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viernes. 19.08.2022
ESPAÑA-CATALUNYA

Sentarse para acercar posiciones divergentes es el mejor ejercicio de la política democrática

sanchez aragones
Pedro Sánchez y Pere Aragonès en su encuentro el pasado 15 de julio.

Acaba de celebrarse la tercera reunión de la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno de España y el de la Generalitat, en la que se ha llegado a unos acuerdos. De entrada, parece lógico que los españoles deberíamos congratularnos de tal hecho. Los acuerdos son mejores que los enfrentamientos. No obstante, algunos prefieren los segundos a los primeros. Tal acontecimiento me ha propiciado algunas reflexiones.

Que hay un conflicto político en cuanto a las relaciones entre Cataluña y el Estado español, es una obviedad. Es antiguo. Es centenario. En democracia los conflictos políticos deben tratar de encauzarse y en lo posible solucionarlos a través del diálogo. Esa es la esencia de la democracia. Precisamente, la falta de diálogo entre el gobierno de Rajoy y los presidentes de la Generalitat, Mas y Puigdemont, propició el agravamiento del problema político.

A esta ausencia de diálogo contribuyeron con auténtico frenesí determinados medios de comunicación. Y los mismos medios siguen en la misma dinámica.  No quieren diálogo, quieren claudicación.  Nada más hay que observar los titulares, editoriales, artículos de opinión de determinados medios de comunicación capitalinos de la prensa escrita y de programas de radio y televisión.

En la reunión hubo uno acuerdo para poner fin a la judicialización permanente de la política

En la prensa catalana de más relevancia, como La Vanguardia, El Periódico y el Diari de Tarragona valoran esperanzados esa mesa diálogo y los acuerdos.

En cuanto a la postura del PP ya es conocida. La de antes y la de ahora. No cambia, todo sea por rédito electoral. Todo tiene un porqué.  Hagamos un poco de historia. A partir de 1982, el principal espacio de la derecha en el sistema de partidos ya no estaba ocupado por un partido, como UCD; que defendiera los valores del compromiso entre antiguos adversarios –como fueron Suárez y Carrillo–, sino por un partido que temía tales compromisos como una vía posible para la violación de un sentido tradicional de la esencia de España. Tal visión, la inquebrantable firmeza en la defensa del sentido unitario de la identidad nacional, rechazaba sin concesión otras concepciones, ubicadas especialmente en Euskadi y Cataluña, aunque no solo, que consideraban España como un Estado plurinacional.

Esa concepción retrógrada de la política pervive en la derecha española actual, y la incapacita para cualquier consenso, acuerdo o diálogo con el adversario político, considerado como enemigo. El espíritu de Fraga –su sombra es alargada– sigue impregnando la política de sus sucesores: Aznar, Rajoy, Casado y Feijóo. Circunstancia que estos no niegan, ya que, así lo manifiestan, sigue siendo su gran referente político.

Por ende, el antiguo líder, Casado, calificó la mesa de diálogo de humillación para España. Yo en ningún momento me sentí humillado. Feijóo sigue igual. Toda su solución se expresa así: “Necesitamos a Cataluña. En primer lugar, los catalanes. En segundo lugar, todos aquellos que respetamos esta tierra. Y, en tercer lugar, todos los españoles que somos catalanes con independencia de dónde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan. Somos el partido de la unión, el partido del constitucionalismo”.

Alucinante, surrealista y esperpéntico. Y este caballero va en volandas hacia La Moncloa. Y los medios capitalinos, ABC, El Mundo, La Razón, La Cope, Onda Cero, Antena3 igualmente. El noticiario de esta cadena, presentado por Vicente Vallés, puede ser representativo de este mensaje. “Mesa de diálogo es una claudicación, traición al resto de España, con el único objetivo de mantenerse en el poder Pedro Sánchez, que es su único objetivo”. De verdad, ya es un mantra insoportable.

