que incluía no solo el castigo sino procesos de prevención, protección y persecución, en la línea que recomiendan los tratados internacionales suscritos por España. Esto ayudó a ampliar la mirada y ensanchar las mentalidades, a abrir esa puerta estrecha. Y hoy necesitamos abrirla otro poco más.
Rondan promesas de cambios legislativos que aguardamos entre la esperanza y el susto de que vuelvan a dejar a tantas fuera. ¿Abrimos esa puerta, para hacerla más inclusiva, para que abarque más realidades?
Es fundamental aprobar y dotar de presupuesto una nueva ley contra la violencia sexual, que amplíe la protección a las mujeres sin una mirada patriarcal. Necesitamos que se trabaje en la sensibilización con la población masculina desde la escuela. Celebramos que en esta propuesta de ley exista un apartado amplio en torno a los procesos de reparación de las supervivientes. La “ley de solo el sí es sí” se aleja de la estrechez de la vía punitiva. El castigo resulta una mirada angosta y reducida, que a las mujeres nos deja como víctimas con poca agencia, necesitadas de protección. Y además, castigos ejemplarizantes disparan la bilis de los que cuestionan estas violencias, pasando de victimarios a víctimas. ¿Podemos ampliar la protección y exigir recursos estables, integrales y reparadores que pongan a las personas dañadas en el centro?
Muchas dentro del Movimiento Feminista queremos también una ley que proteja los derechos de las personas transexuales y del colectivo LGTBI, confiando en que esto amplía derechos y no borra a las mujeres. Desde los feminismos hace tiempo que sabemos que todos los cuerpos no normativos merecemos herramientas legislativas que nos ayuden en construir un mundo más equitativo, donde las discriminaciones e injusticias traten de eliminarse o al menos paliarse. Abrir puertas nos hace más inclusivas, nos fortalece. ¿Queremos, en serio, ese camino estrecho en el que solo algunas entran?
Necesitamos remodelar un sistema que no está sabiendo proteger adecuadamente a los y las menores y adolescentes que sufren abusos sexuales. Las madres que denuncian posibles abusos sexuales por parte de algún miembro de la familia están siendo criminalizadas y castigadas, viendo limitado su contacto con sus criaturas. A pesar de que uno de cada cinco menores en España ha sufrido abuso sexual en la infancia, casi ninguno de estos casos se judicializa y aún menos consigue una sentencia que repare ese daño. Esta es una violencia que sustenta de manera muy fundamental el sistema patriarcal y requiere un cambio urgente y radical. ¿Nos vamos a atrever a enfrentar este complejo fenómeno con una mirada feminista, abierta, amplia y garantista del interés superior de las y los menores?
Estas posibles novedades legales deben desarrollarse escuchando el debate social y también los últimos datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, publicada en septiembre de 2020, que indica que una de cada dos mujeres residentes en España de 16 años o más ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer. Esto supone once millones seiscientas ochenta y ocho mil cuatrocientas once, es decir, el 57,3% de las mujeres en España. ¿No son muchas como para seguir con las proclamas de las denuncias falsas?
Según los datos de la citada Macroencuesta, los avances materiales contra la violencia de género existen pero son escasos, son insuficientes; muchas quedan al otro lado de la puerta, desprotegidas. “La denuncia sigue siendo una puerta muy estrecha para muchas mujeres” ha reconocido Victoria Rosell, Delegada de Gobierno para la Violencia de Género. Tres de cada cuatro mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de la pareja no denuncia. El sistema de protección institucional, incluyendo el judicial y el policial, a pesar de los notables avances, sigue siendo reducido.
Todos los años se asesina a mujeres después de haber interpuesto denuncia. El riesgo es alto, la protección estrecha
Todos los años se asesina a mujeres después de haber interpuesto denuncia, según publica el Ministerio de Presidencia y el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género. El riesgo es alto, la protección estrecha. Incluso después de haber dado el paso de denunciar, en ocasiones se valora que no es necesaria una Orden de Protección porque el riesgo no se considera grave o extremo. Se valora con una mirada deshumanizada, estrecha y opaca. Entre 2012 y 2018, solamente en España, treinta y una mujeres fueron asesinadas después de haber visto denegadas las medidas de protección solicitadas. La caída de concesiones de Órdenes de Protección es uno de los mantras de las organizaciones que trabajan en la atención a familias en procesos de violencia. Descienden cada año las mujeres que reciben protección por parte de Juzgados y Policía. Y además, las que consiguen la Orden de Protección tampoco tienen garantizada su supervivencia. Entre 2012 y 2018, treinta y tres mujeres fueron asesinadas teniendo una medida de protección en vigor. Son datos oficiales dolorosos, y que requieren voluntad de cambio, recursos humanos y presupuestos adecuados.
Durante los periodos de confinamiento de 2020, muchas mujeres se han visto obligadas a convivir con su maltratador sin poder acceder a recursos adecuados, han bajado aún más las denuncias, y han subido las llamadas informativas y de auxilio al 016. Las organizaciones sociales y las asambleas de los barrios solicitan medidas eficaces que no dejen a estas mujeres al otro lado de una puerta cerrada.
En este 25N de un año pandémico, incierto y complejo ¿no es más importante que nunca ampliar la mirada, abrir las puertas, ensanchar las estrecheces? ¿Igual nos merecemos ya tirar algunas barreras, puertas antiguas que nos violentan?
Nerea García Llorente, abogada y formadora en Otro Tiempo.
