sábado 14.12.2019

Proceso de Bankia para ser banco público

Proceso de Bankia para ser banco público

Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil nos tienen acostumbrados a presentar propuestas de mayor o menor radicalidad, pero sin explicar de modo suficiente cómo se llevarían a cabo. La propuesta electoral de Unidas-Podemos de crear una empresa pública de energía puede ser un ejemplo de lo anterior porque, con la salvedad de decir que la empresa pública se haría cargo de las plantas hidroeléctricas cuya concesión caduque, no se ofrece más información, en particular sobre su financiación.

El tema de la empresa pública de energía se ha puesto como ejemplo, pero algo que mucho interesa realmente desarrollar es un sistema financiero público en España con la base de Bankia y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El primer paso del proceso de transformación de Bankia consistiría en la trasmisión de las acciones de aquella del FROB a otro organismo público

Centrándonos en Bankia, el Fondo de Reestructuración Ordenada de Activo (FROB) es ahora propietario del 61% de su capital, que en términos de capitalización actual son 3.127 millones de euros. Esta participación está contabilizada en el balance del FROB a 31/12/2018 por 9.560 millones. Viene al caso recordar que la inversión bruta en Bankia supuso en su día 23.000 millones de euros.

Según la legislación referente al FROB (1), no hay ningún obstáculo legal para que este mantenga en su balance esa participación de forma indefinida. Pero, ¿tiene sentido que un organismo pensado para resolver las posibles crisis de entidades financieras actúe como sociedad tenedora de acciones? Puede aducirse que lo previsto era que el FROB se desprendiese rápidamente de su participación, como así ocurrió con el resto de entidades financieras que adquirió, pero evidentemente no ha sido así con Bankia.    

El primer paso del proceso de transformación de Bankia consistiría por tanto en la trasmisión de las acciones de aquella del FROB a otro organismo público. Dichos adquirentes podrían ser la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) o el ICO. Sin embargo, si nos atenemos a que la creación de un sistema financiero público no se detendría en Bankia, propondríamos la constitución de una sociedad exprofeso para tal fin, a la que se podría denominar Sociedad Española de Participaciones Financieras (SEPFIN).

Ahora bien, ¿a qué precio se produciría la trasmisión de las acciones, a precio de mercado, a precio a que están contabilizadas en los libros del FROB o según otro criterio? Posiblemente el FROB no querría trasmitir las acciones a precio de mercado para no tener que asumir pérdidas gigantescas. Por otra parte, en la SEPFIN no se querría valorar la participación por encima de su valor razonable. Posiblemente la mejor solución sería vender, y por tanto valorar, a la cotización media de los últimos seis meses, como se ha hecho siempre en otras nacionalizaciones.

El segundo paso del proceso es que el nuevo accionista de Bankia adquiriera el resto de las acciones de aquella en un plazo de tiempo prudencial, para lo que tendría que llevar a cabo una Oferta Pública de Adquisición de Activos a un precio alineado con el mercado. El pago se podría hacer canjeando las acciones de Bankia por títulos de renta fija emitidos por la SEPFIN.

Por último, se deberían modificar los estatutos de Bankia para adaptarlos al nuevo papel que se quiere que represente, todo ello en el ámbito de la Ley de Sociedades de Capital en tanto no se desarrolle una nueva legislación más coherente con lo que al final se pretende.

Aun cuando los pasos indicados antes se pudieran hacer por el poder ejecutivo no sería  descabellado acudir al poder legislativo para, al menos, refrendar las decisiones tomadas por aquél.

José Santos Pulido, ATTAC

(1) Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio.

Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera

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