La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy en un comunicado el “elevado número de muertes” en las prisiones del Estado español. En concreto, en Andalucía, el número de muertes bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias durante el año 2018 asciende a 77 personas siendo, por tanto, la comunidad autónoma donde más fallecimientos se produjeron. Sevilla fue la provincia donde murieron más personas presas, con un total de 24, siendo la primera causa de muerte la sobredosis.
En el ámbito estatal, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), en el año 2017 hubo 147 fallecidos en Centros Penitenciarios [1], siendo de 210 en el año 2018. La APDHA señala que “no le constan” datos oficiales del año 2019, pero que ha tenido conocimiento de que en 2019 “son ya 158 las personas que han muerto en prisiones, 137, en centros dependientes de Instituciones Penitenciarias, y 21 en centros catalanes”. Tal y como apuntó el Mecanismo Nacional para la Prevención de la tortura (MNP) en su último informe, “resulta especialmente preocupante el fuerte incremento de muertes asociadas al consumo de drogas (61) y también el ligero incremento del número de suicidios (33). El mayor número de muertes se registra en las prisiones andaluzas de Puerto I, Puerto 3 (Cádiz) y Sevilla II (Morón de la Frontera) y, en lo que toca a las muertes por suicidio, el centro penitenciario que mayor número de decesos ha comunicado es el de Badajoz, con cuatro casos” [2].
Sevilla es la provincia con mayor número de personas fallecidas, un total de 24. Entre las causas de esta situación, apuntan al crítico estado de la asistencia sanitaria
Frente a estas cifras, la organización defensora de los derechos humanos muestra su respaldo a algunas de las posibles soluciones que se apuntaron en las XXI Jornadas de Derecho penitenciario de los colegios de la abogacía española, celebradas en Barcelona en noviembre de este año.
Entre ellas, estaría el investigar “con diligencia todas y cada una de las denuncias por tratos inhumanos o degradantes”, con la inmediata intervención del médico forense, así como “crear un registro transparente” de estas denuncias. Habría también que “incrementar el número de visitas de la inspección y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)” a los centros penitenciarios e implementar sistemas de videovigilancia que sean “realmente efectivos”.
Además, sería necesario “formar de manera continua y especializada” al cuerpo de funcionariado de los centros penitenciarios por parte de profesionales del campo de la mediación. Igualmente importante sería el “diseño de programas de tratamiento específicos para cada persona presa” y que se destinen los recursos económicos necesarios para “incorporar profesionales a la plantilla de personal sanitario penitenciario, incluyendo de los ámbitos de la psicología y la psiquiatría”, que estén presentes en todas las prisiones “las 24 horas del día, los 365 días al año”.
Por último, otra posible solución sería “aplicar medidas alternativas” a las penas de privación de libertad “y, de manera especial, a aquellas de larga duración”, apuntan desde la APDHA. También creen imprescindible “para el cuidado adecuado” de la población reclusa que, “de una vez por todas, se aborde la transferencia de las competencias sanitarias en materia penitenciaria a la red pública de salud”.
Para finalizar, la asociación critica la propuesta formulada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para contratar a profesionales sanitarios sin el MIR. Según la APDHA, se trata de un planteamiento que “nos retrotrae a un sistema de asistencia sanitaria propio de hace 30 años, que perpetúa las pésimas condiciones laborales de la atención sanitaria penitenciaria y que supone un riesgo para las personas presas”.
[1] Datos disponibles (pág. 170).
[2] Información disponible (pág. 86).
