jueves. 28.03.2024
REFORMA FISCAL

Los ingresos fiscales y los próximos presupuestos

Estamos a más de 70.000 millones de menores ingresos públicos de la media de los países de la UE en términos relativos, dada nuestra ridícula presión fiscal.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La crisis económica derivada del covid19 en este segundo trimestre de la economía española –superpuesta a la crisis también mundial que arranca en el 2008– más los errores de política económica heredada del gobierno del PP del 2011 al 2016 –austeridad, reforma laboral y, por ello, caída de la demanda agregada– ha puesto de manifiesto que la eterna aplazada reforma fiscal ya no puede esperar. El sistema tributario español es insuficiente, potencia el fraude y la elusión fiscal, y es injusto porque no contribuye más el que más tiene. Llegados a esta situación, con las negociaciones en curso entre sindicatos y empresarios en torno a los ERTE y con la cuestión laboral en general –pendiente aún de liquidar la reforma del PP que provocó una caída de la demanda agregada en su momento– parece el momento propicio para abordar tanto esa reforma laboral como la tributaria. Más aún si el déficit español en los presupuestos que se presentan en Bruselas va a estar en torno a los 40.000 millones de euros, con el consiguiente aumento de la deuda pública. Este déficit es inevitable –incluso corto– dadas las exigencias de la economía, curiosamente la de la propia derecha política y la de los propios empresarios, de financiar desde lo público los ERTE pagando cuotas de la Seguridad Social, moratorias en los ingresos, ayudas a los autónomos y dotar de rentas a parte de la población que no tiene para sus necesidades básicas (los, de momento solo, 3.000 millones por IMV (1)). Más importante que lo anterior son las ayudas a fondo perdido que va a suponer al sector automovilístico, al sector aeronáutico, al turismo (2), los 16.000 millones a fondo perdido que se entregarán a las Comunidades Autónomas a cargo de la Administración Central –con aumento de la deuda pública– y las ayudas a las alcoas y nissan de turno que vayan surgiendo por el camino.

Por todo lo anterior la reforma fiscal debe comenzar este mismo año y los problemas y oportunidades de ésta son las siguientes:

A) Se estima en cerca del 25% de economía sumergida, que girada sobre el PIB del 2019 de 1.202.193 millones supondrían 300.500 millones. Y si la participación de los ingresos fiscales del conjunto de las Administraciones es del 35,4% del PIB, ello supondría que se deja de recaudar –solo por este sumergimiento– la impresionante cifra de 106,000 millones. A esta cifra hay que añadir el fraude y la elusión fiscal de la economía no sumergida. Se estima que hay en paraísos fiscales 144.000 millones en cuentas y patrimonios que no declaran a Hacienda o lo hacen fraudulentamente. Como datos oficiales diremos que en el año 2018 Hacienda ingresó 15.089 millones de euros –15.700 millones en el año 2019– en esta tarea, e incurrió en unos gastos de funcionamiento de 1.419 millones. Por lo tanto recaudó 10,6 euros por 1 euro invertido en combatir esta terrible lacra, lo cual hace muy rentable esa inversión.

B) Se estima también que las diversas Administraciones dejaron de ingresar 51.529 millones (Ministerio de Hacienda, 2016) como consecuencia de las múltiples deducciones, exenciones, desgravaciones y bonificaciones que recorren los diversos impuestos (principalmente Sociedades, Patrimonio, Rentas y Sucesiones y Donaciones). Y no parece que los supuestos fines estimulativos y justicia tributaria hayan tenido valor o hayan estado acertados. La rebaja de estos estímulos fallidos es obligada. Un ejemplo son los menores ingresos derivados del rescate de los fondos de pensiones al ser consideradas rentas irregulares en el IRPF. La rebaja del 40% parece excesiva.

