La calidad de la democracia se mide, entre otros parámetros, por la solidez y la responsabilidad de la oposición. Hace muchos años un constitucionalista francés, Jacques Gicquel, decía que Gobierno y oposición son socios comprensivos, a la manera de una pareja, y su código de conducta es: 1) concurrencia para la conquista del poder; 2) tolerancia en el ejercicio de éste; y 3) alternancia o cambio de la mayoría política (Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 1993, pág. 196). Viene a cuento esta idea del catedrático de la Sorbona cuando observamos el comportamiento opositor del Partido Popular y de su Presidente, Pablo Casado, un comportamiento en parte errático y en parte destructivo y cuando decimos destructivo no es destructivo del Gobierno o de los partidos que lo forman, sino destructivo del sistema democrático.
Empecemos por el tema que hoy está más de actualidad. El Partido Popular no quiere apoyar la reforma laboral que el Gobierno ha acordado con todos los interlocutores sociales (patronal y sindicatos). La reforma pactada, como todos los acuerdos políticos importantes, seguramente no satisface a nadie y habrá sectores patronales que consideren que es demasiado favorable a los trabajadores y sectores sindicales que digan lo contrario. Tampoco gusta a los nacionalistas porque, con su habitual ventajismo, quieren segur cercenando competencias estatales para crear de facto sus estructuras de Estado.
Pero el hecho de que no entusiasme a nadie y (casi) todos lo apoyen es un indicio de consenso y entendimiento. En ese marco, sólo Casado y su partido se oponen frontalmente y anuncian sus habituales armas de combate: votar en contra de la convalidación del Decreto-ley cuando se plantee dentro de unos días en el Congreso de los Diputados, suscitar (por supuesto) un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, advertir que cuando gobiernen derogarán la reforma y (nueva táctica desde 2020) denunciar la medida ante las instituciones comunitarias. Igual que se trataba de alcanzar la paz en Cataluña (y por eso el indulto contra los autores de la rebelión de otoño de 2017), este acuerdo trae la paz laboral, paz que rompió el Gobierno de Rajoy en 2012.
Si la CEOE lo asume no se puede pensar que es una medida revanchista aprobada al amparo de la actual mayoría parlamentaria. Pero a Casado le da igual la paz laboral y los intereses de los empresarios representados por la CEOE. Casado sólo quiere guerra y prefiere que sindicatos, empresarios y Gobierno estén enfrentados antes que la paz laboral que hará más productiva la economía española.
Y como Casado entiende que oposición no es preparar la alternativa del mañana, sino dificultar toda acción del Gobierno, a finales del 2021 pudimos ver cómo apoyó en el Senado una banal enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estrado sobre lenguas minoritarias con el único fin de que este proyecto no se aprobara definitivamente en el Senado, sino que tuviera que volver a ser votado en el Congreso. Aparte del ridículo de apoyar una iniciativa sobre lenguas minoritarias que es directamente opuesta a la política popular en Cataluña (donde el partido de Casado aprovecha el complejo tema lingüístico para echar leña al fuego), Casado no ha logrado nada, porque el apoyo a los Presupuestos de 2022 ya estaba bastante comprometido, pero, con un gesto infantil, Casado creyó que perjudicaba al Gobierno. El problema es que Casado sólo vive para eso.
Ya entrado el nuevo año, el Partido Popular, de la mano de su Portavoz en el Congreso, la señora Gamarra, ha vuelto a intentar otra confrontación banal con el Gobierno. Con gran alharaca y no sin agresividad verbal, mediante una entrevista a una agencia de prensa, la señora Gamarra ha exigido que el Congreso se reúna durante el mes de enero porque tanto la crisis de la pandemia como la gestión de los fondos europeos requieren reuniones plenarias de la Cámara (se supone que la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular se refería a reuniones del Pleno). Como ha recordado a la señora Gamarra el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, el artículo 73 de la Constitución establece dos períodos anuales de sesiones, el primero de los cuales en el año empieza en febrero, aunque el mismo artículo señala que es posible celebrar reuniones extraordinarias si lo solicitan el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Si el Partido Popular considera que hay motivo para celebrar una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, y dado que por sí solo y con las dos otras derechas no alcanza la mayoría absoluta, lo que tiene que hacer no es formular declaraciones periodísticas de su Portavoz, sino trabajar con los demás Grupos Parlamentarios (incluido el Grupo Socialista) para acordar el orden del día de una eventual sesión extraordinaria. Pero al Partido Popular no le interesa un debate serio (hay suficiente jurisprudencia parlamentaria sobre los hechos que justifican o no justifican una sesión extraordinaria), sino sólo hacer ruido, “exigir” lo que no puede conseguir por sí solo y lanzar mensajes destructivos.
Además, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Simancas, añadió que, excepto las sesiones plenarias que la Constitución sólo permite por razones extraordinarias, el Congreso está trabajando en diversos proyectos de ley y en otras iniciativas. No es cierta la imagen falaz que lanza la señora Gamarra de un Parlamento cerrado con sus miembros de vacaciones. Pero la imagen desacredita de paso a la democracia.
Porque, si lo pensamos un poco, ¿qué habría hecho el Grupo Parlamentario Popular si hubiera podido imponer esa sesión extraordinaria? Insultar y mentir. En El País del 2 de enero pasado se ha publicado un largo reportaje de cuatro páginas titulado “La mentira se instala en el Congreso”, donde se recogen con mucho detalle la gran cantidad de mentiras que el Partido Popular y Vox han lanzado en los debates parlamentarios: seis millones de parados, se protege la okupación ilegal de viviendas, el Gobierno ha permitido la muerte de treinta mil ancianos en residencias durante la pandemia, se excarcela etarras para satisfacer a Bildu, se recortan las pensiones a las madres con hijos, los indultos a los independentistas catalanes son ilegales, los Ministros jalean el terrorismo callejero, etc. Éstos son los habituales mensajes parlamentarios del Partido Popular y de Vox (tampoco se queda atrás Inés Arrimadas que no ahorra ataques e injurias al Gobierno y a su Presidente como si el PSOE hubiera expulsado a Ciudadanos de los Gobiernos madrileño y castellano-leonés) y ese sería todo el contenido de una eventual sesión extraordinaria del Pleno del Congreso.
Como hemos señalado muy recientemente (Javier García Fernández: “El callejón sin salida de Casado”, Sistema Digital, 22 de diciembre de 2021) la oposición que practica el Partido Popular es dañina para la democracia. No para el Gobierno, no para el PSOE, no para Unidas-Podemos, sino para el sistema democrático, porque deslegitima a los órganos del Estado y a sus servidores y crea una imagen muy negativa de la democracia. Que lo intente Vox se entiende. Pero no se entiende que Casado, con aspiraciones a gobernar el Estado, por no saber resistir la dura presión de Vox y de Díaz Ayuso, se entregue a un juego peligroso que sólo beneficia a la extrema derecha. Se dice que Pablo Casado, con la ayuda del Magistrado constitucional Enrique Arnaldo, aprobó todo el grado de Derecho en muy pocos meses. Es posible (no tenemos por qué dudarlo) que hiciera bien los exámenes de cada asignatura, pero la formación y la madurez intelectual que da el paso sereno por una Facultad o Escuela Universitaria no las tiene Pablo Casado y esa falta de formación y de madurez intelectual se nota demasiado. Mientras no rectifiquen el Partido Popular, Casado y el resto de sus dirigentes, el desprestigio de la democracia está causando demasiado daño y, encima, quien se beneficiará de ese desprestigio de la democracia no será el partido de Casado, sino Vox.
Fuente: Sistema digital
