¿Se puede debatir en el Congreso de los Diputados sobre la implantación de la pena de muerte en España? He oído a un politólogo por horas decir, nada menos que en TVE, que no, por la simple razón de que la Constitución de 1978 prohíbe la pena de muerte.
Pues, si eso es así, lo siento por los republicanos de este país. Pierdan toda esperanza de conocer la tercera república porque, por la misma razón argüida por el citado politólogo a tiempo parcial, tampoco se podrá hablar de ello en el parlamento. Hay todo un título en nuestra Constitución que dice que el jefe del Estado tiene que ser rey y, además, apellidarse Borbón. Así que, a la tercera va la vencida, después de dos periodos en los que los Borbón tuvieron que exiliarse, esta puede ser la vez que más duren en nuestro país.
Y, el caso, es que no sé si ese constitucionalista televisivo al que me refiero tiene razón porque, el propio Tribunal Constitucional se lo está pensando y, al parecer, va a dictar sentencia sobre ello el próximo lunes. Para las futuras generaciones que lean esto, aclararé que es el 19 de diciembre de 2022, día, probablemente histórico. Ese día, el TC, para los amigos, se va a pronunciar sobre un recurso supercalifragilisticocautelarísimo presentado por el Partido Popular. Dice que el parlamento no debe discutir sobre un tema que va contra la Constitución y, aunque trataba de evitar el debate en el Congreso, todavía sirve para impedir el debate en el Senado, convocado para los días siguientes.
Para las futuras generaciones que lean esto, aclararé que es el 19 de diciembre de 2022, día, probablemente histórico
Obvio el contenido de ese debate y si afecta, o no, a miembros del TC directísimamente involucrados en ello y que van a votar la resolución correspondiente. Tampoco quiero citar el artículo 23 de la Constitución, ese que habla del derecho de participación y representación de los españoles en los asuntos públicos. No tengo estudios suficientes para ello.
Lo que sí quiero es ponerme en lo peor. Supongamos que el TC dice que, efectivamente, no puede debatirse en el parlamento una cosa que va contra la constitución. El problema no se suscitaría con asuntos que tienen pocas dudas, como las ya citados de la pena de muerte y de la república. No, el problema se plantearía con los asuntos dudosos, cuya cuestión seria resuelta, naturalmente, por el TC. ¿Qué pasaría si el PP presentara, por las mismas, un recurso a los Presupuestos Generales del Estado del tipo del presentado hace un par de días para evitar que se debatieran? ¿Y a una investidura de un presidente okupa? Y, ¿Que haría el TC permanentemente prorrogado como el que tenemos? En frase del marqués de Leguineche en la película Patrimonio Nacional, "¡Acojona, eh!".
Claro que, para los constitucionalistas a marcha martillo, tampoco sería malo. Según el mismo principio, ¿Se podría reformar la Constitución, según recoge su artículo 166 y siguientes o se consideraría que eso, obviamente, va contra el actual texto de la misma y que tiene que durar más que la ley de la gravedad? Vaya lío.
El parlamento español puede debatir de todo, incluida la pena de muerte, la república o, incluso, y dicho sea con el mayor respeto, comerse crudos a los magistrados del TC
Bueno, no creo que los miembros del TC lean esto porque estarán muy ocupados leyendo lo que les han presentado, que para eso han retrasado su decisión. Pero, si me preguntaran a mí, constitucionalista de ocasión, pienso "de que" el parlamento español puede debatir de todo, incluida la pena de muerte, la república o, incluso, y dicho sea con el mayor respeto, comerse crudos a los magistrados del TC. También pueden hacerlo por la vía de una reforma constitucional que incorpore esas determinaciones. Y, que, una vez que lo haya debatido y, en su caso, aprobado algo, que intervenga el TC para pronunciarse sobre lo aprobado, no sobre lo debatido. Me parece, no sé si de sentido constitucional, pero sí de sentido común.
Aunque, vete a saber.
Por supuesto que la democracia tiene límites. Los marca la Constitución, aunque algunos parecen no estar claros. Pero si empezamos suprimiendo palabras del acta y seguimos censurando temas a debatir, terminaremos por cambiar el nombre al Parlamento. ¿Qué tal Callamento?
