El enunciado de “Transición Ecológica justa” es el paradigma de un cambio necesario para evitar el colapso climático. Define una necesidad imprescindible ante la situación actual de cambio climático, es una cuestión de supervivencia. El adjetivo de “justa” determina que se quiere realizar con los mínimos costes sociales posibles, como repite de forma reiterada el gobierno: “sin dejar a nadie atrás”. Nos encontramos ante un planteamiento necesario, justo y loable, pero hay que decir que llevarlo a la práctica no estará exento de problemas, tensiones y conflictos sociales. Eso será una realidad añadida a la confrontación política extrema que están llevando a cabo las derechas en España.
Transición comporta cambios profundos y esta Transición Ecológica comporta un cambio en profundidad a muchos niveles y aspectos de la actual forma de producir y de vivir. No es un cambio sencillo y por tanto provocará que mucha gente y muchos sectores se vean afectados en su vida y en su trabajo actual. Hay varios sectores que pueden desaparecer y esto afectará a miles de puestos de trabajo. También es cierto que aparecerán otros sectores como consecuencia de la transición ecológica y digital con nuevos puestos de trabajo. Pero no se corresponderán los que desaparecen con los que se crean ni en calidad ni en cantidad. Es por ello que decir que se quiere hacer de forma “Justa”, cuando se utiliza esta concreción, es porque se da de forma realista por supuesto que habrán damnificados, mucha gente de diversos sectores que tendrá miedo en principio a verse afectada de forma negativa por los cambios, y esto comportará sin ningún tipo de duda conflictos derivados de la afectación subjetiva de los cambios.
La Transición Ecológica Justa implicará un cambio tan sustancial como priorizar de forma irreversible la utilización de energías limpias en lugar de combustibles contaminantes. Esto afecta a los sistemas energéticos pero también supone un cambio en muchos sectores como los transportes o la agricultura solo en el campo de la movilidad.
Todos recordamos todavía los conflictos derivados de la reconversión industrial o del cierre de las minas, situaciones derivadas de un cambio incomparablemente más pequeño que el actual. No hay duda de que ahora hay unos fondos europeos que tienen que poder servir para hacer que estos cambios se den de forma más justa, con compensaciones a los sectores más afectados, y con procesos de formación, de recolocación, de subsidio o en su caso de jubilaciones para las personas afectadas. Pero aun así no significa que los conflictos no se produzcan, especialmente si hay intereses políticos para agudizarlos o capitalizarlos.
Recordamos como en Francia un tema referente a la subida del precio del gasóleo provocó el movimiento de los “chalecos amarillos” que ha perdurado en el tiempo y que ha sido de gran conflictividad y violencia. Los necesarios cambios pueden provocar reacciones conservadoras de los afectados, especialmente si no se hacen con cuidado.
Así pues los cambios hacia las energías limpias tendrán fuertes repercusiones en muchos sectores y afectarán directamente muchos sectores productivos y la vida de mucha gente. Un cambio necesario que deberá hacerse con mucho cuidado para evitar efectos negativos que sean causa de conflictos.
Ya hemos podido ver como cambios positivos han tenido respuestas negativas. La gratuidad de las autopistas y el debate sobre un posible canon de mantenimiento por parte de los usuarios de las autovías y autopistas ha llevado a un debate entre los favorables a que sean los usuarios quienes lo paguen y los que pretenden que lo paguen todos los contribuyentes. También se están dando controversias sobre las implantaciones de parques eólicos o plantas fotovoltaicas que ante una falta de definición clara ha llevado a la oposición a los defensores del paisaje, con más o menos razón, o a la oposición de poblaciones agrícolas que se ven perjudicadas. Y es que todo cambio por positivo que sea comporta contradicciones y la necesidad de establecer prioridades, y porque hay mucha gente que defiende teóricamente un cambio energético más ecológico pero “no delante de su casa”. Por ejemplo hay que destacar que en pocos años un territorio como Cataluña tendrá una fuerte insuficiencia energética derivada del cierre de las nucleares y de las moratorias para la implantación de energías renovables o la oposición a la importación de energía desde Aragón a través de líneas de Muy Alta Tensión.
La repercusión muy directa del cambio energético afectará a todo aquello referente a la movilidad. Esto ya en su inicio será conflictivo para una buena parte de la población que utiliza especialmente el gasóleo en sus vehículos que quedarán desfasados. También tendrá una gran repercusión en el sector agrícola en cuanto a la utilización de los tractores, casi un millón en la actualidad que funcionan con gasóleo. Pero este cambio afectará aún en mayor medida al transporte de mercancías especialmente a las de larga distancia. No será solo el hecho del cambio energético sino la necesidad de potenciar un transporte más sostenible como es el ferroviario frente al de grandes vehículos de motor. Hay que añadir que se trata de un sector con una presencia importando de pequeñas empresas y autónomos.
La movilidad en vehículos de motor representa en nuestro país el 95% de las emisiones de efecto invernadero. España es el país que más utiliza el transporte de mercancías por carretera en un 95% frente al porcentaje del 2% que lo hace por ferrocarril. Este parque de camiones es el más envejecido de Europa con una media de 12,4 años. Todo ello todavía se agrava más en el caso de los vehículos pesados que efectúan los recorridos de larga distancia. El parque móvil de camiones pesados o medianos sube a unos 560.000 vehículos. Y el sector de transporte de mercancías por carretera ocupa casi un millón de puestos de trabajo (entre trabajo directo e indirecto). Un aspecto que puede ser positivo en el sector es el hecho del propio envejecimiento de la flota de vehículos así como el de las plantillas. Hoy en día hay un déficit de 15000 camioneros y el 72% de la plantilla tiene actualmente más de 50 años.
La situación de este sector y como se aborde su necesaria actualización derivada de las políticas energéticas destinadas a combatir el cambio climático tendrá una fuerte repercusión y trascendencia. El transporte de mercancías afecta al abastecimiento de la población y de los sectores productivos, y tiene una importancia decisiva tanto a nivel interno como en la exportación. Es evidente que hará falta una política de recursos públicos importante para evitar una crisis en el sector y establecer propuestas de apoyo y compensación para todas las personas trabajadoras que se puedan ver afectadas y a las que habrá que buscar fórmulas de recolocación, subsidios o jubilaciones adecuadas que eviten una repercusión negativa que podría comportar conflictos sociales importantes. Y este es solo un ejemplo entre muchos.
Si se quiere evitar que el cambio comporte convulsiones y fuertes conflictos sociales con efectos políticos no deseados hay que hacerlo con medidas sociales y económicas que compensen de forma adecuada a los sectores sociales y productivos afectados y el conjunto de la población.
El cambio energético y digital es imprescindible para establecer nuevas formas productivas y para dar un salto importante hacia la productividad y competitividad de nuestra economía con la consecuente mejora de vida futura. Pero esta opción política y económica necesaria para el futuro del país tiene que venir acompañada de una lucha decisiva contra la desigualdad social, por la mejora de la situación de la población trabajadora mediante la estabilidad de los puestos de trabajo, eliminando la precariedad y la economía sumergida, con salarios y condiciones de trabajo dignos, lo cual conlleva un marco de relaciones laborales a la altura de los cambios.
En definitiva la transformación y la modernización económica y productiva derivada del cambio digital y energético debe ir acompañada de un cambio de las relaciones laborales y sociales que comporte una mejora de la situación social y una disminución de la desigualdad social existente.
Original publicado en Revista TREBALL.
