Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen que los ingresos procedentes de Impuesto sobre los beneficios extraordinarios de empresas de los sectores energéticos sean redistribuidos a los consumidores finales de electricidad para paliar en parte los elevados precios actuales (por ejemplo, mediante un descuento separado en las facturas de electricidad de los consumidores proporcional a su consumo), así como para incentivar una inversión adicional en energías renovables.
Gestha ha realizado esta recomendación al analizar las características esenciales que tendrá previsiblemente el nuevo Impuesto sobre los beneficios extraordinarios de empresas de los sectores energéticos, entre las que también destaca que la duración estará limitada mientras perdure la crisis energética.
Los técnicos sostienen que el hecho imponible del impuesto se producirá sólo durante las horas en las que las centrales de gas sean marginales y en la medida en que las diferentes tecnologías de generación obtengan realmente tales beneficios extraordinarios.
A su juicio, esta definición permitirá establecer unos mecanismos de “activación/desactivación” con criterios objetivos y verificables, y que las empresas deberán justificar claramente.
Entre las exenciones estará, sin duda, la energía que no se ha beneficiado del aumento de los precios del mercado de la electricidad porque ya se había vendido a plazo antes del inicio de la crisis. En los casos en que las exenciones den lugar a ventajas selectivas para determinadas empresas, podrán aplicarse las normas comunitarias sobre ayudas estatales.
En paralelo, los técnicos apuntan que la base imponible será el importe de los beneficios que se consideran excesivos (los beneficios imprevistos o beneficios caídos del cielo), como la desviación respecto a los precios mundiales medios del gas durante el año 2021 y el número de horas durante las cuales el gas fija el precio de la electricidad.
Finalmente, para determinar la base liquidable se tendrá en cuenta los sistemas que evitan o reducen los beneficios inframarginales en períodos de precios elevados, como las tarifas reguladas, los contratos por diferencias contratadas antes de la crisis de los precios del gas o las primas flotantes, así como los que pueden aumentarlos, como las primas fijas.
Además, los técnicos piden fijar el tipo impositivo que debería asegurar una recaudación de unos 2.000 millones al año para recuperar una parte de los beneficios realmente obtenidos; esto es, en un nivel más bajo de los beneficios excedentarios para no afectar a la formación de precios mayoristas de la electricidad según costes marginales, ni al componente estructural de los precios medios mundiales del gas.
Gestha reitera que el nuevo impuesto a las empresas energéticas no tiene finalidad recaudatoria, ya que el Gobierno espera recaudar 2.000 millones de euros al año, cuando, por el contrario, la Agencia Internacional de la Energía calculó el pasado 3 de marzo una recaudación en la Unión Europea de hasta 200.000 millones de euros en 2022 para compensar parcialmente la subida de las facturas energéticas.
En cambio, los técnicos de Hacienda sostienen que el nuevo impuesto energético será un incentivo serio para que contengan sus precios, pues solo aquellas grandes empresas energéticas que obtengan beneficios extraordinarios tendrán que abonarlo, y cuando se haga público que tienen que pagar este impuesto sufrirán una tacha reputacional, que pondrá en duda su responsabilidad social.
Los técnicos de Hacienda recuerdan que las grandes compañías de todos los sectores ya están sometidas a tributar como mínimo el 15% de la base imponible desde este año.
