La Unión Europea decidió el pasado mes de julio acelerar la reducción de sus emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero con el objetivo de conseguir en 2030 un recorte del 55% respecto a los niveles alcanzados en 1990. Se trata de un objetivo ambicioso, cuya consecución supondría más que duplicar en la actual década el ritmo de disminución de las emisiones mantenido en las décadas anteriores: desde 1994, año en el que entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hasta 2019, la reducción de las emisiones de CO2 fue del 27% respecto al nivel de referencia de 1990. Gracias a la intensificación del ritmo de reducción de las emisiones netas se podría alcanzar el compromiso de neutralidad climática (cero emisiones netas) en 2050.
Los informes de la comunidad científica internacional, las evidencias acumuladas sobre las perturbaciones climáticas que está causando el calentamiento global (temperaturas extremas, inundaciones, sequías o incendios) y las preocupaciones que muestran la mayoría de los partidos y la ciudadanía autorizan a pensar que la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una fuerza y un movimiento imparables. Sin el trabajo de décadas del movimiento ecologista, el consenso europeo e internacional sobre ritmos, objetivos e instrumentos acordados por gobernantes de todos los países, por ejemplo, en el acuerdo de París de 2015, no habrían sido posibles.
Pero el éxito de los acuerdos internacionales en materia climática no supone que los objetivos planteados puedan considerarse hechos seguros o vayan a conseguirse en las fechas establecidas. Los avances también puedan provocar, junto a muchos beneficios y mayor bienestar del conjunto de la población mundial, costes económicos significativos para países, empresas y sectores productivos o amplios sectores sociales que, si son dejados a su suerte, pagarán los inevitables platos rotos que causará la transición energética; más aún si se permite que sean los mecanismos y la lógica de unos mercados desregulados y su ciega mecánica de acumulación de capital y maximización de beneficios los que dirijan y orienten los procesos de transición y transformación estructural.
La pandemia surgida en 2020, que parece a punto de ser controlada en los países ricos y en algunos países emergentes, desveló la aguda crisis incubada por el modelo capitalista neoliberal vigente en las últimas cuatro décadas. Una crisis que no sabemos en qué concluirá ni en qué plazos. En todo caso, no parece razonable descartar una vuelta atrás y el remozamiento de esos modelos neoliberales, ya que las propuestas alternativas que se ofrecen están, al mismo tiempo, en construcción y en disputa por parte de las grandes potencias que pugnan por el liderazgo mundial o por asegurarse cierta capacidad de influencia, como es el caso de la UE. Disputa que se prolonga en los tableros políticos y sociales nacionales.
La sensación de fin de época y los miedos y desórdenes que alimentan esa apreciación responden a una situación real de crisis que puede concluir en diferentes escenarios más o menos estables o en un largo periodo de decadencia y convulsiones que añadan riesgos y muchos interrogantes sobre la capacidad de gobernar las reformas que son imprescindibles y de encajar las consecuencias, en gran parte desconocidas, de los cambios estructurales.
Factores que pueden frenar la transición energética
Muchas son las causas que pueden obstaculizar la lucha contra el cambio climático o condicionar, a favor de intereses particulares minoritarios, la acción pública por una transición verde. Para evitarlas, convendría aclarar malentendidos y superar prejuicios que, en mi opinión, pueden arruinar el pensamiento crítico y la acción política progresista en la tarea de impulsar la transición energética.
