El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para resolver sobre la reapertura de la causa especial 21092/2018, tal y como le han solicitado el PCE e IU, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella criminal presentada ante esta instancia judicial en diciembre de 2018 contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.
Los querellantes dirigieron un escrito a la Sala Segunda del Supremo a finales del pasado mes de julio en el que pedían “reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”. Fue esta misma Sala la que en el verano de 2019, en un tiempo récord, archivó las pocas actuaciones realizadas e inadmitió finalmente la querella apenas seis meses después de iniciado todo el proceso.
El ponente designado entonces para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez, que llegó a imponer a los firmantes una fianza de 12.000 euros -abonada puntualmente- para que pudieran ejercer su derecho como acusación popular.
El Supremo ha informado a los querellantes que da por ‘recibido’ el escrito en el que solicitan la reapertura de esta causa especial
Pues bien, desde esta misma Sala Segunda se informa ahora a los querellantes que da por ‘recibido’ el escrito en el que solicitan la reapertura de esta causa especial, cuyo actor principal es el todavía rey emérito, e indica que ha reclamado la querella original y las actuaciones practicadas al Archivo General del Tribunal Supremo para volver a resolver sobre este asunto.
Ambas formaciones políticas argumentaron en su escrito de julio que el Supremo sí está capacitado para investigar a día de hoy a Juan Carlos de Borbón y al resto de querellados a la vista de los nuevos acontecimientos de los que fueron protagonistas hechos públicos antes del verano.
La querella criminal de IU y el PCE que el Tribunal Supremo metió en un cajón hace más de un año va dirigida, además de a Juan Carlos de Borbón y Corinna Larsen, al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
