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viernes. 30.09.2022
jusapol
Foto de archivo EFE

Por José Bulajance C. | La policía es, por su naturaleza, un instrumento del poder institucional, y tiene la obligación de mantener el equilibrio, difícil pero conveniente, para el sano balance de la convivencia entre las personas de distinta opinión y posición socioeconómica. Quienes se alinean con intereses espurios y bastardos, que intentan vender la percepción de riesgo a ser víctima de delitos, generando una desconfianza creciente que afecta a los derechos humanos, incentiva medidas sociales y gubernamentales cortoplacistas, autoritarias y al margen de la ley, reducen el apoyo al modelo democrático y deterioran la gobernabilidad.

La institucionalidad no se basa en la imagen artificial y mediática construida para una parte de la sociedad, sino en una cualidad de actuación y organización ajustada al Estado de Derecho. Las manifestaciones de la extrema derecha son crecientes, la conflictividad social cotidiana en medio de la diversidad y la pluralidad estatal (la seguridad y la justicia requieren equidad y ello implica tomar necesariamente en cuenta las diferencias), así como la existencia de organizaciones sociales, desborda sus capacidades, abriendo tentaciones de retroceso y estilos autoritarios para recuperar “el orden perdido”. 

Numerosos estudios confirman una creciente correlación entre los medios a través de los cuales las personas se informan y la inseguridad y victimización que perciben. Estar desinformado puede tener inesperadas, complejas y dramáticas consecuencias La crisis del capitalismo mundial, de actualidad desde 2008, nos demuestra que los mercados no eran tan inteligentes, ni tan racional el criterio de sus agentes. Todo se hace mercancía y se puede vender o comprar, se satura de publicidad el espacio público, se privatiza lo no privatizable; se pierde la fe en la razón y la ciencia y no se piensa con responsabilidad en el futuro, abundan las personas inadaptadas. Ocurre tan rápido que no da tiempo de asimilarlo. No es el problema que no existan “valores”, lo que pasa es que los que hay son distintos, los códigos para interpretar al mundo se han modificado sin darnos tiempo de descifrarlos. 

Todo se hace mercancía y se puede vender o comprar, se satura de publicidad el espacio público, se privatiza lo no privatizable; se pierde la fe en la razón y la ciencia y no se piensa con responsabilidad en el futuro

En el ámbito de la seguridad ha aumentado la complejidad de entender y actuar sobre las inseguridades ciudadanas que nos aquejan. Construimos entonces nuestras verdades y nos atrincheramos en ellas para protegernos de lo que quizá lleve de nuevo a la humanidad a un período de trastornos en el que la razón, la argumentación y el equilibrio serán superados por la exacerbación de las pasiones. Muy probablemente estemos necesitando una reforma policial, entendida como el proceso mediante el cual se adapta la fuerza policial para responder al contexto histórico de los derechos humanos, la seguridad ciudadana, la criminalidad y las condiciones sociopolíticas del país. Modernizar es actualizar y adecuarse a la demanda social en un contexto histórico, político y geográfico determinado y cambiante. 

La capacidad de adaptar la policía a un modelo de desarrollo concreto responde a la habilidad de quienes integran la institución, a la correlación de las fuerzas políticas y gubernamentales con capacidad de ejecutar cambios, a la beligerancia y calidad de la participación social organizada que influye en la opinión pública y a la problemática delictiva que enfrenta. Según el diccionario de la Lengua Española de la RAE “seguridad” es la cualidad del “seguro” que a su vez se define como “libre y exento de todo peligro, daño o riesgo”. La palabra se deriva del latín securus que significa “tranquilo, sin cuidado, sin peligro”, y ésta no es precisamente la sensación que nos llega cuando vemos a las policías manejadas como marionetas por las mentiras del nacional populismo.

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La inseguridad ciudadana afecta derechos fundamentales de las personas como la integridad física, la libre circulación y el respeto de su honor y reputación. Todo individuo de un estado moderno tiene derecho a la seguridad ciudadana en el sentido amplio, esto es, el individuo es sujeto activo, con derechos y obligaciones, no es pasivo ante la “seguridad” que pueda y deba proporcionarle el Estado como principal responsable, sino que participa activamente; es una construcción social cambiante que carece de definiciones limitadas por el derecho positivo, trasciende a la norma, se incluye como parte del comportamiento e interrelación social y cultural: la seguridad democrática es integral e indivisible, inseparable de su dimensión humana. En la percepción ciudadana de seguridad hay aspectos que dependen de las instituciones públicas encargadas, particularmente la policía (también fiscales y jueces).

La transparencia de sus actos, el respeto a la ley, las normas de procedimiento y los derechos; se requiere eficacia y corrección, responsabilidad. La gente no conoce los protocolos, pero perciben la actuación policial, confían o desconfían. No entienden los detalles técnicos ni jurídicos, solamente interpretan y califican la calidad de la actuación sobre la base de la subjetividad individual y colectiva, a partir de la confianza o desconfianza que se ha construido. Si no hay credibilidad, en la percepción social habrá duda, desconfianza, y por tanto se debería fortalecer lo que significan dichas cualidades en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, todo lo contrario, al manejo orquestado al que venimos asistiendo. La respuesta institucional y el grado de confianza o credibilidad que las personas dan a las instituciones encargadas, condiciona la apreciación de los resultados. A mayor confianza y credibilidad en las instituciones de la seguridad pública, mayor percepción/sensación de seguridad de las personas. No lo olvidemos.

¿Quién vigila al vigilante?