Las Oficinas de Farmacia (OF) de la Comunidad de Madrid se apoyan en Vox para presentar una PNL que les autorice a la realización de Test para la COVID-19. Los farmacéuticos consideran que se debe abrir el debate sobre la función de las OF, más allá de la dispensación de medicamentos. Consideran que deben participar en programas sanitarios, como la detección de VIH, de enfermedades de transmisión sexual, y de violencia machista, independientemente de su titularidad pública o privada. Para ello consideran que las farmacias deben disponer de una adecuada integración en los sistemas de información del SNS.
Entre las funciones de las OF según los términos recogidos en la LGS de 1986 y la ley 25/1990 del medicamento figura la colaboración con la administración en el uso racional de medicamentos. En este sentido sí influye la titularidad privada de las oficinas de farmacia, cuyo objetivo esencial son los beneficios empresariales, dificultando su implicación en la reducción del consumo y la polimedicación creciente en España. El abuso de fármacos representa no solo uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad futura del SNS sino una causa cada vez mayor de enfermedad y mortalidad en las distintas CCAA. Los programas del SNS para combatir este grave problema son deficientes, la colaboración de los profesionales sanitarios no está dando los resultados esperados, y la colaboración por parte de las oficinas de farmacia, con honrosas excepciones, más bien brilla por su ausencia.
De esta forma, somos líderes europeos en consumo de antibióticos entre los países desarrollados y ocupamos el tercer puesto a nivel mundial. Entre un 50-90% de estos antibióticos prescritos son inadecuados, según diferentes estudios, y suponen un grave riesgo de incremento de infecciones incurables. La mayor parte de estos AB son adquiridos en las oficinas de farmacia con recetas del SNS, con recetas privadas que en muchos casos incumplen la normativa vigente, o incluso sin receta, como reconocen los propios farmacéuticos.
También somos líderes en estatinas para el colesterol, cuyo consumo, mayoritariamente innecesario, más que se quintuplicó desde el año 2000. El consumo de opiáceos, que provoca miles de muertes anuales en EEUU, se ha duplicado en la última década, y está convirtiendo en adictos a miles de personas en España, con una disminución progresiva de su calidad de vida.
Con estos datos, no es de extrañar que España tenga la red de farmacias mayor de Europa, con más de 22.000 oficinas, 1 farmacia/2.200 personas, frente a 1 OF/12.000 personas de países como Dinamarca, con un consumo de antibióticos mucho más adecuado.
Por el contrario, entre las funciones de las OF no figura la asistencia sanitaria a las personas ni la toma de muestras para la detección de enfermedades como la Covid-19, sin condiciones, medidas de protección ni formación adecuadas. En este sentido también influye claramente su titularidad privada a la hora de la protección de datos tan sensibles cono la positividad para el VIH, enfermedades de transmisión sexual o la violencia de género, actividades reivindicadas por los empresarios farmacéuticos.
Debemos avanzar hacia la gestión pública de las oficinas de farmacia para incrementar la colaboración con los profesionales en un uso más racional, menos perjudicial y más sostenible de los medicamentos
A veces se utilizan algunos argumentos que son difíciles de entender. Por ejemplo el de que los farmacéuticos como profesionales sanitarios pueden realizar extracciones de muestras, si seguimos el razonamiento ello implicaría que médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio estarían cualificados para dispensar medicamentos, quizás tras realizar algún cursillo de 20 horas, y ¿porque no para ser titulares de una oficina de farmacia?, las profesiones sanitarias y su perfil de formación y sus áreas de trabajo están establecidas para garantizar una adecuada atención a la ciudadanía y si todas son intercambiables las cosas serían muy complicadas y quizás entonces los farmacéuticos entenderían el porqué de su campo de actuación, que es única y exclusivamente los medicamentos, y cómo ahí podrían hacer muchas labores de utilidad pública como se ha dicho anteriormente, por ejemplo establecer un sistema de dispensación por dosis y no por envases comerciales como existe en muchos países europeos lo que disminuiría el uso inapropiado de medicamentos, a lo que los colegios de farmacéuticos se han opuesto reiteradamente.
Finalmente conviene resaltar que la farmacia comunitaria no existe en España, que se trata de negocios privados, concesionados y fuertemente protegidos con normas cuasimonopolísticas, los modelos de farmacia comunitaria deberían de desarrollarse en el seno del sistema sanitario público y permitirían mejorar el ejercicio de su profesión y centrarlo en la salud de las personas.
Desde la FADSP por lo tanto rechazamos esta PNL, ya que la asistencia sanitaria pertenece a los profesionales sanitarios, y consideramos urgente implantar medidas eficaces para reducir el consumo innecesario de medicamentos. Debemos avanzar hacia la gestión pública de las oficinas de farmacia, dentro de los EAP, para incrementar la colaboración con los profesionales farmacéuticos en un uso más racional, menos perjudicial y más sostenible de los medicamentos.
Luisa Lores Aguin | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
