viernes 17/9/21
TRIBUNA DE OPINIÓN

El inicio de curso y la declaración unilateral de autogestión judicial

El veto de la derecha a la renovación del CGPJ trata sobre todo de preservar las abultadas mayorías conservadoras.
CarlosLesmes 2021
Carlos Lesmes en el acto de apertura del Año Judicial 2021/2022.

Una vez más, la inauguración del año judicial ha sido aprovechada hablar de nuevo del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, y sobre todo del veto de la derecha a su renovación y de las distintas fórmulas para su elección, más que de dar cuentas a la ciudadanía de su gestión de los problemas y los retos de la justicia en España. No vaya a ser que en unas competencias que son compartidas con el Ministerio de Justicia, la dación de cuentas y las responsabilidades sean exclusivamente de la parte del gobierno.

Los protagonistas, la fiscal General del Estado y el presidente del consejo general del poder judicial, que antes han formado parte de forma más o menos notoria de gobiernos del PSOE y el PP, suponen una muestra significativa de hasta qué punto llega la hipocresía y la parcialidad de algunos pronunciamientos de altos vuelos sobre la independencia de la justicia, cuando ésta se predica exclusivamente de la independencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con respecto a los partidos y la representación democrática del parlamento, cuando forma parte de la Constitución y dela eta que lo regula. Nada se dice sin embargo con relación a la independencia con respecto a las asociaciones judiciales, mayoritariamente conservadoras, de su carácter corporativo, y por tanto también político.

Todo ello, desde una concepción de la elección político parlamentaria como una baldón profesional, cuando sin embargo el gobierno de cualquier órgano, y más si es institucional, es en esencia político, así como del nombramiento y la posterior dedicación al cargo institucional se estigmatiza como correa de transmisión de la designación política, no ocurre lo mismo con el de las asociaciones judiciales o de ambos, como ocurre en la actualidad, junto a una concepción de la independencia judicial que trasciende el ejercicio de la jurisdicción y a la que se le atribuye supuestas carencias, sin prueba alguna en las sentencias de la gran mayoría los tribunales españoles, con el manido recurso a la llamada politización de la justicia, en particular en la lucha contra la corrupción, a pesar de tener en su haber unos resultados muy positivos reconocidos dentro y fuera de nuestro país.

Pero lo que no se dice es de que la denostada politización, es como mucho equivalente si no menor que la menos comentada y por tanto aún menos criticada judicialización de la política, que también existe, al margen de cualquier legitimidad democrática y con un evidente sesgo conservador.

Así, el veto de la derecha a la renovación del Consejo, entre otras instituciones democráticas, trata sobre todo de preservar las abultadas mayorías conservadoras en el gobierno de la justicia conseguidas aprovechando cada periodo de bloqueo y especialmente en los momentos de prórroga.

Asistimos al enésimo debate entre democracia y corporativismo en la elección CGPJ que a tenor de su representación tiene un sesgo mayoritariamente conservador

Responde asimismo a la estrategia de deslegitimación del gobierno de coalición desarrollada por parte de la derecha española, ya desde la moción de censura, negando su papel como interlocutor válido en los pactos de Estado. Las excusas han ido desde la presencia de UP y de los comunistas, la designación de la fiscal general del Estado, las críticas a las sentencias o la presencia entre los propuestos de alguno de los jueces anticorrupción más significativos. En definitiva, asistimos al enésimo debate entre democracia y corporativismo en la elección del órgano de gobierno de unos jueces que a tenor de su representación tienen un sesgo muy mayoritariamente conservador.

Todo ello, desde una concepción regresiva y casi medieval de la justicia, que junto al monarca, son ponderados por estos sectores como poderes permanentes y representantes de la razón de Estado frente a las más temporales, inseguras y ambiguas propias de las instituciones políticas y en particular de los gobiernos y los parlamento. Un veto a la renovación como símbolo también de la reacción conservadora que viven las democracias en España y a nivel internacional.

Una renovación para la que además la derecha pone como condición previa la reforma de la ley en vigor para incorporar la fórmula mayoritaria de elección de los Consejos del poder Judicial en Europa entre los propios jueces, pero se alude muy poco a los países donde éstos no existen y sus funciones son competencia propia del ministerio respectivo, pero se reflexiona aún menos a las profundas diferencias en sus competencias con respecto al español, en que además de sus funciones organizativas se suman otras de naturaleza política. Una parte afectan al gobierno y la gestión interna propias del tercer poder del Estado: el nombramiento y ascenso de Jueces y Magistrados, junto a las situaciones administrativas e incompatibilidades, así como la inspección de Juzgados y Tribunales, y el régimen disciplinario judicial.

Otras, sin embargo, tienen que ver con aspectos más políticos como la selección y formación de los jueces, la calidad de la justicia en cuanto a la tutela judicial efectiva, la vigilancia frente a la violencia de género o las relaciones internacionales. En consecuencia, la reforma que propone la derecha en favor de un modelo de elección corporativo tendría que limitar también sus competencias políticas para garantizar la legitimidad democrática de las mismas.

Esa es la razón de fondo para que, aprovechando su discurso, el presidente del CGPJ haya acusado al parlamento de injerencia en la autonomía del órgano que preside y al mismo tiempo haya cuestionado las razones del gobierno para su decisión sobre los indultos. Todo un alarde de como rechazar la politización de la justicia judicializado la política.

De ahí también la crítica de Carlos Lesmes al reciente indulto de los condenados por el Procés, en que ha tratado de enfrentar al Tribunal Supremo y su sentencia con el gobierno de coalición de la izquierda y el objetivo político de la equidad y el diálogo político para encauzar la cuestión catalana.

Para ello, el presidente del Consejo ha acusado al gobierno de argumentarlo en el rechazo de la venganza, algo que si acaso hicieron los sectores independentistas en el momento de la sentencia, por contra el gobierno ha fundamentado el indulto en la necesidad de eludir cualquier sentimiento de revancha social para poner en un primer plano el valor político de la concordia. Una materia muy política y para nada jurídica. El indulto es un instrumento constitucional de política criminal en manos del gobierno, que permite reducir la duración de las penas en unas condiciones concretas y adecuarlas a la sensibilidad social, mediante la aplicación de principios como la equidad, la oportunidad o la utilidad pública, como parte de una valoración política y no jurídica.

Dicho en términos de la propia exposición de motivos de la Ley que lo regula: “Por mil variadas causas conviene en ciertos y determinados casos suavizar, a fin de que la equidad que se inspira en la prudencia no choque con el rigor característico de la justicia”.

Lesmes lo sabe.

El inicio de curso y la declaración unilateral de autogestión judicial