Lo previsible es que el surgimiento de un populismo antiecologista no se base en el negacionismo del cambio climático, tal y como han intentado en los últimos años las derechas más conservadoras y la extrema derecha. Una parte de esas derechas, la más ultra, centrará su agitación en la denuncia de los costes económicos y las desigualdades que ocasione la transición verde, preconizando como alternativa un repliegue nacional y la restauración de los valores eternos de la nación como un escudo protector. Otra parte, mejor conectada con los intereses de los grandes grupos económicos, intentará aprovechar las oportunidades que ofrece la transición verde, en cuanto a financiación y garantías públicas a sus inversiones, para compartir costes y riesgos con los estados, modernizar su capital productivo y reforzar sus posiciones en los sectores y mercados del futuro. En ambos casos, la pretensión de las derechas es la misma: que la transición ecológica no suponga una subordinación de las empresas privadas al interés público. Esa es la razón de su contundente rechazo a cualquier perspectiva de pacto de estado o acuerdo social que comprometa al poder político con la ciudadanía, ofrezca solidaridad y certidumbres a la mayoría social y establezca garantías de protección social para que las transformaciones estructurales pendientes no generen más desigualdades o supongan mayores costes y riesgos para los sectores más vulnerables.
Por eso es tan importante que la oposición a los acuerdos que muestran los partidos españoles de derechas y su estrategia de ingobernabilidad no lleven a paralizar la transición verde y el resto de cambios estructurales necesarios ni a impedir las garantías de solidaridad, cohesión y protección que el Gobierno de coalición progresista debe ofrecer al conjunto de la sociedad y, especialmente, a los sectores más vulnerables. Nos jugamos en este desafío la continuidad de un gobierno y unas políticas progresistas, pero también una modernización de estructuras y especializaciones productivas y del modelo de crecimiento en los que puedan asentarse y desarrollarse empresas, actividades económicas y empleos de calidad y de futuro.
La tarea de impulsar la transición verde sin abrir espacios para el desarrollo de un populismo antiecologista que pueda frenar o condicionar los cambios estructurales se va a jugar en múltiples partidas simultáneas que van a requerir la máxima atención.
1. El catastrofismo no es un buen aliado de la acción política progresista
Los miedos que generan los anuncios de colapso energético o de una catástrofe climática y humana inminente no determinan una mayor intensidad de la movilización social para evitarlos ni, mucho menos, definen los programas, contenidos y líneas de actuación necesarios para evitar las causas de esos malos augurios.
Nada puede reemplazar la imprescindible y ardua tarea de construcción de grandes acuerdos sociales y pactos políticos de estado en cada país, en la UE y en el ámbito internacional ni la trabajosa labor de esclarecimiento y gestión de los costes y beneficios que cabe prever de la aplicación de los programas aprobados.
Los agentes sociales, los movimientos sociales surgidos de las aspiraciones de la ciudadanía y los propios partidos políticos que publicitan sus preferencias y objetivos, tienen también la misión de dar a conocer las evidencias científicas disponibles (con el alto grado de provisionalidad y sometimiento a la búsqueda de hipótesis explicativas más ajustadas a los hechos que caracterizan el proceso del conocimiento científico) y de explicar los previsibles impactos de las reformas que defienden. Corresponde al conjunto de la ciudadanía, con la extrema heterogeneidad que la informa y su capacidad de conformar mayorías políticas a través de elecciones democráticas, respaldar a los partidos y las propuestas que merecen su confianza.
La acción política a favor de una transición verde no está determinada por la conciencia trágica o más avanzada de una minoría esclarecida ni por las condiciones objetivas o la relación de fuerzas, que son siempre interpretaciones aproximadas; tampoco, por la ciencia o los miedos de la ciudadanía. Todos esos factores pueden condicionar la acción política, pero lo decisivo es siempre la disposición, el conocimiento y los pareceres de la mayoría social. Y eso es lo que toca reforzar o modificar.
2. ¿Un cambio armonioso o un proceso convulso?
Que puedan acelerarse los ritmos de la transición energética dependerá de los márgenes de actuación que ofrezcan a las autoridades responsables las opiniones públicas, el consenso político logrado, los progresos de las tecnologías verdes y la gestión de los costes e impactos económicos y sociales destructivos que vayan produciendo las medidas aplicadas.
