La industria europea se enfrenta en la actualidad a un gigantesco proceso de transformación, que presenta dos vectores principales: la transición energética y la digitalización. Son, precisamente, las dos prioridades anunciadas hace unos días por Ursula von der Leyen, al inicio de su mandato como presidenta de la Comisión Europea. La primera ha de ser una transición justa e inclusiva, y ha de conducirnos a la neutralidad climática en 2050; los compromisos en materia de reducción de emisiones ya están introduciendo cambios en la industria, como la regulación de la futura movilidad o los desarrollos de nuevos sectores vinculados al almacenamiento de la energía. La segunda, la industria 4.0 -resultante de la convergencia de tecnologías como la manufactura aditiva (3D) o la robótica colaborativa- está cambiando a gran velocidad productos (sensorizados e inteligentes), procesos (personalización masiva) y modelos de negocio (de vender coches, a vender kilómetros).
Estos cambios disruptivos no admiten vuelta atrás -porque se trata de una verdadera revolución global-, y, como es natural, tanto en España como en los países de nuestro entorno se extiende una cierta preocupación sobre el impacto que están produciendo en la industria continental. Y la pregunta sería: ¿En qué situación nos encontramos? ¿Estamos preparados para afrontar este descomunal reto, que ya está definiendo el cambio de década y, sin duda, va a determinar la evolución de la actividad económica e industrial en los próximos años? Lo primero que hay que decir es que ni estamos solos ni estamos aislados. Los retos a los que nos enfrentamos son los mismos que encaran los países de nuestro entorno. España un gran país, tenemos un tejido empresarial fuerte y competitivo, y el Gobierno está comprometido con la modernización de la industria, y, como hemos demostrado, dispuesto a acompañar a los sectores para acelerar su adaptación y mejorar su competitividad. La recuperación del Ministerio de Industria o la aprobación en Consejo de Ministros de las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 han demostrado que la política industrial es -y va a seguir siendo- una prioridad.
Es preciso el compromiso de todas las administraciones públicas, de los partidos políticos con representación parlamentaria y de los agentes sociales para articular un gran consenso, basado en la lealtad y la responsabilidad, a fin de lograr objetivos que están por encima de los intereses particulares
Desde luego, la industria española está preparada para afrontar con éxito los cambios que traen consigo el uso masivo de datos, la Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas. Son buenos ejemplos el supercomputador Mare Nostrum del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona o el futuro Astillero 4.0 de Navantia en Ferrol, aprobado recientemente por el Gobierno, y que supondrá más de 100 millones de euros de inversión. Pero también quiero mencionar la importancia del acompañamiento al sector industrial desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Han sido claves -y así lo han reconocido las asociaciones empresariales con mayor peso e implantación territorial- las Agendas Sectoriales que hemos elaborado de manera coordinada con ellas, y que contemplan medidas a corto y medio plazo para incrementar la competitividad, favorecer la Industria Conectada 4.0, impulsar el crecimiento y desarrollo de las pymes industriales y profundizar en la generación de talento y puestos de trabajo de calidad.
Además, a través del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial hemos apoyado 211 proyectos en 2018, con un préstamo total de 388 millones de euros. En 2019 hemos recibido 393 solicitudes, con una petición de crédito de 658 millones de euros.
Por otro lado, la industria se enfrenta también a las incertidumbres derivadas del cambio climático y la descarbonización de la economía. España cuenta con el Marco Estratégico de Energía y Clima, diseñado por el Gobierno y basado en tres pilares (Ley de Cambio Climático, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y Estrategia de Transición Justa). Este Marco es la hoja de ruta de la transformación de nuestra economía, y contribuirá a que España gane en prosperidad, seguridad energética, generación de empleo industrial, innovación, salud, desarrollo tecnológico y justicia social, acompañando a los colectivos más vulnerables. Quiero destacar también el compromiso de la industria con la descarbonización. Por ejemplo, los fabricantes de vehículos trabajan desde hace meses en nuevos modelos eléctricos e híbridos, que serán una realidad en 2020.
