Ayer arrancó en Madrid la cita mundial más importante contra el cambio climático, una cumbre en la que unos 50 mandatarios buscan recortes drásticos de las emisiones contaminantes a la atmósfera, después de que la Eurocámara haya declarado la situación de emergencia y de que la ONU haya pedido medidas urgentes para revertir esta crisis.
Pues bien, en este contexto abogar por el principio de que “quien contamina paga” contribuiría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental que, a la postre, serviría para cambiar el comportamiento de las empresas; más allá de que la CEOE haya garantizado el compromiso de las compañías en este sentido.
Pese a que el diésel es un combustible mucho más contaminante, su gravamen es entre un 23 y un 29% inferior al de la gasolina
La COP25 tiene dos objetivos prioritarios: reducir a la mitad hasta 2030 las emisiones para limitar el calentamiento a 1,5 grados y lograr las cero emisiones en 2050. Unos desafíos que abren la puerta, de par en par, a la aprobación de una reforma fiscal “verde” con la que, según nuestros cálculos, el dióxido de carbono podría reducirse hasta quedar en torno al 3% con respecto al año 1990, tomado como base el protocolo de Kyoto.
En este escenario, convendría crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con el que, además, podrían recaudarse más de 10.000 millones de euros al año en España y, así, compensar el “agujero” superior a los 6.000 millones de euros que sufre nuestro país en la imposición medioambiental respecto a la media europea.
No resulta nada pretencioso asegurar que la política fiscal podría convertirse en la mejor arma con la que salvar el planeta
Este tributo gravaría las actividades económicas y productos que en su proceso o uso emitan Dióxido de carbono (CO2), Óxido nitroso (N2O), Metano (CH4), Clorofluorocarbonos (CFC) y Ozono troposférico (O3); ya que otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) están gravados en nuestro país por el Impuesto sobre gases fluorados, que apenas recaudó 91 millones de euros en España el pasado año.
Se trataría, a fin de cuentas, de un impuesto de naturaleza estatal, aunque podría negociarse con las CCAA la cesión de parte de su recaudación. Y esta medida debería de acompañarse de una completa batería en la que destacaría la equiparación de la tributación que soportan el diésel y la gasolina, en línea con el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español de 2014. Y es que, pese a que el diésel es un combustible mucho más contaminante, su gravamen es entre un 23 y un 29% inferior al de la gasolina. En este sentido, en los fallidos PGE para 2019 el Gobierno calculaba que reduciendo la bonificación del impuesto especial sobre el gasóleo podrían ingresarse 670 millones de euros.
En definitiva, no resulta nada pretencioso asegurar que la política fiscal podría convertirse en la mejor arma con la que salvar el planeta.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