Que, en el año 2022, después de más de 40 años de “democracia plena” haya que explicar que la esencia de la democracia es el diálogo- grandes politólogos así lo afirman como Bobbio o Habermas-, es una muestra de las deficiencias de nuestra democracia. Además, lo más grave es que tal opinión, está calando en amplios sectores de la sociedad española. Dicho en roman paladino: “El anticatalanismo en Soria, Ávila, Valladolid, Cáceres, Madrid y Sevilla es rentable electoralmente”. Sobre esta cuestión en este mismo medio ya he escrito varios artículos.  Entre ellos: El diálogo transforma, desarma y humaniza. Y otro, Nuestros problemas son políticos. Y si la política es diálogo, la política democrática es un diálogo reforzado.          

Hay que poner el foco, en cualquier caso, en que con la reunión se normaliza definitivamente la relación institucional entre el Gobierno y la Generalitat               

Tal como expresa La Vanguardia, periódico no independentista, de derechas, pero de una derecha civilizada, muy distinto de los medios de derechas capitalinos. Enric Juliana no tiene nada que ver con Francisco Marhuenda. “La mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat se consolida y avanza pese a todas las fuerzas en contra, tanto de la derecha y de la extrema derecha como desde la mitad del Gobierno de coalición catalán encarnada por JxCat.Los primeros acuerdos alcanzados sobre la protección e impulso del catalán y la voluntad política de desjudicializar el Procés son importantes no tanto por su contenido poco concreto como por lo que representan. Sentarse en una mesa para acercar posiciones sobre las divergencias es el mejor ejercicio de política que se puede hacer. Ciertamente los acuerdos podían haber sido mucho más ambiciosos, pero la política es el arte de lo posible".

Hay que poner el foco, en cualquier caso, en que con la reunión se normaliza definitivamente la relación institucional entre el Gobierno y la Generalitat, que nunca debería haberse roto. Se restaura la confianza tras el escándalo del espionaje con el malware Pegasus, que truncó las complicidades iniciales que se habían establecido, y se consolida la dinámica del diálogo para avanzar en la solución definitiva del conflicto catalán. Nadie ha dicho nunca que eso sería un camino fácil, pero también es verdad que nunca se avanza si no se empieza a caminar.

En la reunión hubo uno acuerdo para poner fin a la judicialización permanente de la política. Por su parte, el acuerdo de protección y promoción del catalán tampoco es menor, ya que debe poner fin a la constante batalla política y judicial contra el modelo educativo catalán. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a dar apoyo a la ley que el Parlament de Catalunya aprobó con el 80% de los votos, lo que supone, para la Generalitat, dar prioridad a la perspectiva pedagógica a la hora de establecer los modelos lingüísticos de los centros educativos por encima de los porcentajes del 25% fijado en los tribunales. Asimismo, se promoverá el catalán y el resto de las lenguas cooficiales en el Senado y en las instituciones europeas”.

En cuanto a la desjudicialización del Procés me parece clave. Precisamente su judicialización en lugar de propiciar una solución lo ha agravado. Al respecto me parece muy pertinente la opinión de Robert M. Fishman, profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III, de su libro Práctica democrática e inclusión. En España, como en otros países, el uso de la ley para frenar o impedir acciones que son ilegales es casi inevitablemente selectivo.

Cuando la ley se pone en funcionamiento, su aplicación puede ejercerse con indulgencia, con una insistencia en el cumplimiento literal y total de los requisitos más estrictos posibles, o con un esfuerzo por discernir el espíritu y la finalidad subyacentes de la legislación. Estos tres enfoques pueden dar lugar a conclusiones judiciales muy diferentes. Sin embargo, en ocasiones, y ya sea por razones políticas o prácticas, la ley no se pone en práctica.

En el caso español, la interpretación de la ley en asuntos relacionados con Cataluña se volvió cada vez más estricta. Una importante doctrina jurídica ha defendido que el ordenamiento constitucional español sí permite, en principio, la convocatoria de un referéndum no vinculante por parte de las comunidades autónomas como Cataluña, pero esa opinión no se ha reflejado en las decisiones judiciales relevantes.