Habrá que tener en cuenta, también, que las derechas europeas más extremas y conservadoras van a estar ahí, interesadas en su objetivo común de aprovechar la actual crisis del orden neoliberal y las convulsiones que van a provocar las transiciones y transformaciones estructurales que se han puesto en marcha.
Frente a un populismo izquierdista muy crítico, desgastado e incapaz de conectar con las demandas de seguridad y protección que reclaman las grandes mayorías sociales, existe también un populismo derechista en ascenso que ha aprendido a canalizar y representar las resistencias sociales que despiertan las reformas de calado y las situaciones de crisis o nuevas, como ha ocurrido con la inmigración o, más recientemente, con el movimiento negacionista de las vacunas en bastantes países.
La transición ecológica y la búsqueda de un nuevo orden económico alternativo al neoliberal no van a ser caminos fáciles de transitar
En todo caso, resulta difícil imaginar que la transición verde pueda ser un proceso armonioso o sin costes. Las previsibles consecuencias negativas de la transición energética son de entidad: primera, destrucción del capital y el tejido empresarial asociados a las viejas técnicas de producción basadas en las energías fósiles; segunda, desaparición de los empleos y cualificaciones vinculados a ese capital productivo, que será tanto más intensa y difícil de gestionar cuanto más rápida sea la transición y más cambios repentinos ocasione en la estructura de empleos y en la demanda de nuevas cualificaciones; tercera, mayores niveles de desigualdad de rentas y patrimonios derivados de la modificación de la estructura productiva y de una nueva distribución primaria de la renta entre sectores y empresas; cuarta, degradación de la competitividad-coste de Europa, si el resto del mundo adopta aproximaciones más lentas a la transición energética y las instituciones comunitarias no aciertan a establecer ajustes comerciales en las fronteras comunitarias que compensen esa degradación; y quinta, gran parte de los componentes y materiales que requieren las energías eólica o solar son importados, por lo que su desarrollo podría dar lugar a un impacto positivo de relocalización en Europa de parte de la fabricación de esos componente, si hay una planificación pública que la incentive, pero también a un incremento de las importaciones y una traslación de la actual dependencia de las energías fósiles hacia los componentes y minerales que requieren las energías renovables.
Los cinco puntos mencionados son una sucinta enumeración de algunos de los riesgos y potenciales costes que, si no cuentan con la acción compensadora y reguladora de los estados y las instituciones comunitarias, podrían provocar el rechazo de amplios sectores sociales y económicos golpeados por los cambios. La transición ecológica y la búsqueda de un nuevo orden económico alternativo al neoliberal no van a ser caminos fáciles de transitar.
3. ¿La transición verde atenuará las desigualdades?
La descarbonización de la actividad económica y el peso creciente de las energías renovables supondrán un alza significativa del precio de la electricidad que, según estudios solventes, podría llegar en 2050 a más que duplicarse en términos reales (descontando la inflación). Auge de precios que nada tendría que ver con la subida transitoria de la factura eléctrica sufrida este verano y, previsiblemente, en los próximos meses como consecuencia, entre otros factores, del sistema marginalista de formación de precios y el carácter oligopólico de nuestro mercado eléctrico.
La causa fundamental del encarecimiento de la electricidad en las próximas décadas estará relacionada con el carácter intermitente de las fuentes de energía renovables (solar y eólica terrestre, fundamentalmente) y, como consecuencia, con la exigencia de contar con capacidades de producción instaladas significativamente superiores a los picos de la demanda para asegurar la continuidad y seguridad del suministro; por lo menos, hasta que los progresos de las tecnologías verdes consigan sistemas eficientes y baratos de almacenamiento.
El primer factor de desigualdad está relacionado con ese notable aumento de los precios de la electricidad y el muy distinto peso que supone el consumo de energía en los costes de los hogares. En la UE, el quintil (20%) de las familias más modestas gastaba en energía, antes del estallido de la gran crisis global de 2008, una media de alrededor del 15% de su renta neta (descontados los impuestos), mientras que en el quintil de mayores ingresos apenas suponía un 6%. Para que no aumente la desigualdad, el poder político tendría que compensar su mayor incidencia relativa en los hogares más modestos. De no producirse esa redistribución de rentas se produciría un empobrecimiento significativo de los sectores más vulnerables y el consiguiente malestar social; de producirse, supondría un aumento de la presión fiscal que los sectores con mayores rentas y patrimonios afectados asociarían con la transición energética.
La segunda causa está vinculada al desigual impacto de la transición verde sobre empresas y sectores económicos, en función de la intensidad de sus consumos energéticos, lo que ocasionará modificaciones de costes, rentabilidades y valoración de sus activos que repercutirían en los márgenes, los valores añadidos o la solvencia. Y lo mismo cabe decir por países, ya que ni la actual dependencia de recursos energéticos basados en el carbono, sean nacionales o importados, es la misma ni las necesidades o posibilidades de obtener financiación extra para incrementar la inversión neta en la producción de energías renovables son de parecida magnitud.
Y la tercera razón que podría favorecer el aumento de la desigualdad estaría conectada a la repercusión que el alza de los costes energéticos tendría sobre el aumento del nivel general de precios, que terminaría afectando al consumo y, por tanto, a la actividad económica y a la competitividad y rentabilidad de las empresas, en función del grado de intensidad en el consumo de energía y su eficiencia energética. Las repercusiones macroeconómicas del potencial aumento de la inflación obstaculizarían la continuidad de las políticas monetarias expansivas y los programas de compra de deuda pública de los países del sur de la eurozona por parte del BCE, que son claves para mantener bajos los tipos de interés y, por tanto, la solvencia de los estados, especialmente en la actual situación de muy altos niveles históricos de endeudamiento público y privado.
Tras la enumeración de varios de los factores que pueden contribuir al surgimiento de un populismo antiecologista instrumentalizado por fuerzas que se oponen a la transición energética, finalizo con unos apuntes mínimos que pretenden señalar algunas cuestiones que requieren ser debatidas para afinar la acción política de las fuerzas favorables a la transición energética.
La mayoría social va a demandar claridad sobre los desafíos y dificultades que implica la transición energética
No solo deben observarse con preocupación la falta de ritmo o la poca ambición de los programas de transición energética que se pongan en marcha. Preocupaciones similares deberían suscitar los riesgos de instrumentalización por parte de la extrema derecha de los costes que ocasionará dicha transición.
No basta con criticar y empujar. Lo medular es la atención a los hechos, a los problemas que preocupen a la mayoría social y a la compensación de los costes que ocasionará, necesariamente, la transición verde.
No se trata tan sólo de empujar y cargar las tintas sobre la tragedia que puede aguardar al género humano si no se actúa con suficiente celeridad; el problema de gobernar la transición energética, sin dejarla en las manos exclusivas del mercado y su lógica de acumulación del capital y maximización de los beneficios empresariales, es mucho más peliagudo y requiere más capacidades administrativas, más apoyos sociales, más financiación, más tiempo, más controles y más inteligencia política de los que hoy parecen disponibles.
La transición energética no va a ser un camino de rosas, ya que supondrá muchos y graves costes y riesgos. La mayoría social va a demandar claridad sobre los desafíos y dificultades que implica, junto a garantías y seguridades firmes y pactadas de antemano de que la transición verde no va a suponer más protección para los negocios y beneficios de las grandes corporaciones ni más desprotección de la mayoría social o nuevos factores de vulnerabilidad.
El problema central de la transición energética es y seguirá siendo en las próximas décadas la construcción de mayorías sociales y políticas en torno a propuestas que ofrezcan perspectivas factibles de orden, seguridad y bienestar a la mayoría de la sociedad y compromisos fiables de que los costes y beneficios que ocasionen los cambios por hacer se van a repartir de forma justa, sin que aumenten las desigualdades ni se amplíen los márgenes de la exclusión social y la pobreza relativa.
