Cuando estalla la crisis con el gobierno de Zapatero se empiezan a implementar diferentes programas para que las personas que se han quedado sin protección accedan a algún tipo de ella. El gobierno pone en marcha iniciativas como el Prodi o el Prepara.
En julio de 2012, con Guindos como factótum económico, el gobierno de Rajoy realiza el recorte de prestaciones en un ambiente en el que parecería que desde la bancada de la derecha se le echa la culpa a las personas paradas de su carencia de empleo. Rajoy anuncia el recorte de la prestación contributiva diciendo: “Insisto, señorías, para animar la búsqueda activa de trabajo los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora (1)”. Al mismo tiempo, desde las bancadas de su partido se escucha el “Que se jodan” de Andrea Fabra a los parados. Además del recorte de la prestación contributiva anunciado en el pleno, recorta también los subsidios. Estos recortes los hace públicos en el BOE del sábado 14 de julio. Durante todo el periodo gobernado por el PP, entre 2012 y 2017, la tasa de protección por paro (2) no ha llegado a una persona parada de cada tres, un 31%.
Las personas paradas de larga duración son quienes más desprotegidas han estado. Entre 2012 y 2017 ha habido un promedio de algo más de tres millones de personas que llevaban un año en paro de las que algo menos de 800 mil estaban protegidas, una de cada cuatro, un 26%. La media del año pasado, 2019, ha sido de 1.524.430 personas paradas de larga duración, de las que 1.161.378 estaban desprotegidas, un 76,2%. Una y otra vez se habla instrumentar una “Renta básica”, dependiente de la Seguridad Social que atienda a las personas paradas inscritas como demandantes de empleo y sean de larga duración, es decir, más de un año. Esto, se le quiera llamar de la forma que sea, es una protección por desempleo, una prestación asistencial o un subsidio de desempleo. Si es protección por desempleo, lo más razonable es que se sitúe en el ámbito del SEPE.
Dar cobertura a esos 1,2 millones de personas paradas, supone un gasto mensual de 500 millones. Como requisito y dada la gravedad de la situación económica en la que están muchas de estas personas, se podría establecer como requisito la carencia de rentas familiares tal y como en la actualidad está definida en la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Este subsidio de desempleo se podría aprobar de oficio por el propio SEPE, de forma similar a los ERTES, dado que tiene suficientes datos de las personas paradas. No es excluible que, al mismo tiempo que la aprobación de oficio, se pueda establecer procedimientos de solicitud individual no presenciales. Obviamente esta medida requiere el refuerzo del personal del SEPE. La vigencia de esta medida debería ser hasta que, de continuar con ello, se apruebe una de las diferentes propuestas de “Renta Básica”.
La población mayor de 16 años en riesgo de pobreza o exclusión social era en 2018, último dato disponible, el 25,6% del total de la población. Sin embargo, en el caso de las personas paradas, aumentaba hasta el 58,9%. La carencia de prestaciones como la mencionada anteriormente, obviamente está detrás de esa situación de riesgo de pobreza.
En todos los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores al salario mínimo, los menores de dieciséis años que estén en ese hogar están en una situación de riesgo de pobreza
En relación con la pobreza infantil hay un dato que el SEPE puede establecer. Puede identificar aquellos hogares en los que su único ingreso es el importe de la prestación que abona. Con ello se puede establecer que en todos los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores al salario mínimo, los menores de dieciséis años que estén en ese hogar, están en una situación de riesgo de pobreza.
Esta situación grave en situaciones normales, se convierte en asfixiante con el coronavirus. Es de suponer que la gran mayoría de esa población infantil en riesgo de pobreza coma en los comedores escolares. Ahora, con los comedores escolares cerrados, origina un gasto a mayores. Por ello se puede establecer un incremento de 100€ por menor en aquellos casos en los que el ingreso familiar sea inferior al salario mínimo.
Esta dos medidas pueden ser un parche, pero que permita vivir a estas familias durante este confinamiento, y mientras no se establezcan los procedimientos pretendidos.
(1) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Nº 47, de 12 de julio de 2012, X legislatura, página 10.
(2) Número de personas paradas protegidas según EPA, dividido entre el número total de personas paradas EPA.
