El inicio de las conversaciones para acordar un Plan de Reconstrucción económico y social es una buena señal para poner en marcha cuanto antes el paquete de medidas necesario para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus.
La experiencia de anteriores acuerdos socioeconómicos, es sin duda un gran capital que debería tenerse en cuenta. Es recomendable releer la propuesta del Plan del PSOE de Alfredo Pérez Rucalcaba de mayo de 2013 “Reactivar la economía para combatir el desempleo” para ver las propuestas que se quedaron en el tintero y que hoy podrían ser útiles. En todo caso es necesario abordar el presente con una mirada hacia el futuro y actuar de forma que resolviendo los problemas de hoy, se apunten a las soluciones de los problemas que, escondidos detrás del covid-19, acechan a la sociedad y a la economía del país.
La sectorialización y territorialización de las medidas a proponer parece una condición necesaria teniendo en cuenta que los impactos sectoriales y territoriales de la crisis serán muy diferentes. En ese sentido se deberían contemplar varios planes sectoriales específicos que actuaran como motores o aceleradores de la adaptación de la economía y de la sociedad a las transformaciones requeridas por los grandes retos del siglo XXI:
Reforzar y acelerar los planes de transición energética y de lucha contra el cambio climático.
Un plan ambicioso de fomento de la digitalización de la sociedad y la economía basado en la formación de la población y la inversión en I+D+I.
Un plan amplio de construcción de vivienda accesible, en alquiler y en propiedad, integrando recursos privados y públicos que resuelva el grave problema heredado que puede comprometer el bienestar de la población y especialmente de las generaciones jóvenes.
Un plan específico para el sector turístico para promover la inversión dedicada a mejorar la calidad y atracción turística del país.
Un plan específico para el sector cultural que permita mantener la capacidad creativa del sector e incrementar el consumo cultural.
Repensar con un plan específico la atención a las personas mayores, el modelo de atención y las políticas para impulsarlas.
Un plan de sostenibilidad de la producción agraria y ganadera que reestructure las cadenas de valor globales de producción alimenticia.
En el ámbito del empleo, está claro que la salida rápida de la crisis en condiciones favorables que no supongan un incremento de las desigualdades va a exigir sacrificios por parte de todos. Para que ello sea posible, es necesario crear un marco de confianza que haga creíble la distribución equitativa de los costes. Superar el impacto en el empleo requerirá trabajar más y mejor movilizando todos los recursos disponibles para conseguir incrementos de productividad y de actividad que reconstruyan cuanto antes escenarios de empleo que sigan la tendencia positiva que tenían antes del coronavirus.
Para incentivar el esfuerzo colectivo en una inversión de futuro se proponen siete acuerdos clave:
Esfuerzo compartido. Alargar 2,5 horas la jornada laboral semanal durante este año y 2021 para rebajar la jornada a 35 horas semanales progresivamente a partir de 2022 hasta 2025, sin reducción salarial en función de la reducción de jornada.
Mejora de la cualificación. Elaborar un plan de formación extenso para toda la población ocupada y en desempleo sobre aspectos relacionados con la digitalización de la actividad económica. Los trabajadores que participen en este plan aportan una hora de dedicación fuera de su horario laboral, pero obtienen como aliciente que dicha hora cotizará a la seguridad social por parte empresarial con el correspondiente impacto en las jubilaciones y prestaciones por desempleo.
Movilización de todos los recursos humanos. Crear un Fondo de Políticas Activas que financie el 30% de las bases de cotización de las personas que, estando en situación de desempleo y cobrando prestaciones, participen en planes de reactivación de la economía local organizados por los ayuntamientos de sus municipios en colaboración con las empresas locales. La participación en dichos planes daría derecho a alargar las prestaciones por desempleo con el mismo número de días que hayan participado en el plan.
Fomento del empleo. Creación de un Fondo de Políticas activas que incentive la contratación, ofreciendo bonificaciones y crédito a las empresas que contraten nuevos trabajadores y ampliando plantillas en determinados sectores prioritarios para la reactivación.
Reforma de la garantía juvenil, para convertirla en una transición garantizada desde la educación al empleo, reformulando los modelos de contratación de formación y prácticas, y los convenios de prácticas no laborales y el sistema de becas, que faciliten a todos los jóvenes una oportunidad para adquirir experiencia profesional y la posibilidad de inserción en el mercado de trabajo.
Reforma de la Formación Profesional. Reformar el actual modelo de formación profesional para ofrecer a las empresas una mano de obra cualificada adaptada a sus necesidades, que incluya un impulso a la formación profesional dual adaptada a las condiciones de las pequeñas y medianas empresas.
Tercer sector. Retomar los debates sobre la ley del tercer sector que ponga las bases para considerarlo como el tercer pilar de la organización de la actividad económica con finalidad social.
Todas esas medidas van en la dirección de abordar los impactos inmediatos de la crisis de empleo actual, y pone las bases de las reformas que deberían igualmente afrontarse ante los retos de futuro para mantener el bienestar de la población en una sociedad cohesionada y equitativa.
