El Tribunal Constitucional ha reforzado la lucha contra el fraude fiscal al avalar el uso de la lista Falciani para acusar a presuntos evasores fiscales. Y ello es, sin duda, una buena noticia que, no obstante, llega tarde. ¿Por qué? Pues porque, hace ya 9 años, se debería haber admitido que esta información sobre las cuentas opacas no vulneraba los derechos fundamentales de quienes figuraban en dicha lista.
De esta manera, la resolución del Constitucional respalda al Alto Tribunal, que ya invalidó el pretexto que utilizó la AEAT para otorgar un trato preferencial a los grandes evasores, basado en sus dudas jurídicas en torno a las formas empleadas para obtener las pruebas de estos delitos. Y es que la dirección de la AEAT trató condescendientemente a las 659 fortunas que aparecían en el listado, al pedirles en 2010 que presentaran declaraciones complementarias “voluntarias” para regularizar su situación. En su lugar, debería haber abierto las inspecciones pertinentes y denunciar, en su caso, las posibles responsabilidades penales de los implicados.
La AEAT permitió a 306 evasores presentar declaraciones complementarias por un valor próximo a los 260 millones de euros
Pero la decisión de la AEAT permitió a 306 evasores presentar complementarias por un valor próximo a los 260 millones de euros, con cuyo pago consiguieron quedar exonerados de las sanciones tributarias por infracciones graves o muy graves que podrían haberse impuesto y hasta de los delitos fiscales que, en su caso, concurrieran.
Es de destacar, y de agradecer, la excepcional colaboración de Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales presuntamente perpetrado a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza. Y es de agradecer, sobre todo, en países como España, que se encuentra entre los siete miembros de la UE que peor protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales. Por ello, urge blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los alertadores para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
De ahí, nuestro respaldo de la propuesta de Ley para blindar legalmente la seguridad jurídica de los confidentes de delitos fiscales y nuestro rechazo del pago de los “chivatazos” con “fondos reservados”, lo que podría fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados.
La ley debería garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios
La ley debería garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios. Y en lugar de poner el foco en los confidentes, la Administración Pública tendría que ser más transparente para que los “chivatazos” no guíen las investigaciones fiscales, sino que sea la Agencia la que detecte estos casos con sus propios medios.
En cualquier caso, la AEAT está tardando demasiado tiempo en iniciar la investigación de los patrimonios ocultos en paraísos fiscales cuando son desvelados. Y es que comenzar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores evitan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales en que hubieran podido incurrir.
De igual modo, la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados no puede ser que el estudio preliminar se asigne a un número tan reducido y “escogido” de funcionarios, sino que resultaría más expeditivo y eficaz que la AEAT nos autorizara a los Técnicos de Hacienda para notificar ipso facto el inicio de las investigaciones cuando trascienden indicios o sospechas relevantes de fraudes millonarios.
En definitiva, la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lista Falciani llega tarde. Pero también es verdad que más vale eso que nunca. Sobre todo cuando se trata de luchar contra el fraude fiscal.