Las bonificaciones y exenciones de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas señalan que el diseño de estos impuestos han sido un error monumental

C) Las bonificaciones y exenciones de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas como son los de Patrimonio, Transmisiones y Actos jurídicos documentados y Sucesiones y Donaciones, señalan que el diseño de estos impuestos han sido un error monumental. Se estima por la Agencia Tributaria que la C. de Madrid –el mayor paraíso de elusión fiscal de España– ha dejado de ingresar 48.000 millones desde el 2004 al 2019, lo cual supone 3.000 millones justos por año. La parte del león de pérdida recaudatoria estaría en el impuesto de sucesiones y donaciones, con 32.610 millones en el período mencionado Y estamos hablando solo de una Autonomía. Y la gran castigada por estos ingresos “perdonados” a los que más tienen ha sido la sanidad pública madrileña y lo está siendo también la educación pública madrileña. Parece obligada una reforma en estos impuestos que solo permita subir los impuestos hasta cierto límite y no bajarlos. No tiene sentido tributario que la Administración Central ceda impuestos a las Autonomías para que financien los bienes públicos y que algunas Autonomías hagan electoralismo –apoyándose en los sentimientos egoístas del electorado– porque ello supone que unos españoles financian a otros por el simple hecho de vivir en territorios diferentes.

D) Las empresas y, sobre todo, las grandes empresas, tributan mucho menos por sus rentas –ganancias– que los particulares. Esto no tiene sentido. Y las grandes multinacionales, que pueden mover sus residencias tributarias y marcar precios de transferencia, llegan a tener un tipo efectivo sobre la base imponible menor del 5%. Según el economista Gabriel Zucman, premio Bernácer al mejor economista joven de Europa otorgado por el Observatorio del BCE, en el territorio español se dejan de declarar por parte de las grandes multinacionales unos 13.500 millones de euros, de los cuales se desvían a las empresas matrices o filiales 11.000 millones. Por ello parece imprescindible marcar ese tipo efectivo al menos en el 15% sobre ganancias –si es mayor que lo recaudado por el tipo sobre la base imponible– y que está en los acuerdos de los partidos del gobierno de coalición actual. Es aún insuficiente si lo comparamos con la tributación en el IRPF, pero es un paso ineludible para aligerar la injusticia tributaria actual. Como colofón de este apartado diremos –con datos oficiales del Hacienda– que en el año 2007 los empresarios declararon en el impuesto de sociedades 44.823 millones que se corresponden con los beneficios –y esto es muy importante– del año 2006; en cambio, al año siguiente, es decir, en el 2008 declararon por los beneficios del 2007 –aún no se había declarado la crisis– ¡solo 27.301 millones! Ahí queda el dato y la posible actuación dolosa de una parte del empresariado. Y ahora vuelven a las andadas las grandes empresas ocultando al fisco sus verdaderas ganancias, especialmente las multinacionales, lo cual es insufrible.

Las posibles ayudas venidas de la UE serán bienvenidas, pero no podrán ser excusa para mantener un sistema tributario insuficiente, injusto y que propicia el fraude y la elusión fiscal dentro y fuera del territorio

Por supuesto que hay más problemas de diseño y ejecución de la fiscalidad española como son las multas y penalidad como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, la insatisfactoria o no relación entre impuestos directos e indirectos, la posible financiación parcial de la Seguridad Social a cargo de los impuestos, la pendiente subida de los tipos marginales en el IRPF ya acordada entre los partidos del gobierno de coalición, la también pendiente de subida del tipo efectivo en Sociedades, el aumento de las plantillas de la Agencia Tributaria, la reorientación de esta en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, la reforma de algunos impuestos locales (insuficientes y excesivos según los casos), etc. Las posibles ayudas venidas de la UE serán bienvenidas, pero no podrán ser excusa para mantener un sistema tributario insuficiente, injusto y que propicia el fraude y la elusión fiscal dentro y fuera del territorio. Y no podrá ser excusa porque el dinero venido allende los Pirineos no amortizará deuda, no mejorará la justicia social, ni podrá sacarnos de un sistema tributario con los defectos mencionados. Y para ello solo hay que mirar nuestro entorno, la comunidad de países a los que pertenecemos, es decir, la UE: la comparación nos hace tercermundistas.

