martes 18/1/22

Los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones Ecologistas votan en contra de informar positivamente las 8 reformas legales incluidas en la Ley Ómnibus, cuyo objetivo es puramente especulativo.

Facilita la caza en zonas de máxima protección y se autorizan actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto.

Posibilita negocios y uso residencial en zonas no urbanizables de protección.

La aprobación de la ley incrementará el riesgo de incendios forestales, y permitirá el expolio de los recursos naturales.


Teóricamente el Anteproyecto de ley pretende impulsar la actividad económica y modernizar la administración, pero no contiene ni una medida de incremento de las personas trabajadoras en el ámbito del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ni la mejora en su capacitación o formación; tampoco aporta fondos económicos para estos objetivos, ni desarrolla o implementa tecnología nueva o software específico, y no dota de nuevas capacidades de control, gestión o administración a los organismos y trabajadores. En cambio elimina y alivia controles democráticos sobre las actividades medioambientales y modifica tasas específicas que convierten en accesibles determinados servicios, solo a las elites.

Las reformas que se pretenden aprobar van a suponer graves e irreparables daños, y comprometen el futuro de las próximas generaciones.

Facilita la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección, permite tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección, sin mayor control administrativo, autoriza negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto, posibilita los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial, en zonas no urbanizables de protección y anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión.

Plantea “eliminar aquellos (casos) en los que no se considera necesaria la evaluación ambiental”, con más discrecionalidad y menos control para fomentar el expolio de los recursos naturales por unos pocos sin controles democráticos y en perjuicio de todos.

Se podrán realizar aprovechamientos forestales con una simple declaración responsable. Los daños causados sobre flora, fauna y recursos naturales como el suelo, las aguas o el aire no admiten reparación. El daño quedará hecho para futuras generaciones, por lo que es imprescindible establecer controles previos a las actuaciones y no dejar estas actuaciones a la “responsabilidad personal”, lo que genera desgobierno interesado y perjuicio o deterioro de los recursos naturales.

Fomento de la especulación

Enuncia “mayor agilidad en la gestión y una reducción en los costes de tasas”, pero bajo el mantra de la agilidad y la reducción de costes se oculta la desregularización para fomentar la especulación y la concentración de recursos en oligopolios agrícolas, ganaderos o de industrias primarias.

Incentiva el “uso ordenado de las vías pecuarias”, lo que supone poner a disposición de intereses económicos privados los bienes públicos de interés general.  Introduce plazos para procedimientos de deslinde y extinción de concesiones demaniales de uso privativo en lugar de aportar soluciones, recursos y personas para resolverlos.

Se reducen las cargas administrativas en materia de aprovechamiento forestal, pero no se mejora en nada el procedimiento y se evitan controles, lo que permite el expolio de los recursos naturales sin las debidas garantías, fomentando su concentración, lo que evita la actividad local que fija población.

Se “clarifican los conceptos de explotación ganadera intensiva y de usos tradicionales”, pero realmente se están blanqueando las primeras, en detrimento de las segundas, evitando un entorno rural sostenible, apostando por un entorno explotado de manera centralizada en oligopolios intensivos no sostenibles.

La utilización indiscriminada de los bienes públicos naturales con perjuicio irreparable del medio natural para futuras generaciones es injustificable. En el Anteproyecto de Ley queda claro que el interés no es difundir el medio natural o formar en Medio Ambiente, ni siquiera establecer garantías de sostenibilidad, sino una pura especulación de elites.

Están previstas múltiples modificaciones legales, con el objetivo de garantizar no solo la implantación de explotaciones turísticas, de ocio, celebraciones o intensivas primarias, sino también sobre las infraestructuras necesarias, que suelen ser viales y carreteras para vehículos privados o almacenes y logística, sobre suelos rurales, protegidos e incluso espacios naturales.

Más peligro de incendios forestales

Con las actividades que pretenden impulsarse en este Anteproyecto de Ley, se incrementa el riesgo de uno de los principales peligros y más frecuentes para nuestro medio natural, los incendios forestales. Sin embargo, no se articulan nuevos controles, medidas, recursos y personas adicionales a su control, prevención, extinción y reparación en su caso.

La principal alegación a este respecto es la falta de homogeneización de los grupos profesionales que intervienen en estas actividades. Es imprescindible dotar de mayores y mejores recursos a estas actividades, incrementar las plantillas, la formación y las habilitaciones necesarias, el reconocimiento laboral de actividades tan complejas y arriesgadas a la vez que imprescindibles para el futuro de nuestro medio natural. En reiteradas ocasiones hemos solicitado datos de personal y condiciones laborales sin obtener la información oportuna a este respecto, ratificando la habitual falta de transparencia de la Consejería de Medio Ambiente. Es imprescindible incluir en el portal de trasparencia estas informaciones sobre efectivos, situación laboral, cualificaciones, etc.

En las reformas legales se incluyen regulaciones laborales de este colectivo sin acuerdo, negociación o dialogo social alguno, incumpliendo el mandato constitucional, por lo que solicitamos su retirada para su negociación con las organizaciones sindicales representativas en este sector. 

Se reforman las siguientes leyes o decretos que afectan al Medio Ambiente:

Decreto Legislativo 1/2006

Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid.

LEY 1/1985

Del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares.

LEY 1/2002

Por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

LEY 16/1995

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

LEY 2/1991

Para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid.

LEY 2/2002

De Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

LEY 20/1999

Del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

LEY 4/2014

De Medidas Fiscales y Administrativas.

LEY 6/1994

Sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama.

LEY 8/1998

De Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que esta reforma establece un sistema de no control y de acceso “caro” a los recursos naturales, con el objetivo de fomentar que las elites económicas no encuentren trabas ni control en el aprovechamiento de los recursos de todos.

Suprimir el preceptivo trámite de consultas, supone una clara infracción a lo dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en materia de medio ambiente, en cuanto a la normativa de carácter ambiental contemplada en el anteproyecto de ley.

Sindicatos y ecologistas contra la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid