El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha asegurado que legislará por la participación de las trabajadoras y trabajadores en el gobierno de las empresas, en línea con el anuncio hecho a principios del mes de mayo por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
En las jornadas tituladas "Democracia en la empresa" organizadas por el grupo parlamentario y la Plataforma para la Democracia Económica, el diputado Roberto Uriarte, ha asegurado que esta democratización supone "la corresponsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras en el gobierno de las empresas constituye un mandato del Art. 129.2 de la Constitución que apenas ha tenido desarrollo" y que por ello, el grupo se encuentra elaborando iniciativas en el Congreso en este sentido.
“Somos uno de los pocos países del mundo cuya Constitución si se preocupa por el gobierno de las empresas y establece un mandato imperativo (…) pero llevamos 40 años en desacato del artículo 129, en el cual el legislador ordinario no ha sido capaz de legislar ni de ofrecer unas condiciones de ventaja a las empresas de economía social o de emprendizaje cooperativo. Tampoco ha sido capaz de regular la participación de los trabajadores y el acceso al capital, por lo que el mandato sigue incumplido”, ha explicado Uriarte.
Roberto Uriarte es Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y profesor titular de dicha asignatura. Nacido en Bermeo en 1960 ha sido secretario general de Podemos en el País Vasco.
Desde Unidas Podemos, prevén nuevos avances a lo largo del próximo año hasta "culminar" la regulación de los derechos previstos en la Constitución y dentro del Estatuto de la empresa del siglo XXI.
La jornada, en la que también se han analizado experiencias implementadas en el norte de Europa, ha contado con parlamentarios, líderes empresariales y sindicales y representantes del mundo académico.
En ese sentido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto estas semanas sobre la mesa este asunto, al anunciar que en breve va a convocar a la patronal y los sindicatos para "debatir" y "abordar" el desarrollo legal de la posible participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y órganos de toma de decisiones de las empresas. De salir adelante una norma de este tipo "mejorará la producitividad de las empresas y de la economía en general", ha asegurado la titular de Trabajo.
Este hecho no es nuevo ni mucho menos en España. Empresas públicas del metal, entidades como el banco de España o los consejos de administración de las cajas de ahorro tienen recogidas por ley fórmulas de representación de los trabajadores en sus consejos de administración.
Díaz ya había anunciado durante su intervención la manifestación del Primero de Mayo en Madrid su intención de negociar una Ley de Participación Institucional con los agentes sociales, si bien no ha sido hasta un encuentro informativo organizado por Europa Press cuando ha concretado qué persigue con esa regulación.
Se trataría, según explicó, de aprobar una ley que desarrolle el artículo 129.2 de la Constitución española que dice que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Esto se traduciría fundamentalmente en la presencia en los consejos de administración de los trabajadores a través de su representación legal, algo que según ha recordado Díaz ya existe de forma regulada en 18 países del mundo. El modelo más antiguo de este tipo de representación es la denominada fórmula codecisión de Alemania, presente desde 1976. La norma alemana La ley permite a los trabajadores elegir representantes (normalmente sindicales) para casi la mitad del consejo de administración. Se aplica a las empresas públicas y privadas con más de 2.000 empleados. En el caso de las compañías con entre 500 y 2.000 trabajadores la elección de esta representación se limita a un tercio del consejo.
Sin embargo, Díaz manifestó que "la manera de trabajar en España no es la misma que en Alemania" y por eso ha sugirió que el modelo germánico no es trasportable directamente a la legislación española y, por eso, pretende primero escuchar a académicos y técnicos legales y luego a los empresarios y sindicatos, para negociar una regulación de esta participación laboral en las empresas.
"Esto enriquecería a las empresas no solo porque las democratizaría, no hay ningún otro lugar donde se ejerza la democracia de manera tan directa, sino porque además, los trabajadores son una parte del talento de los consejos de administración que no se puede perder", ha insistido la ministra.
En este sentido ha recordado que ya hay empresas como Navantia o "muchas empresas en el País Vasco" que ya tienen sentados a representantes de sus trabajadores en los consejos de administración. Del Consejo de administración de Navantia forman parte dos trabajadores en representación de la parte social. En este momento son Emilio Juanatey, presidente del comité de empresa de Ferrol y Ramón Joaquín Buendía del Comité de Cartagena, ambos de Comisiones Obreras
En cualquier caso, ha recordado que, una vez se inicien las negociaciones para regular esta cuestión, "si lo que pienso no funciona, no me da miedo rectificar", dejando así abierta la posibilidad de que se trate de un asunto tan espinoso que pueda no llegar a buen término.
Tras este anuncio de la ministra, el líder de CC OO, Unai Sordo, se mostró de acuerdo con que "la falta de democracia en los centros de trabajo es uno de los grandes déficits del modelo laboral español". Por ello, ha añadido que "sería muy importante que a la hora de determinar las decisiones estratégicas que se toman en una empresa sobre inversión o sobre mejora de la productividad, a los trabajadores no se les conciba como un sujeto pasivo, sino como un sujeto democráticamente empoderado y esto es muy importante. Lo hacen los países más avanzados del mundo. Es un elemento de mejora, no solo de la calidad del empleo, sino de la productividad de las propias empresas", ha coincidido con Díaz.
En ese punto, Sordo ha apostado por la productividad "buena" que es, según ha explicado, la que tiene que ver con la mejora en las formas de trabajo, con la cualificación permanente o con la transición digital, "y ahí la participación de los trabajadores es clave, porque nadie mejor que un trabajador para velar por el futuro de su empresa, porque si pierde la empresa pierde el puesto de trabajo", ha señalado. Por lo tanto, estos motivos calificó de necesarias medidas que amplíen la participación de los trabajadores en la empresa: "El sindicalismo fue el pariente pobre de la transición y la democracia se quedó en las puertas de los centros de trabajo. Esto es verdad y hay que corregirlo en nuestro país", ha concluído.
Por otra parte, Díaz ha anunciado que también en los próximos días convocará a los interlocutores sociales para buscar soluciones a la existencia de unas 109.000 vacantes en empresas que no encuentran trabajadores para cubrir esos puestos, algo que la ministra ha equiparado, pero en mucha menor gravedad, a la denominada "gran dimisión" que está experimentando el mercado laboral de Estados Unidos.