Los próximos presupuestos estarán marcados y se valorarán en Europa por la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal, porque la vía de rebajar salarios de funcionarios, congelar las pensiones, rebajar también los salarios o precarizar más el empleo –como desean los grandes empresarios– está vedada por injusta en lo social y por los efectos calamitosos que supuso en la demanda agregada la medida tomada en el 2010 por un gobierno del PSOE y en el 2012 por otro del PP. Al contrario, habrá que estimular más la demanda vía rentas, aunque ello suponga un mayor y momentáneo endeudamiento.

En relación con lo anterior no queda más remedio que señalar que la izquierda gobernante y no gobernante y las organizaciones civiles y sindicales que defienden la justicia social, no pueden caer esta vez en la trampa que tienden la derecha política, los medios de comunicación de derechas y los periodistas de derechas de forma más o menos consciente. ¡La trampa consiste, en síntesis, en apelar a la solidaridad de todos para el gasto público y al egoísmo de los más insolidarios para la tributación por cuestiones electorales! Empresarios, derecha política, parte de los autónomos también, piden ayudas que pagamos todos –aunque a veces se presente como si solo lo pagara un ente abstracto que llaman Estado–, pero, simultáneamente, niegan la posibilidad del aumento de los ingresos públicos a ese mismo Estado a través de la modificación del sistema tributario. Estamos a más de 70.000 millones de menores ingresos públicos de la media de los países de la UE en términos relativos, dada nuestra ridícula presión fiscal. La derecha más necia y los empresarios más alicortos pretenden cuadrar la cuentas –¿por qué esa necesidad de cuadrar la cuentas como si la economía de un país fuera mera contabilidad?– presionando al Gobierno para que reduzca en su momento sueldos de funcionarios y pensiones, error que ya cometió el Sr. Zapatero cuando era presidente allá por el 2010. Entonces fue un error porque deprimió la economía, porque esa disminución brutal de las rentas deprimió el consumo y, con ello, la demanda agregada. Luego agudizó la depresión el Sr. Rajoy en el 20212 con la reforma laboral. Hoy, hacer lo mismo, sería una catástrofe porque todavía ¡son insuficientes las rentas salariales y las dadas desde el Estado para igualar la demanda agregada del año anterior! Si en el 2010 y siguientes había una demanda insuficiente que no fue considerada por la derecha gobernante –Rajoy sabía de economía lo que servidor de papiroflexia, aunque el problema no fuera solo de ignorancia– y no hace falta deprimir hoy la demanda con una medida semejante porque de momento es todavía insuficiente. Justamente hay que hacer lo contrario. La trampa es burda porque en la derecha no hay inteligencia porque nunca, desde Cánovas del Castillo, la han necesitado para mandar y gobernar, porque lo han hecho con pronunciamientos (siglo XIX) y golpes de Estado (siglo XX). Pero por ello, por ser tan burda la trampa, sería más delito caer en ella. Esperemos que no ocurra y que PSOE y Podemos tengan claro lo que hay que hacer a nivel agregado, porque sí parece que lo tienen –lo están demostrando– a nivel social. Veremos.


(1) Si hay 1.000.000 de ciudadanos detectados que no tienen ninguna fuente de ingresos, a 500 euros de ayuda mensuales salen 6.000 euros al mes y, por ello, 6.000 millones de euros al año, justamente el doble de lo presupuestado. Esperemos que se corrijan esas cuentas y se duplique la partida presupuestaria para los próximos presupuestos.

(2) Y no nos olvidamos los más de 4.000 millones de las radiales en la C. de Madrid del PP y sus amiguetes en las constructoras y que iremos pagando todos los españoles poco a poco con nuestros impuestos más el mantenimiento de las mismas. Y esperemos que lo recuerden también los votantes del PP cuando vayan con sus coches por esas malhadadas radiales.

Los ingresos fiscales y los próximos presupuestos
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