La predisposición de algunos actores políticos, con el apoyo de la mayoría de los grandes medios, a adoptar la interpretación más restrictiva y dura posible de la ley reafirma la tendencia más general de nuestro sistema político hacia una forma de práctica democrática a menudo excluyente. Robet M. Fishman pone ejemplos muy explícitos recurriendo a la opinión de Sánchez-Cuenca.

Mientras que la decisión favorable del Tribunal Supremo canadiense sobre el referéndum de independencia de Quebec se basó simultáneamente en la ley escrita y en los principios esenciales de la democracia, el más alto Tribunal de España, y el Gobierno que recurrió a él, aparentemente solo miraron la ley escrita para diseñar una respuesta a las aspiraciones catalanas de celebrar un referéndum.

Y mientras que el Gobierno italiano, cuando se enfrentó a un referéndum de independencia formalmente ilegal en el norte del país, optó por ignorarlo, dada su falta de implicaciones prácticas, el Gobierno español implementó una dura respuesta legal a la votación no vinculante y no oficial celebrada en noviembre de 2014.

Como conclusión de este tema de la judicialización del Procés con la sentencia del Tribunal Supremo, presidido por Marchena, no resulta descabellado recurrir al principio jurídico latino “Summum ius, summa iniuria”. O lo que es lo mismo, “La extrema justicia es extrema injusticia”. Mas, esta es la justicia que tenemos. Con estos bueyes tenemos que arar. Como señala en una viñeta El Roto: la justicia es igual para todos, las sentencias, no.

En cuanto al impulso y protección del catalán el tema es muy importante y que levante profundas discrepancias en el resto de España es muy preocupante. Al respecto es oportuno recurrir al artículo 3 de nuestra Constitución, que tiene tras apartados:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Quiero fijarme especialmente en el apartado 3. No sé si una parte importante de nuestra clase política, de nuestros medios o de la sociedad se lo ha leído y si lo ha leído, si ha llegado a interiorizarlo. Las distintas modalidades lingüísticas de España, como patrimonio cultural debe ser respetado y protegido. Es claro como el agua cristalina. Y siendo así, algunos no pueden entenderlo, como el ínclito Vicente Vallés, ya que en su noticiario a la hora de hablar del acuerdo en la mesa de diálogo sobre el catalán lo presentaba como claudicación, chantaje y traición al resto de España.

Que el catalán es una lengua española, tan española como el castellano. Que no es una lengua extranjera.  Una parte importante de nuestra clase política, de nuestros medios, y de nuestra sociedad no la consideran española. Que a estas alturas todavía haya que denunciar esta cuestión es lamentable. Al respecto, ya he escrito en este mismo medio algunos artículos sobre el tema. Como el titulado Son lenguas españolas: el castellano, el catalán, el gallego y el euskera… Es decir, respetar y proteger el catalán es una obligación constitucional. Como también el hacerlo con las demás lenguas de España.

Quienes deberían hacer un esfuerzo para cambiar esta dinámica con respecto a la visión de las lenguas de algunas comunidades autónomas, son especialmente la clase política. Y no veo que estén por la labor, salvo excepciones como el gobierno de Sánchez. Cuando algún diputado catalán tiene la osadía de utilizar el catalán en la tribuna del Congreso de los Diputados o un senador en la del Senado se oye un murmullo de desaprobación y de repulsa mayoritario, igual desde la derecha y de buena parte de la izquierda.

¡Qué escándalo! El atreverse a usar una lengua española en la sede de la soberanía popular. Y también es lamentable que el reglamento de las cámaras impida su uso. Un inciso, ¿El Senado no es cámara de representación de los territorios del Estado español? No debería generar polémica alguna el expresarse, como mínimo en el Senado, en cualquiera de las lenguas de las comunidades autónomas, es decir, de los diferentes territorios. Nuestros representantes políticos deberían hacer un esfuerzo por normalizar el uso de las distintas lenguas tanto en el Congreso como el Senado. No sería mucho pedir que nuestros diputados, o por lo menos, los senadores monolingües hicieran un esfuerzo de entender las otras lenguas de España, al menos las románicas, algo que millones de inmigrantes consiguieron sin excesivas dificultades en un par de meses. Y si no son capaces de aprenderlas o no quieren, que se dediquen a otra cosa.