Otro elemento que obliga a la industria española a reforzar su competitividad es la globalización. Es necesario disponer de precios energéticos competitivos, especialmente para la industria electrointensiva. En apenas seis meses, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, mediante el cual se abordaban aspectos inaplazables como la regulación del contrato de relevo, para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera, y se preveían otras medidas de apoyo, en especial a las empresas electrointensivas. En concreto, se creaba la figura del consumidor electrointensivo. La situación derivada de la disolución de las Cortes y la entrada en funciones del Gobierno, tras las elecciones del 26 de abril, han impedido realizar el desarrollo reglamentario. El Ministerio, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pyme, tiene prácticamente listo el texto del Real Decreto que desarrolla el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a fin de que pueda ser aprobado en cuanto se constituya el nuevo Gobierno.
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó aumentar hasta los 172,23 millones de euros el presupuesto destinado a la convocatoria de 2019 para la concesión de las subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, para costes incurridos en 2018. Este acuerdo amplía la cuantía de 91 millones de euros aprobada el 29 de marzo, y ha atendido las 192 solicitudes recibidas, lo que significa la ejecución del 100% del presupuesto autorizado. De esta forma, se habrán otorgado 256 millones de euros en compensaciones por costes indirectos de CO2, cantidad que representa el mayor importe anual concedido hasta la fecha por un Gobierno a la industria electrointensiva en este tipo de ayudas, más que doblando el importe concedido en 2017 (83,8 millones de euros). Además, se ha consultado a la Comisión Europea la posibilidad de una ampliación del límite de ayudas, lo que permitiría contar con más presupuesto para próximas convocatorias.
Venimos de años basados en instrumentos que han sido cuestionados por la Comisión Europea, como es la interrumpibilidad. En adelante hemos de ser rigurosos, hemos de caminar hacia un marco estable y autorizado que no esté sujeto a la incertidumbre derivada de que, en cualquier momento, pueda llegar un expediente en contra procedente de las instituciones comunitarias. Somos conscientes de la importancia del precio de la energía, pero hay otros muchos factores que influyen en la competitividad y en la viabilidad de las empresas, sobre los que administraciones y empresas hemos de trabajar de manera decidida.
Apostamos decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de cohesión social, y vamos a seguir actuando con la misma determinación, constancia y rigor que hemos demostrado en estos meses, aun habiendo estado condicionados por el bloqueo político y presupuestario. Como ha indicado el profesor Antón Costas, sin industria no podremos restaurar una prosperidad que sea inclusiva para personas y territorios, ni lograr la recuperación de las clases medias, ni garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar.
Tenemos mucho trabajo por delante en 2020. Las Directrices Generales que mencioné al principio fijan tres ejes sobre los que es preciso trabajar de manera urgente: un Pacto de Estado por la Industria, que garantice políticas sostenidas en el tiempo y a largo plazo; una Estrategia de Política Industrial que defina palancas para impulsar el crecimiento y que incluya el reto demográfico como elemento fundamental; y, por último, una Ley de Industria, para actualizar el marco regulatorio, que data de 1992. Pero estos tres ejes no pueden ser abordados por el Gobierno en solitario. Es preciso el compromiso de todas las administraciones públicas, de los partidos políticos con representación parlamentaria y de los agentes sociales para articular un gran consenso, basado en la lealtad y la responsabilidad, a fin de lograr objetivos que están por encima de los intereses particulares y en los que todos coincidimos: Aumentar el peso de la industria en el PIB y en el empleo, impulsar la transformación digital del tejido industrial para hacer frente a los retos planteados por el desarrollo tecnológico y la competencia internacional, y aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética. España merece el compromiso y el esfuerzo de todos.
Raül Blanco | Secretario General de Industria y de la Pyme | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
