“El caos en el servicio nos empuja a desvincularnos del acuerdo ante el maltrato y la humillación que están sufriendo los profesionales de los servicios de urgencias de atención primaria”.
Así de contundentes se han manifestado los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad que han anunciado este viernes la ruptura en bloque del acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la reapertura de las urgencias de atención primaria, ahora renombradas como Puntos de Atención Continuada (PAC).
CCOO, UGT, CSIT UP y SATSE afirman en un comunicado conjunto que el “fracaso” del modelo de las nuevas urgencias extrahospitalarias “es fruto de la inoperancia de la Administración y del incumplimiento de todos los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales” y adelantan que no volverán a acudir a ninguna reunión de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo.
Los sindicatos advierten de que el plan ideado por el Gobierno regional y la gestión que está haciendo del mismo “no sólo pone en jaque a la ética y la responsabilidad de los profesionales, sino que también pone en riesgo la salud de la población”.
Las protestas y quejas de sanitarios y ciudadanos no han dejado de sucederse desde la apertura de los PAC el pasado 27 de octubre. Las redes sociales se han llenado de denuncias de sanitarios y ciudadanos al encontrarse con centros cerrados o sin personal médico. Muchos facultativos han sido trasladados a la fuerza a otros puntos de urgencias y han tenido que hacer frente a largas jornadas de trabajo sin prácticamente recursos ni medios. Pero la gota que ha colmado el vaso han sido las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que ha culpado a los sanitarios de la situación asegurando que “lo que nadie entiende es que haya habido un 60% de bajas sobrevenidas”.
Hasta el momento, los sindicatos con representación sanitaria no habían movido ficha, pero este viernes han decidido levantarse de la mesa y romper el acuerdo. “Firmamos un acuerdo, para proteger las condiciones de los profesionales, evitar una huelga, por responsabilidad con la ciudadanía y para garantizar su seguridad sanitaria, pero no vamos a ser cómplices de esta tropelía”, afirman.