Esta semana, durante un debate organizado por Unidas Podemos donde también participó -entre otros expertos- el exlíder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, tuve la oportunidad de destacar la necesidad de abordar una reforma fiscal completa que contemple el sistema en su conjunto y que ponga fin al parcheo que desde hace años viene sufriendo nuestro sistema tributario, cuyos pilares se plantearon a finales de la década de los 70 del pasado siglo.
Reforma que, desde nuestro punto de vista, debe dar respuesta a los tres problemas fundamentales que lastran nuestro sistema tributario, y que menoscaban los principios que según el artículo 31 de nuestra Constitución deberían inspirarlo.
En primer lugar, a la falta de suficiencia recaudatoria, como lo demuestra el histórico déficit de presión fiscal frente a la media ponderada de la Unión Europea, junto a la opinión de los ciudadanos que reflejan los estudios del CIS sobre opinión pública y política fiscal, en el sentido mayoritario y transversal de que se dedican muy pocos recursos a los principales capítulos del gasto público.
En segundo lugar, a la insuficiente equidad, tal y como se desprende también de los estudios del CIS, al considerar más del 80% de los ciudadanos que los impuestos no se cobran con justicia, al no pagar más quienes más tienen.
Y por último, pero no menos importante, al alto nivel de economía sumergida y fraude fiscal, muy por encima de los de los países de nuestro entorno (triplicamos los datos de Alemania y duplicamos los de Francia, según los últimos datos publicados por el FMI)
Tres problemas que están íntimamente relacionados y que conllevan un injustificable coste en distintos aspectos, atribuibles a lo que podríamos denominar “injusticia fiscal”, y que repercute no sólo en la menor recaudación de aquellos contribuyentes que ahora están infragravados, sino también en la conciencia fiscal de los ciudadanos.
Hándicap para la conciencia fiscal al que hay que sumar el que resulta de la distinta vara de medir que para muchos ciudadanos utiliza la Agencia Tributaria con según qué contribuyentes, y que se refleja también en los datos del CIS, al materializarse en ese más de 60% que piensa que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.
Por todo ello, es imprescindible abordar la reforma fiscal, con el foco puesto de manera destacada en esa necesidad de dotar de mayor equidad al sistema, inspirándose en los principios de generalidad, igualdad y progresividad del artículo 31.1 de la Constitución. Pero, además, esto debe hacerse teniendo en cuenta la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida de forma decidida y desplazando la lupa del control tributario hacia las grandes bolsas de fraude de grandes empresas y fortunas.
Junto a las medidas impositivas que restablezcan ese equilibrio fiscal, tanto en los impuestos sobre la renta de las personas físicas, como sobre los resultados de las sociedades y sobre la riqueza, es necesario adoptar las necesarias para hacerlas efectivas, lo cual pasa por un cambio del modelo de control. Modelo que ahora está más centrado en las discrepancias entre lo declarado y la información disponible respecto de trabajadores, autónomos y pymes, a cuya gestión y control se destina el mayor esfuerzo, y que debería centrarse en mayor medida en las grandes empresas y fortunas.
En este sentido, la Ley de Prevención del Fraude aprobada el pasado mes de julio señala en su exposición de motivos que se deben concentrar esfuerzos en el control de los y las contribuyentes con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares, a fin de favorecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Donde igualmente reconoce que las modificaciones legales aquí contenidas deban de acompañarse de determinadas medidas organizativas y operativas que, adecuando a la Administración Tributaria del Estado al contexto económico, la sitúen al nivel de los países más avanzados.
Sin embargo, el texto de la Ley, que incluye algunas medidas que podrían contribuir a una mejora del control tributario, no aborda el de la organización y racionalización de los recursos personales necesarios a tal fin. Organización de recursos que necesariamente pasa por un aumento de efectivos, pero también por la optimización de los actuales, de manera que los Técnicos dejemos de tener las manos atadas en la lucha contra el gran fraude, como ocurre actualmente.
Y en este sentido, reclamamos el aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, que pasa por la creación de un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda, para evitar que en la próxima década se siga centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media inferior a los 1000 euros. Sin embargo, y como también reconocía la Agencia Tributaria oficiosamente la semana pasada, el control del Impuesto de sociedades sigue siendo un auténtico “erial”, que demuestra la incapacidad para el control de dicho impuesto, que no por casualidad su recaudación sigue siendo un 42% inferior a la de 2007.
Por ello, desde Gestha ya señalamos que esta ley tendrá el mismo defecto sustancial de las anteriores leyes contra el fraude fiscal de 2006 y 2012, las cuales no lograron reducir el fraude fiscal al no recoger un refuerzo de las plantillas para luchar contra los grandes evasores.
Y esta cuestión, de no corregirse ahora, al afrontar la próxima reforma fiscal, dejará en papel mojado la Estrategia 2050, presentada recientemente por el Presidente del Gobierno y que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al 15% PIB en 2030 y converger en 2050 con la UE, rebajándola hasta el 10%.
De lo contrario, el fraude será un problema muy serio cuando el Gobierno deba aplicar la reforma fiscal, porque unos 38.000 millones se evaporan por el diferencial de economía sumergida respecto a la media de la UE, así como cuando trate de cumplir el objetivo de presión fiscal del 43% en 2050 para financiar el aumento del gasto público en protección social hasta la media de la UE-8.
Para que la reforma fiscal sea aceptada, deben reducirse sustancialmente la economía sumergida y el fraude fiscal
En este sentido, los técnicos venimos defendiendo que antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, la reforma fiscal, además de eliminar los mecanismos de elusión que benefician a quienes no tributan de acuerdo con su capacidad económica, debe conllevar necesariamente el hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad, y moralidad pública. Y es que, para que la reforma fiscal sea aceptada, deben reducirse sustancialmente la economía sumergida y el fraude fiscal.
Por último, desde Gestha entendemos que en este momento de importante aumento del gasto, como consecuencia de la crisis, se hace más necesario, si cabe, acometer una reforma de los órganos de control del gasto en cuanto a su organización y procedimientos. Reforma que debe ir de la mano del establecimiento de un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes.
En definitiva, el control del gasto público, junto a un sistema tributario justo y suficiente y una efectiva lucha contra el fraude fiscal, constituyen elementos fundamentales para el mantenimiento y refuerzo del Estado social de derecho reconocido por el artículo 1 de nuestra Constitución.
📽Carlos Cruzado: “El control del gasto público de manera eficaz, un sistema tributario justo y la lucha decidida contra el fraude son pilares para la mejora del sistema social”.#TaxTheRich pic.twitter.com/lf3w6a65g5
— PODEMOS (@PODEMOS) February 7, 2022