Estas reflexiones van dirigidas especialmente a los partidos que se autoproclaman constitucionalistas. La Constitución hay que leerla, reflexionarla y tratar de aplicarla en su totalidad. No solo el artículo 2ª.  Tiene muchos más artículos. Reitero. Y el artículo 3. apartado 3º es muy claro. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Es lo que se trata de hacer por el gobierno de Sánchez en la mesa de diálogo en relación al catalán. Sin embargo, por parte del PP, ni se respetan ni creen necesario proteger las distintas modalidades lingüísticas de España. Todavía más, muestran un claro desprecio hacia ellas. Vamos a verlo.

 El cántico “Pujol, enano, habla castellano “se dio porque la gente que se congregó alrededor de Génova 13 estaba "especialmente contenta". Es la explicación que José María Aznar dio a Jordi Évole en su entrevista al ser preguntado por lo que se pudo escuchar tras su victoria electoral en 1996. Para el expresidente del Gobierno, este cántico se dio en tono "jocoso”. Obviamente si los seguidores del PP enfervorizados emitieron tales palabras es porque sus dirigentes las propiciaron.

El segundo ejemplo es todavía más grave. Fue un auténtico esperpento acontecido en la política aragonesa por parte de la DGA, presidida por Luisa Fernanda Rudi, todo un referente del PP a nivel nacional, ya que fue presidenta del Congreso de los Diputados y del Gobierno de Aragón. Podemos observarlo en un fragmento del artículo de Ángel López García-Molins, catedrático de lingüística general de la Universidad de Valencia, publicado en El País de 10 de mayo de 2013 titulado Se ha destapao el LAPAO. Como aragonés y español me sentí profundamente avergonzado. Ahí va:

“Uno creía haberlo visto todo ya en este país disparatado…Bueno, pues estaba equivocado, siempre cabe un más difícil todavía en lo del esperpento: ha llegado el LAPAO. ¿Que qué es esto del lapao? Un invento genial del partido popular. No se confundan, no es el tapao, sino el lapao. Tapaos tienen unos cuantos en el partido —por ejemplo, ese misterioso tesorero al que expulsaron y siguió cobrando dos años como si nada—, pero lapaos no hay más que uno. Se trata de una lengua que aprobaron ayer en las Cortes de Aragón, la lengua aragonesa de la parte oriental (LAPAO) y que se ha descubierto en Fraga, Mequinensa, Tamarit de la Llitera o Vall de Roures. Ah, el catalán, pensará alguno de Vds. ¡Chitón!, no digan palabras malsonantes. A partir de ahora se llama lapao y no tiene nada que ver con el catalán.[CON PERDÓN].Anda, que no voy a presumir poco la próxima vez que asista a un congreso de lingüística y presente una comunicación sobre el lapao. ¡Vaya primicia, nada menos que un nuevo idioma! Y es que no solo se han sacado de la manga el lapao, sino que ahora van a inventar el lapapyp (lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica). Como quien dice la T.I.A. de Mortadelo”.

Termino con una recomendación extraída del libro Los españoles, del escritor portugués Gabriel Magalhâes a la clase política española: “El grupo dirigente que fuera capaz en el ámbito de la lengua de llevar un cambio legislativo modificaría la historia del país y garantizaría la unidad de la nación para mucho tiempo. Este cambio legislativo sería: el aprendizaje en la escuela, además de la materna, de otra lengua peninsular. No habría mejor disolvente para la crispación. “Una fuente de tolerancia” que contrasta con una visión política que se obstina en definir Babel como un anuncio apocalíptico del fin de la unidad de España”. ¿Dónde está ese político capaz de llevar a cabo esta tarea?  Y si alguno lo intenta se verá sometido a inmensos ataques desde todos los frentes, por lo que al final no tendrá otra opción que claudicar.

Cándido Marquesán

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