Hace tiempo que aquí venimos comentando que las derechas españolas no saben ser ni estar en la oposición. Las derechas españolas están tan imbuidas de un derecho natural a gobernar la sociedad, que estar en la oposición les desquicia y les impide el ejercicio democrático de la alternancia, que rechazan por considerar que los Gobiernos de izquierda son ilegítimos.
Lo hicieron en el siglo XIX (1814, 1823, 1843, 1856, etc.) y en el siglo XX cuando se proclamó la Segunda República y lo practicaron asimismo Aznar y Rajoy frente a González y a Rodríguez Zapatero. Me temo que esa mentalidad no va a cambiar en mucho tiempo y que cada vez que gobierne la izquierda las diversas derechas se pondrán en pie de guerra para desalojarla del Gobierno lo antes posible.
Evidentemente, esta actitud de las derechas españolas no respeta el principio de alternancia, que es una de los fundamentos de la democracia. Pero, vista la historia de las derechas españolas desde el siglo XIX, no se puede decir que la democracia sea el principio político que más aprecian.
Viene a cuento esta reflexión a causa de la presión que están imponiendo las derechas para retornar pronto al Gobierno. Tienen prisa y les resulta insoportable otro año del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Aunque, como veremos a continuación, se les llena la boca hablando de una Constitución que ni respetan ni valoran, no caen en la cuenta que esa Constitución establece que las legislaturas de las Cámaras de las Cortes son de cuatro años (artículos 68.4 y 69.6) y que la disolución anticipada de las Cortes sólo corresponde al Presidente del Gobierno (artículo 115).
A las derechas les da igual que la Constitución reserve al Presidente del Gobierno la facultad de disolución y que la legislatura tenga un plazo de cuatro años porque quieren el Gobierno para ahora mismo. El 22 de enero Núñez Feijóo proclamaba que “la calle” ha abandonado al Presidente Sánchez, aunque no se sabe si se refería a una manifestación convocada por la extrema derecha a la que él mismo no acudió.
En los últimos días hemos tenido ocasión de ver expresiones de esa urgencia conservadora por llegar al Gobierno, aunque sea forzando las previsiones constitucionales. Hemos visto la importante (pero no masiva) manifestación madrileña del 21 de enero, convocada por Vox, por asociaciones de extrema derecha y por los restos de Ciudadanos. También hemos visto un manifiesto firmado por relevantes profesionales donde interesa más lo que calla que lo dice. Y también hemos visto, en fin, un “Plan de Calidad Institucional” que ha presentado Núñez Feijóo sin firma. Los tres hechos expresan lo mismo, la prisa por desalojar al que consideran un Gobierno ilegítimo que nunca debería haber gobernado.
La manifestación del domingo 22 de enero merece varias reflexiones por la tenue participación del Partido Popular, por el tratamiento que le ha dado la prensa conservadora y por su mensaje. Se trataba de una manifestación convocada por Vox, por los restos de Ciudadanos (cada vez más próximos a Vox) y por entidades de extrema derecha a la que el Partido Popular envió a su Vicesecretario de Organización y éste es el primer hecho que merece un comentario. ¿Estaba Núñez Feijóo de acuerdo o en contra de la manifestación? Si estaba a favor, ¿por qué no acudió? Si estaba en contra, ¿por qué envió a un directivo de tercera categoría? Es preocupante esta ambigüedad del primer partido de la oposición, porque nos muestra a un partido poco confiable.
También llama la atención el tratamiento informativo de cierta prensa:
“El constitucionalismo toma la calle contra Sánchez” y “El centro derecha empieza a superar el complejo de la ‘foto de Colón’ y evitan los reproches” (ABC, 22 de enero de 2022).
“Un gran clamor reivindica la Constitución y pide a Sánchez que se vaya” y “Venimos a defender el Estado de Derecho y la Constitución” (El Mundo, 22 de enero de 2022).
¿A quién quieren engañar ABC y El Mundo? Porque la manifestación era, por su finalidad, contraria a la Constitución, pues los manifestantes deseaban imponer ilícitamente un adelanto electoral. Y, además, estaba impulsada por Vox y otros grupúsculos de extrema derecha que no parecen ser los guardianes de la Constitución. El Partido Popular no ha querido aislar a Vox, más bien se ha aliado con este partido, y estas son las consecuencias, que es Vox el que marca una parte de la agenda de la derecha.
Pero más allá de la ambigüedad del Partido Popular y de la manipulación informativa, lo que los manifestantes pretendían y declaraban era expulsar al Gobierno con el pretexto de una erosión de las instituciones (aluden con ello a la reforma del Código Penal a propósito de los delitos de sedición, malversación y del “sí es sí”) y se permitieron hablar de una “mutación constitucional” y de ciertos nombramientos como la de la Fiscal General del Estado y del presidente del CIS. Ahora glosaremos estos juicios de valor.
Coincidiendo con la manifestación de la extrema derecha, se ha difundido un manifiesto de unos pocos centenares de profesionales y de algunos funcionarios jubilados que merece glosarse. Para este manifiesto (que se titula “A la sociedad española ante el desafío constitucional”) el Gobierno de coalición que apoyan los Grupos Parlamentarios independentistas “ha quebrado el proyecto histórico del PSOE” y pretende, “fuera de los cauces constitucionales obligados”, instaurar un modelo plurinacional de corte confederal. Además, se están produciendo iniciativas legislativas que propician una mutación que transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes Generales de su primacía democrática, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional y suprime mayorías cualificadas y quórums en el Consejo General del Poder Judicial”.
