El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reprivatizado los análisis clínicos entregando la gestión del Laboratorio Central de Análisis Clínicos a la empresa Analiza por 1 millón menos de euros, una oferta económica “temeraria”, según denuncia CCOO de Madrid, que repercutirá “muy negativamente” en el servicio prestado.
Este servicio ya fue privatizado hace 11 años bajo el gobierno de Esperanza Aguirre a BRSalud. El Servicio de Laboratorio Clínico atiende a más de 1.200.000 ciudadanos (según la última memoria publicada del SERMAS de 2017) de los hospitales madrileños Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo. El valor estimado para cubrir este servicio es de 112.848.707,19 euros sin IVA, según el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.
Con la quita de un millón de euros en el contrato, “la escasez de medios materiales puede hacer mella en el servicio que se presta”, señala el sindicato que también advierte de una “mayor precariedad en las condiciones laborales y económicas de la plantilla”.
Para CCOO “resulta chocante que diez años después de la primera privatización se pueda adjudicar el mismo servicio y para más personas, por un millón de euros menos”
CCOO de Madrid recuerda que la población a la que tiene que dar servicio ha aumentado en los últimos seis años en más de un 6%, según las memorias del Servicio Madrileño de Salud.
Para CCOO “resulta chocante que diez años después de la primera privatización se pueda adjudicar el mismo servicio y para más personas, por un millón de euros menos”. El sindicato exige “aclaraciones y transparencia” sobre esta adjudicación y recuerda que “la mejor gestión debería estar en manos de la sanidad pública”.
El sindicato lleva años exigiendo la reversión de la privatización de éste y otros servicios que la Consejería de Sanidad privatizó y lamenta que el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos “lejos de solucionar esta anomalía que perjudica a toda la ciudadanía, continúa dejando en manos privadas las analíticas y otras pruebas clínicas de laboratorio de los madrileños y madrileñas, y para ello rebaja de forma temeraria el montante económico del contrato”.
