La proposición de ley que el jueves registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para crear los dos nuevos gravámenes a la banca y a las empresas energéticas necesitará una mejora en el trámite parlamentario para beneficiar a las compañías que mejor se comporten con los precios que facturan a los ciudadanos, así como para concretar los años que se tendrán en cuenta para determinar las empresas obligadas al pago de esa prestación patrimonial.
Tal como está redactada la Proposición de Ley, esta prestación patrimonial no afectará a los beneficios extraordinarios a los que se refirió Pedro Sánchez cuando los anunció durante el Debate sobre el Estado de la Nación, sino que recaerá sobre las empresas energéticas con mayor volumen de ventas y sobre los bancos con mayor margen neto de intereses y comisiones, aunque esas compañías puedan ser las más responsables e impongan un menor precio que la competencia. Paradójicamente, ese menor precio las llevaría a aumentar su cuota de mercado, por lo que tendrían que pagar una mayor cantidad.
En este sentido, a los técnicos de Hacienda nos parecería más adecuado establecer los gravámenes por la mayor diferencia “unitaria” entre los beneficios obtenidos en 2022 y 2023 sobre los logrados en 2019 por esas entidades; es decir, ajustando los volúmenes de facturación por los Megavatios/hora o Toneladas de hidrocarburos vendidos en cada año, o los márgenes netos por las partidas del activo de los Bancos de las que se obtienen.
Otra cuestión importante es que esta proposición de ley debe aprobarse antes de que concluya el año para evitar la tacha de retroactividad.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
