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domingo. 07.08.2022
TRIBUNA DE OPINIÓN

La falta de madurez para aceptar una ley de memoria democrática

Núñez Feijóo y Cuca Gamarra en el pleno del Congreso de los Diputados. 
Núñez Feijóo y Cuca Gamarra en el pleno del Congreso de los Diputados.

Ayer se votó en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Democrática después de muchos meses de tira y afloja, justo cuando parecía que se habían olvidado de la ley nos han sorprendido con una aprobación antes del parón veraniego.

Para que la ley saliera adelante había que convencer a todo el bloque de la investidura y paso a paso se logró, a pesar de que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no se sintiera a gusto con los temas olvidados en el texto propuesto.

ERC puso un punto de madurez y sentido común actuando como un partido responsable y al que hay que agradecer su abstención. Este partido en su discurso representaba lo que muchos pensamos, y es el hecho de que esta ley podría haber llegado a ser una ley más justa. Faltaba ser más ambicioso y poder elaborar una auditoría de las víctimas del franquismo y entrar de lleno en cuantificar la reparación económica a aquellos a los que les robaron sus casas, tierras o hayan tenido un perjuicio económico.

Lo más importante es seguir avanzando y en este caso hay que obviar todo lo que venga de un bando que nunca en 45 años se ha planteado que los que perdieron la guerra civil la volvieron a perder en la transición, no pudiendo levantar la voz ni pedir algo que ahora se ha conseguido que es la ilegalización del régimen franquista.

Han pasado mas de 4 décadas y a pesar de lo que estamos oyendo últimamente acerca del control de medios de comunicación, la judicatura y la economía por parte de ciertos grupos de poder, estamos lejos del riesgo de otro golpe militar que no seria permitido por los países de nuestro entorno.

Esta ley tiene un componente de reparación muy importante en su disposición adicional octava que habla de corregir el aspecto de los exiliados y la nacionalidad que pertenece a sus descendientes. Por un periodo de 2 años podrán presentar las evidencias que demuestran un exilio forzado por la dictadura, o por ejemplo acabará con la distinción que la Ley de Memoria Histórica en 2007 creó entre hijos mayores o menores de edad a la hora de poder solicitar la nacionalidad española.

Esta disposición adicional se incluyó a raíz del trabajo enorme que hizo la ex Senadora de En Comú-Podem, Sara Vilà Galán quien presentó una propuesta de ley de descendientes que abarcaba más casos de aquellos que la disposición adicional octava cubre.

CEDEU (Centro de Descendientes de Españoles Unidos) con Juanma de Hoz a la cabeza, también lleva años trabajando en la búsqueda de soluciones y conocemos su trabajo actual en intentar lograr una instrucción a la aplicación de esta Ley de Memoria Democrática que sea flexible y que facilite la aplicación de la ley.

Como Presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, yo apoyo este impulso por lograr que con el tiempo que tenemos previo a la aplicación de esta ley se logren evitar problemas pasados y tengamos todo preparado en los consulados ante el incremento de trabajo y el escaso margen que tenemos, de solo 2 años, para reconocer la nacionalidad a los cientos de miles de españoles a los que se le ha estado denegando de manera injusta.

Ante la problemática de la nacionalidad que ahora en parte será reparada, tenemos la amenaza del Partido Popular del Sr Núñez Feijoo de retirar esta ley en cuanto llegue al gobierno.

Las vendettas y rabietas entre partidos y las retiradas de leyes justas y que llegan tarde tienen su impacto directo en la ciudadanía

El PP en algunas CCAA trabaja por la emigración (principalmente la que reside en Latinoamérica, por razones obvias) y tendría mucho que explicar si de repente llega al gobierno y decide cortar la tramitación de las nacionalidades de ciudadanos y ciudadanas que llevan mucho tiempo esperando por lograr compartir la nacionalidad con sus progenitores o abuelos.

Opciones tiene Núñez Feijóo para evitar pasar a ser el partido que impidió que muchos españoles y españolas no puedan obtener la nacionalidad si retira la LMD en primavera de 2024, en el caso de ganar las elecciones.

El PP puede utilizar su cupo en el Senado y recuperar la ley de descendientes de Sara Vilà Galán si quiere asegurarse de evitar que la diáspora dude de su interés en la emigración, y además sabe que esta ley tiene el apoyo mayoritario de las 2 cámaras.

Otra opción seria que el PP y otros partidos en su programa electoral para las elecciones de diciembre de 2023 presenten la intención de elaborar una Ley de Nacionalidad especifica de una vez por todas y dejarnos ya de la broma de parches cada 15 años que abren ventanas de 2 o 3 años y que siguen excluyendo a gran parte de la población.

El Articulo 20 del Código Civil también podría ser objeto de cambios y se podrían incluir a los nietos de mujer emigrante  originariamente española y nacida en España, independientemente  de  si  esta  mantuvo,  recuperó, o perdió su nacionalidad  con anterioridad al nacimiento de sus descendientes, o los nietos de varón emigrante, originariamente español y nacido en España, que renunció a su nacionalidad por cuestiones económicas, o incluso llegar a los cónyuges extranjeros de aquellos españoles de origen, residentes en el exterior, después de tres años desde la fecha del matrimonio, debidamente inscripto en un Registro Civil consular.

Hay más artículos del Código Civil que necesitarían reescribirse (23.b sobre la renuncia a nacionalidad previa, 24 sobre la perdida de nacionalidad, 26 recuperación de la nacionalidad) pero más que el cambio en textos necesitamos un cambio en la actitud de los partidos políticos y que dejen de olvidarse de la tercera provincia de España en número de habitantes, la provincia exterior.

Las vendettas y rabietas entre partidos y las retiradas de leyes justas y que llegan tarde tienen su impacto directo en la ciudadanía.

Maduren, asuman que estamos en 2022 y dejen de pretender que seguimos en la España de Franco.

La falta de madurez para aceptar una ley de memoria democrática