El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acumula desde su creación una pérdida en términos reales de 9,4 puntos porcentuales lo que genera consecuencias negativas en la protección social por desempleo y en el acceso a múltiples servicios sociales.
Así lo han denunciado CCOO y UGT que piden al Gobierno la actualización del indicador y su revalorización anual para que pueda tener reflejo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020. También reclaman el establecimiento de un mecanismo de actualización automática vinculado al crecimiento real de los precios, con un mecanismo de corrección anual de la posible desviación entre el IPC real y el incremento inicial del IPREM.
CCOO y UGT denuncian que la continua depreciación del indicador genera consecuencias negativas en la protección social por desempleo y en el acceso a múltiples servicios sociales
El IPREM fue creado en 2004 y, aunque en los primeros años tras su creación, se fue actualizando, de 2010 a 2016 quedó congelado. Solo en 2017 se produjo una modesta actualización que no ha vuelto a tocarse desde entonces.
La importancia de este indicador radica en que determina las cuantías mínima y máxima de todas las prestaciones contributivas por desempleo, así como la cuantía de todas las prestaciones asistenciales por desempleo, la renta activa de inserción y la renta agraria. Es asimismo referencia para el acceso y cuantías de prestaciones sociales, acceso a vivienda de protección oficial y ayudas de alquiler, becas de estudio y formación, y subvenciones a familias (por ejemplo, establece límites de ingresos anuales que no se deben superar para la concesión de becas o ayudas para las guarderías o colegios).
Por ello, ambos sindicatos consideran “inadmisible” mantener esta continua depreciación y advierten de que su devaluación no solo “limita y restringe el acceso de un cada vez mayor número de beneficiarios a las ayudas y prestaciones vinculadas a este índice”, sino que además “repercute negativamente en la cuantía de las ayudas y prestaciones, devaluando las rentas reales de las personas en situación más vulnerable”.
