Si entre 2012 y 2017 el Gobierno del Presidente Rajoy hubiera actuado con menos desidia y con más inteligencia, la declaración de la independencia en Cataluña no habría llegado tan lejos.
No digo que no hubiera sido necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero la tensión habría sido bastante menor. Ello no supone responsabilizar al Gobierno de Rajoy de lo que es responsabilidad del independentismo, pero sí repartir responsabilidades de una operación política en la que muchos sujetos (el Gobierno de Maragall que inició una reforma estatutaria que nadie pedía, el Tribunal Constitucional que tardó cuatro años en dictar Sentencia sobre el Estatuto, el Partido Popular que vio en el Estatuto una ocasión de captar votos, etc.) actuaron con frivolidad, con ingenuidad y, sin duda, con desidia.
El Partido Popular debería estar pidiendo perdón a los españoles por su desidia y por la pésima gestión del problema y no utilizar las medidas de apaciguamiento que está tomando el Gobierno
Viene a cuento esta reflexión a la vista de la desaforada reacción del Partido Popular ante la proposición de ley de reforma del Código Penal para cambiar el tipo de sedición.
El Partido Popular debería recordar que Rajoy permitió el pseudo-referéndum de noviembre de 2014 y, tras su celebración, adujo que Artur Mas le había engañado. En junio de 2017 ya se veía venir el choque cuando el Presidente y el Vicepresidente de la Generalidad, Puigdemont y Junqueras, formularon sendas declaraciones institucionales el 9 de junio anunciando los pasos que iban a dar, pues ese día el Gobierno catalán fue convocado y se reunió de manera extraordinaria para ratificar la celebración de un referéndum el primero de octubre. Y el 4 de julio se anunció el contenido de un futuro proyecto normativo.
Pero el Gobierno de Rajoy afirmó que no había todavía actos jurídicos encaminados a celebrar el referéndum y aún no se debía actuar para impedirlo. Conviene sin embargo analizar la naturaleza jurídica de estas actuaciones (sobre los perfiles jurídicos de estos actos, Javier García Fernández: “Responsabilidades por el referéndum”, El País, 12 de julio de 2017).
Vinieron luego las sesiones del Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre con la aprobación de las Leyes de desconexión, pero la respuesta del Gobierno y la posible aplicación del artículo 155 ya llegó tarde. Aun así, había tres semanas para impedir que se celebrara el referéndum, lo que comportaba que todos los servicios de Inteligencia del Estado (y no son pocos, CNI, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil más la Inteligencia de las Fuerzas Armadas) tenían que descubrir la infraestructura del referéndum e impedir que se distribuyera por toda Cataluña. Pero ahí también fracasó el Gobierno.
La consecuencia de la desidia, de la ineficacia o la torpeza del Gobierno de Rajoy fue que el pseudo-referéndum se celebró y que el Gobierno movilizó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin lograr impedir la movilización de los independentistas y sus compañeros de viaje. Y cuando al fin el Senado autorizó aplicar el artículo 155 de la Constitución era demasiado tarde, pues la aplicación de este precepto constitucional habría sido mucho más útil si hubieran intervenido los órganos de la Comunidad Autónoma para que no se aprobaran las Leyes de desconexión ni se llegara a convocar el pseudo-referéndum.
Por eso es éticamente reprobable la conducta del Partido Popular y de su Presidente, Núñez Feijóo. El Partido Popular debería estar pidiendo perdón a los españoles por su desidia y por la pésima gestión del problema y no utilizar las medidas de apaciguamiento que está tomando el Gobierno que, después de todo, persiguen que la tensión política baje en Cataluña y, con ello, desinflar el independentismo. Porque lo que está latiendo detrás de la reforma penal del delito de sedición es, ante todo, apaciguar. Y este apaciguamiento tiene una vertiente táctica, pero también una vertiente estratégica.
Además de modernizar los tipos penales de conductas que poseen un gran sesgo político, lo que siempre es positivo, desde un punto de vista táctico el Gobierno pretende reducir el apoyo a los partidos independentistas y en este campo no hay duda de que rebajar la presión penal, como ha pasado ya con los indultos, reduce el campo electoral del independentismo y provoca contradicciones internas, como se ve con la guerra que ya mantienen Esquerra Republicana y Junts y corroboran los sondeos de opinión.
Pero más allá de esta dimensión táctica hay una dimensión más profunda. En las últimas elecciones al Parlamento catalán 1.360.696 electores votaron partidos independentistas (Esquerra Republica, Junts y la CUP), es decir, con todos los matices que se quiera, casi un millón cuatrocientos mil catalanes votaron a favor de la independencia. ¿Queremos que aumente esta cifra o el Estado ha de lanzar mensajes de apaciguamiento que además resten argumentos al voto independentista?
Y ello tiene una dimensión estratégica, porque se trata de que el ciudadano catalán no tenga motivos en las próximas décadas para seguir con el delirio de la independencia. Las fórmulas constitucionales pueden ser muy variadas y posiblemente transcurrirá mucho tiempo antes de que se puedan proponer reformas jurídicas asumibles por Cataluña y por el resto de las Comunidades Autónomas. Pero en todo caso hay que quitar pretextos para la ruptura y para el conflicto que todavía hoy propugnan Junts y la CUP.
Por eso no se entiende la ceguera del Partido Popular que parece haber renunciado a mantener representación parlamentaria en Cataluña y que, además, a través de su prensa afín, también boicotea las necesarias medidas de apaciguamiento que eran necesarias en el País Vasco. Instalado en el trumpismo, convergiendo tácticamente con Junts, peleando por ocupar el espacio extremista de Vox, su recorrido es corto y difícilmente introducirá cuñas en el PSOE de las Comunidades Autónomas, porque el mensaje apaciaguador es un elemento estructural de la socialdemocracia.
