Hace tiempo, mucho tiempo, que España padece un corsé asfixiante para su desarrollo como país, en general, y para el desarrollo de su Estado de Bienestar en particular. Ese corsé es el sistema tributario actual, que insuficiente, injusto y permisivo con el fraude y la elusión fiscal. Según datos de Eurostat España tiene una presión fiscal del 35,4% sobre el PIB (incluidas las cotizaciones), cuando la UE la tiene del 40,3%. Eso supone para un país de 1,244 billones de euros de PIB unos menores ingresos (en comparación) de 60.000 millones. Obsérvese que se trata de la media de la UE, donde están los países del Este (los de la antigua órbita soviética), que tienen una presión fiscal más baja que los miembros occidentales de la UE. Ya no es posible mantener el Estado de Bienestar con este retraso recaudatorio de medio siglo, y más con los recortes de los gobiernos de Rajoy y las nuevas necesidades que van surgiendo (cambio climático, envejecimiento de la población, investigación tecnológica, recuperación de “la hucha de las pensiones”, etc.).
Y España tiene mucho margen de maniobra para aumentar los ingresos fiscales. Para empezar -y desde que los gobiernos se han tomado algo más en serio la lucha contra el fraude fiscal- se han recaudado en torno a 15.000 millones desde el año 2015 al 2018, cuando en años anteriores se obtenían, por ejemplo, 11.500 millones en el 2012, que fue el año que más ingresó el Estado por este concepto desde la crisis, según datos de la propia Agencia Tributaria. Con una verdadera acción contra el fraude la recaudación sería mucho mayor. En segundo lugar se calcula que España deja de ingresar en torno a los 65.000 millones por exenciones, deducciones y bonificaciones en el conjunto de los impuestos. Es verdad que no se puede eliminar todos estos concepto (piénsese, por ejemplo, en la rentas irregulares del IRPF), pero sí se podrían cambiar o eliminar muchas de estas deducciones en impuestos como el del Patrimonio o del de Sociedades o en el propio IRPF. En tercer lugar España es una de los países de la UE con más economía sumergida. Para Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, los menores ingresos de Hacienda por este hecho son del orden de 25.000 millones. Y a tenor de otros estudios esta cifra sería muy modesta. En cuarto lugar tenemos una elusión fiscal del impuesto de Sociedades que data desde el propio comienzo de la crisis. Las empresas –sobre todos las grandes empresas– maniobraron contablemente desde el comienzo de la crisis para pasar de contribuir al “fisco” con 44.823 millones en el año 2007 a 27.301 millones al año siguiente. Teniendo en cuenta que estos ingresos últimos correspondían teóricamente a los beneficios generados en el año anterior (2007), cabe concluir que las facilidades que da la ingeniería contable –provisiones, previsiones, amortizaciones aceleradas, etc.– permitieron a muchas empresas ocultar a Hacienda sus resultados reales generados en el año 2007 cuando aún no se había producido la recesión. Este hecho no se ha investigado. Y ya se anuncia para este ejercicio y quizá el próximo una caída de los beneficios contables de grandes empresas. Resulta insoportable que los tipos efectivos de muchas empresas y grandes empresas transnacionales no lleguen al 5% en el I. de Sociedades cuando anuncian simultáneamente inversiones de sus filiales, bien sea en España o en los países con baja tributación empresarial como Irlanda u Holanda. Del Reino Unido no hablamos porque, ¡afortunadamente!, ya está fuera de la UE. Vemos pues las enormes posibilidades de mayores ingresos sin tocar los tipos impositivos del IRPF y del IVA. El anuncio de un tipo efectivo mínimo del 15% es alentador aunque, creo, que insuficiente.
Pero no se trata solo de ingresar más sino de repensar el reparto del gasto entre las Administraciones del Estado. No tiene sentido que haya impuestos cedidos a las Comunidades como los de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o de Transmisiones y A.J.D. y que algunas Comunidades bonifiquen el impuesto al 100% o al 99% a los sujetos pasivos. Y menos aún si, como ocurre en la Comunidad de Madrid, el PP reclama más dinero a la Administración Central del Estado a la vez que hace semejante rebajas. Es decir, el propio sistema tributario propicia el dumping fiscal. Lo correcto sería fijarlo al revés: que estos impuestos, si han de estar cedidos a las Comunidades, se les fije un mínimo y a partir de ahí lo puedan aumentar con un máximo fijado por ley desde el Congreso. Y lo mismo pasa con los tramos autonómicos del IRPF. Quizá sea hora de repensar esta distribución de impuestos y recuperar la vieja idea -que quedó en idea- de asignar uno de los dos grandes tributos a la A.C. del Estado y el otro a las Comunidades. Y el resto de los impuestos que se los quedara la primera para pasar sus ingresos -pero no su gestión- a las Comunidades si así se determinara mediante ley. Pero que, en todo caso, no sea posible el dumping fiscal.
Sean bienvenidas las tasas “google” y “tobin”, pero eso son solo peldaños de una gran escalera que hay que subir para dotar a España de un sistema tributario que esté, como diría el filósofo, a la altura de los tiempos. No es posible más demora y este gobierno cuenta con 4 años para cambiar todo esto o, al menos, para abordar aspectos sustanciales de la tarea. Nuestra situación recuerda mucho las necesidades de transformación del sistema tributario con que se encontraron en los comienzos de la Transición los ministros Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, cuando los ingresos fiscales solo representaban el 25% del PIB. Ahora surgen nuevas necesidades como son la dependencia, un ingreso mínimo vital, además de una sanidad pública universal y una educación pública cada vez más extensiva; también que pague más quien más gana dado que somos campeones en desigualdad (Gini dixit). El sistema tributario es el esqueleto del Estado de Bienestar, y sin un buen esqueleto no hay músculos que valgan.