Y, tras este apocalíptico panorama, el manifiesto se queja de que se haya intentado reformar las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, mediante una proposición de ley “que elude los informes técnicos consultivos”. Todo ello sería para el manifiesto una técnica de vaciamiento de los principios y reglas constitucionales.
El manifiesto llama al PSOE a recuperar su proyecto histórico y también llama a los medios de comunicación y a los intelectuales y académicos a “detener la intencionada inercia destructiva de la Constitución” que protagoniza el Gobierno, sus socios y aliados.
Visto el manifiesto, lo primero que hay que preguntarse es de qué país y de qué Constitución hablan, porque ese apocalipsis que descubren no se refiere a España ni a la Constitución de 1978. La instauración de un modelo plurinacional de corte confederal sólo está en la retorcida mente de Díaz Ayuso y los firmantes del manifiesto no podrían presentar ni un solo ejemplo de ese maléfico proyecto. Tampoco conocemos ninguna iniciativa que venga a quebrar el principio de separación de poderes. En cuanto a privar a las Cortes de su primacía democrática sí hay un caso, el que ha intentado, con éxito parcial, el Partido Popular con la colaboración de la anterior mayoría del Tribunal Constitucional que, por vez primera desde 1978, ha impedido a las Cortes tramitar una proposición de ley legítima y legal. Respecto a la desactivación de atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional, habría sido interesante que el manifiesto concretara un poco más, pues no ha habido, no hay, iniciativas de ese tipo.
También se asombra el manifiesto de que una proposición de ley haya intentado reformar las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y que esa proposición de ley “elude los informes técnicos consultivos”, pero si los redactores y firmantes hubieran leído el artículo 87.1 de la Constitución y los artículos 124 a 126 del Reglamento del Congreso quizá no se harían cruces de una potestad constitucional legítima.
El manifiesto no habla, en cambio, de cómo el Partido Popular lleva cinco años impidiendo que se cumpla la Constitución al no permitir que se elija el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco habla el manifiesto en ningún momento de cómo se ha intentado impedir que el Gobierno ejerciera una potestad constitucional que es la proponer al Rey el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Tampoco habla el manifiesto de cómo la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial ha vetado candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional y de cómo la minoría conservadora de este Tribunal ha tratado de impedir que la mayoría eligiera al Presidente.
Por otra parte, llama la atención que con alguna frecuencia se hagan llamamientos a un PSOE inexistente con un proyecto histórico quebrado y con unos militantes silentes. ¿De qué proyecto hablan? ¿Del proyecto de Largo Caballero, del de Negrín o del de Felipe González que tanto denostaron las derechas mientras fue Presidente?
Finalmente, es igualmente llamativo que el manifiesto reproche al PSOE gobernar con la extrema izquierda y los nacionalistas de todo tipo, pero falta el paralelismo de reprochar al Partido Popular que gobierne en coalición o con el apoyo de Vox. Parece que Vox no es un peligro para la Constitución.
Se trata de un manifiesto que recoge bulos y peligros inexistentes y que cuando penetra en cuestiones jurídicas concretas patina, como cuando pone en cuestión la capacidad de iniciativa legislativa de las Cortes. Y además el manifiesto no menciona el boicot constitucional del Partido Popular al que, discretamente, piden que, con otros partidos, “cumplan serena y eficientemente sus deberes irrenunciables sin quiebra alguna”. Podían haber sido un poco más incisivos y, al menos, pedirle explícitamente que deje de obstaculizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Por eso, llama la atención que un manifiesto tan alarmista, tan incierto y tan jurídicamente erróneo haya sido firmado por muy respetables profesionales e, incluso, por unos pocos Catedráticos de Derecho Constitucional que seguramente suspenderían a sus alumnos si en un examen llegaran a escribir las mismas proposiciones.
El tercer caso donde se nota la impaciencia de las derechas es el “Plan de Calidad Institucional” que ha presentado Núñez Feijóo sin firma, pero con el escudo de España como si fuera un texto oficial. Llama la atención que la Iglesia haya permitido al Partido Popular presentar su proyecto en un lugar de culto que, además, simboliza como ningún otro la historia constitucional de España. Pero, más allá de esta circunstancia, Núñez Feijóo debe presentar las oportunas proposiciones de ley o llevar sus propuestas al programa electoral, porque con el Gobierno no puede esperar ninguna negociación mientras siga obstaculizando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y mientras siga coaligado con una extrema derecha que sí quiere destruir la Constitución y su espíritu histórico.
Es lícito que los convocantes de la manifestación, los manifestantes y los firmantes del manifiesto protesten contra la política legislativa del Gobierno y de las Cortes, con la que se puede discrepar. Esa protesta, como ejercicio de los derechos de expresión y de manifestación y como elemento de la labor de la oposición, refuerza y da calidad a la democracia.
Pero no aporta calidad a la democracia, y más bien la debilita, pedir adelanto de elecciones y el cese del Gobierno, inventar situaciones catastróficas que no coinciden con la realidad, denunciar como perversas facultades constitucionales (como la iniciativa legislativa del Congreso y su potestad de tramitar todos los proyectos o proposiciones) e intentar dividir a un partido que tiene una dirección legítima y democrática. Todas estas acciones sí debilitan a la democracia y deslegitiman a los órganos del Estado.
