Tras el acuerdo del 23 de diciembre alcanzado por la patronal, los sindicatos y el Gobierno, sobre la reforma de la reforma laboral del PP de 2012, corrí a consultar la prensa generalista, sobre todo para observar cómo evaluaba la derecha mediática y política dicho acuerdo.
El Mundo y el ABC optaban por rebajar la importancia del mismo y por destacar que lo esencial de la reforma de 2012 seguía intacto. Vayan como muestra algunas frases literales de dicha prensa. El Mundo: “La Vicepresidenta renuncia a su compromiso electoral”, “supone una buena noticia, consagra la mayor parte del texto de Fátima Bañez”, “queda lejos de las pretensiones de la izquierda”, “pragmatismo sensato”, “evidentes renuncias de Yolanda Díaz”, “ha cedido en la negociación para conseguir la aprobación de Bruselas”. No obstante, este diario reconoce que son una “muestra la responsabilidad de los interlocutores sociales”. ABC: “Una contrarreforma aceptable”, “no es la derogación que prometía el mantra de la izquierda”, “por suerte, no supone una derogación de la norma del PP de 2012”, “el mérito es de Europa”. A regañadientes, este diario reconoce que “es, en definitiva, una buena noticia, se ha impuesto la lógica y el realismo”, por supuesto “frente a la jactancia de una izquierda mitinera y sobreactuada”. Carlos Herrera (ABC) es menos respetuoso y, después de llamar cantamañanas a todos los ministros, estima que “no es una derogación, ni una reforma, sino un retoque”, aunque admitiendo que podría ser, “más o menos acertado”.
La Razón se desmarca definitivamente de sus compañeros mediáticos y opta por una monumental regañina a la patronal, personalizándola en el Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: “Garamendi se entrega a Díaz” (titular de portada en letras de molde), “el pacto tiene costes para los empresarios”, “Garamendi cómplice del error”, “cesión ante las imposiciones del sector radical del Gobierno”, “tendrá consecuencias para él” (¿amenaza velada?), “va en contra de lo que necesita el tejido empresarial”. En un artículo separado, Francisco Marhuenda se muestra aún más agresivo: “Rendición de la CEOE”, “sumisión de Antonio Garamedi a Yolanda Díaz”, “humillación de los empresarios”, “Garamendi se ha convertido en un ministro más del gobierno socialista-comunista”. Y, así, todo el artículo, finalizando con un ataque muy personal: “A Garamendi, lo que más le gusta es tratarse con los poderosos”. Por su parte, el columnista Toni Bolaño añade que “Díaz ha obtenido su victoria” y que el acuerdo “cambia de forma sustancial la reforma de 2012”.
¿En qué quedamos? ¿Se trata de un retoque sin importancia o de una reforma sustancial? Lo mejor para dilucidarlo es ir a los hechos y que cada uno se forme su opinión: La reforma del Gobierno de Rajoy de 2012 se realizó sin acuerdo de los interlocutores sociales y eliminó algunos aspectos de la legislación precedente, todos en la línea de quitar poder de negociación a los trabajadores y de provocar una devaluación salarial. No olvidemos que España estaba en lo más álgido de la Gran Recesión que comenzó en 2008. En ese sentido, fue un “éxito”, porque los salarios cayeron en picado, la temporalidad aumentó drásticamente y apareció la figura del trabajador pobre, es decir, de personas con empleo a tiempo completo que seguían por debajo del umbral de la pobreza. Así, se suprimió la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, se eliminó la actividad de los convenios más allá de un año tras su finalización, se permitió a las empresas subcontratistas imponer sus condiciones particulares al margen de las del sector, se permitió encadenar contratos temporales sin límite y otras medidas similares.
El resultado es que hemos llegado a 2021 con un 26% de temporalidad (el doble que la UE), un 38% de desempleo juvenil (de nuevo, el doble que en la UE) y una pérdida significativa del peso de los salarios en la renta nacional. Es decir, en nueve años no se ha corregido la devaluación que se produjo en el fragor de la crisis de 2008. Son precisamente algunos de esos aspectos los que se corrigen ahora. Sobre todo, se combate la temporalidad y se restaura el poder de los convenios sectoriales, es decir se restablece el necesario equilibrio empresario-trabajador que se rompió en 2012. En otras contribuciones de esta revista puede encontrar el lector los detalles de la reforma. Aquí me centraré en la evaluación que hacen los diferentes actores.
En la patronal ha habido algunos discrepantes: Foment del Treball (patronal catalana), CEIM (patronal madrileña), ANFAC (fabricantes de automóviles y camiones) y ASAJA (asociación agraria) se abstuvieron en la votación por estimar que “la reforma supone una involución”. Garamendi, más pragmático, entiende que hay que “amarrar lo que hay y desactivar a Sánchez y Díaz en materia laboral por un largo tiempo”. Otras declaraciones de fuentes patronales afirman que “se han cambiado cuatro cosas que nosotros no habríamos cambiado, pero el daño es mínimo” y que “es una reforma muy prudente para venir de un gobierno de izquierdas”. Curiosamente, Fátima Bañez, muñidora de la reforma de 2012, ha estado en el equipo de Garamendi apoyando sus decisiones.
Los sindicatos, por su parte, declaran que “es verdad que no tiramos la reforma laboral de 2012, pero sí entramos en los aspectos más lesivos”. El Gobierno se felicita porque, “se han recuperado derechos” y porque “por primera vez en 40 años, una reforma laboral de envergadura logra el consenso de los agentes sociales”.
Otra prensa más templada, como El País y El Periódico de España, estiman que “combatir la temporalidad era la primera gran obligación de la reforma”, “en ello fracasó la reforma de 2012”, “la credibilidad de la misma está en el gravoso coste del incumplimiento (sanción por trabajador afectado)”, “debe mucho al realismo tenaz de los sindicatos, al pragmatismo del presidente de la patronal —que ha sabido resistir las invitaciones al boicoteo provenientes de la derecha política— y también al Gobierno”.
Finalmente, el señor Casado, en su línea de expresar su rabia contra todo éxito del Gobierno, ha descalificado la reforma, ha prometido derogarla si el PP llegara a gobernar y votarán en contra en el Parlamento. Declara que “nuestro modelo ha creado tres millones de empleos”, afirmación que sería más ajustada si cambiásemos la palabra “empleos” por “trabajadores pobres”. Elvira Rodriguez —responsable económica del PP— concluye que la reforma “es mala para España”.
Mi conclusión personal es que la derecha política de nuestro país está más escorada hacia la derecha que la clase económica a la que se supone representan. Primero presionan a la patronal para que no acuerde nada con el odiado gobierno social-comunista —en su habitual forma de referirse a él— y, cuando la patronal sigue su propio criterio y acuerdan —tenían grandes incentivos para acordar, porque una reforma sin ellos hubiera sido peor para sus intereses—, optan por regañarles. ¿Dónde se ha visto a un partido de derechas o a sus terminales mediáticas regañar a los empresarios? En su día, aplicaron el mismo tratamiento a los obispos y al propio Garamendi porque apoyaron los indultos a los secesionistas catalanes. ¿A qué clase representa un partido así? España seguirá siendo diferente mientras en el PP no se produzca una profunda renovación y opte por parecerse algo más a sus homólogos europeos.
Fuente : Sistema Digital
