El proceso de elaboración de la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021 ha sido difícil, ha exigido complejas negociaciones del gobierno de coalición y ha levantado fuertes polémicas, en muchos casos inciertas y demagógicas, en los primeros momentos por el contenido de los ingresos fiscales previstos y después por los acuerdos logrados con partidos de carácter nacionalista.
Por tanto, desde una óptica progresista, hay que ser muy cuidadoso a la hora de analizarlos y más aún a la hora de formular críticas. Teniendo muy en cuenta esta precaución, tampoco sería leal no señalar las dudas y objeciones.
Lo primero que hay que resaltar es que, como valoración global, estamos ante unos presupuestos que nada tienen que ver con los que los gobiernos de la derecha del PP (en ámbitos estatal, autonómicos y locales) aprobaron en los años de la anterior crisis económica y social; ni tampoco con los que impulsó Rodríguez Zapatero en los últimos años de su segunda legislatura, presionado por las instituciones de la Unión Europea y entidades financieras internacionales.
Los presupuestos del gobierno de coalición son presupuestos de clara intencionalidad de protección social, inversión generadora de empleo y favorables a un paulatino cambio de modelo productivo, de un nuevo impulso a la modernización de nuestro país.
Casi todas las partidas de gasto, muy en especial las de gasto social, experimentan importantes incrementos. Aun así, en mi opinión, los puntos de partida en determinadas partidas son tan bajos, que un incremento de hasta dos dígitos puede parecer mucho y en realidad ser todavía muy insuficiente. Quizás los casos mas significativos son la atención a la dependencia, los servicios sociales de base, la oferta de educación infantil, la lucha contra la pobreza severa y el reforzamiento de la atención primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Igualmente parece todavía muy limitado el gasto destinado a la nueva prestación de las Rentas Mínimas de Inserción, salvo que se piense seguir con la lentísima implantación de las mismas.
No estamos hablando de grandes partidas de gasto. Son en todo caso las hermanas pequeñas de nuestro Sistema público de Bienestar Social y por ejemplo en su conjunto no llegan al 10% del gasto en pensiones. Parecería, pues, imprescindible hacer un esfuerzo suplementario en las citadas partidas, máxime cuando se han hecho evidentes sus notables carencias a la hora de afrontar las emergencias sociales relacionadas con la pandemia.
Pero sin duda el aspecto mas discutible de los presupuestos es lo que se refiere a la financiación del gasto previsto. El gobierno se apoya en las ayudas de diverso tipo que llegarán de la Unión Europea, en una deseada fuerte recuperación económica en el año 2021, en la relajación de las obligaciones de contención del déficit público en los próximos años y en algunas nuevas medidas en materia fiscal.
Los dos primeros supuestos, hoy por hoy, están sometidos a una serie de condicionantes que provocan dudas razonables de su efectiva consecución, al menos en los plazos necesarios. Por tanto, lo más seguro y efectivo son las medidas fiscales.
Ya he escrito en otras ocasiones que “sin reforma fiscal, no habrá escudo social”. Es evidente que, con la actual correlación de fuerzas parlamentarias, con la tremenda radicalización de las derechas, con la actitud ambigua y contradictoria de entidades financieras empezando por el Banco de España, el Banco Central o el FMI, y con la posición conservadora de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no es nada fácil afrontar cambios importantes en nuestro sistema fiscal, en especial en un contexto de destrucción de empleo y de desaparición de pequeñas y medianas empresas.
No, no es fácil aumentar la presión fiscal, lo que pasa es que resulta inevitable para ejecutar los gastos previstos y para que el déficit público no se sitúe en cifras difícilmente asumibles para su financiación en los próximos años.
La derecha política, económica y mediática puso el grito en el cielo por el modestísimo aumento de la presión fiscal. Pero, con el mayor respeto por las Ministras responsables de la política fiscal y económica del gobierno, los ajustes fiscales son ridículos para las necesidades existentes. Aumentar ligeramente la presión fiscal a los ingresos superiores a los 300.000 euros anuales, es menos que el “chocolate del loro”.
Una reforma fiscal con una mínima eficacia requiere ampliar mucho el ámbito subjetivo y establecer una escala progresiva
Una reforma fiscal con una mínima eficacia requiere ampliar mucho el ámbito subjetivo y establecer una escala progresiva. La frontera inicial del incremento debería situarse en torno a los 75.000 euros de ingresos anuales, con una progresividad que fuera tomando cuerpo a partir de los 125.000 euros.
Es cierto que una medida de esa índole no va a ser recibida con aplausos generalizados y menos aún con la polarización que ha provocado la derecha.
El impuesto de sociedades necesita, igualmente, modificaciones tanto en su definición como en sus escalas, aunque sería conveniente buscar algún tipo de acuerdo o al menos un pacto tácito de no excesiva beligerancia por parte de las organizaciones empresariales.
En lo que se refiere a los autónomos, habría que abordar paulatinamente una reforma de su tributación fiscal y de la seguridad social. Cuestión difícil donde las haya para dar un tratamiento diferenciado a un sector tan amplio y diverso y en el que coexisten evidentes conductas de evasión o fraude fiscal y por otra parte mucha gente con dificultades para mantener su actividad y su solvencia económica, sobre todo en las circunstancias actuales. Pero por compleja que sea una nueva y más eficiente regulación, no debe abandonarse, siendo conscientes de que las organizaciones de autónomos, los colegios profesionales y otras entidades, todas ellas de discutible representatividad, pero de evidente incidencia en la opinión pública, puede que hagan mucha demagogia y victimismo que asuste al gobierno.
Igualmente, siendo respetuosos con la normativa europea, también hay margen para hacer retoques en el IVA, aunque seguramente se compensarían los aumentos en determinados productos de alta gama con las bajadas en productos y servicios de amplio consumo popular.
Lo que sí parece es que, resultado de los pactos de investidura entre los dos partidos de gobierno y los acuerdos presupuestarios de estos días, se van a adoptar medidas para evitar el dumping fiscal de algunas Comunidades Autónomas (y no solo la de Madrid); así como avances, aunque todavía muy tímidos, en la fiscalidad verde o hacia las grandes plataformas y empresas de tecnologías de la comunicación; también se pretende frenar en la medida de lo posible el total vaciamiento del impuesto del patrimonio. Y por supuesto negociar otro marco impositivo para los bienes y actividades vinculadas a la Iglesia Católica, cuestión tampoco fácil.
También hay referencias a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que siempre son bienvenidas pero que se pueden quedar en muy poco si no se dota de medios normativos, materiales y de personales a la Agencia Tributaria, a la Tesorería de la Seguridad Social y a la inspección de Trabajo.
En definitiva, hay mucha, diversa y compleja, materia en lo que se refiere a una nueva política fiscal, que sea progresiva y eficaz para hacer frente a los gastos sociales y los retos de modernización de la economía española.
El Gobierno tiene que afrontarlo ya. Estamos aún a comienzos de la legislatura y parece plausible contar con el apoyo de todo el ámbito de la izquierda y en algunos aspectos también de los nacionalistas moderados. Mejor ocasión no van a tener. Y desde luego deben matizar sus ingentes esperanzas en la pronta y elevada financiación de la Unión Europea y en la próxima gran recuperación de nuestra economía.
